El derecho a la salud
Caduceo
Como seres humanos, nuestra salud y la de quienes están bajo nuestro cuidado es motivo de preocupación cotidiana. Independientemente de nuestra edad, género, condición socioeconómica u origen étnico, consideramos que la salud es el bien más básico y valioso que poseemos.
No gozar de buena salud puede impedir a las personas asistir a la escuela, trabajar, cumplir con sus responsabilidades familiares o participar plenamente en las actividades como ciudadanos. En pocas palabras, cuando se habla de bienestar, a menudo se está pensando en la salud.
Si bien la salud es una necesidad de todo ciudadano, también es un derecho humano. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos para garantizar una vida digna. En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, que: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 95, establece que la salud de los habitantes de la nación es un bien público y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y promoción.
Para hacer de este derecho una realidad, las autoridades del país deben trabajar para mejorar el acceso a una atención de salud oportuna, asequible y de calidad apropiada, así como en los determinantes de la salud, como condiciones de vida adecuadas y el acceso a alimentos saludables. Todos estos factores también promueven el goce de otros derechos humanos, incluidos, entre otros, el derecho a la educación, a la no discriminación, al acceso a la información y a la participación social.
Es importante destacar que el derecho a la atención de la salud no se limita a la prestación de servicios médicos. Si bien es cierto que la atención médica ha sido considerada con frecuencia como la base del derecho a la salud, este comprende además una serie de derechos afines, tales como la protección del medioambiente, la educación, la vivienda, el saneamiento, el bienestar social, el trabajo, la protección de la familia y la seguridad social.
La salud de la población es uno de los pilares fundamentales del progreso social y económico. Existe una estrecha interrelación entre buena salud, reducción de la pobreza y, a largo plazo, el desarrollo económico. En los países de bajo ingreso, la mala salud, también conocida como carga de enfermedad, es una barrera que impide romper el círculo de la pobreza y progresar en el crecimiento de sus economías.
El compromiso para garantizar el derecho humano a la salud de los ciudadanos se refleja en las acciones —políticas de salud— dirigidas a definir la cantidad de recursos a invertir en la atención sanitaria y los servicios sociales por parte de los decisores públicos de un país. Ese compromiso es también el reflejo del grado de prioridad que se concede como sociedad a la protección de la salud, financiando medidas de carácter preventivo y el tratamiento de los problemas prioritarios de salud de las poblaciones.
El diseño de políticas de salud adecuadas y su implementación influyen no solo en la salud presente y futura de la población general, sino que también condicionan el potencial de desarrollo económico un país y, por ende, el bienestar general de los ciudadanos.
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