La importancia de la institucionalidad democrática

Reflexiones

“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”. 
Dwight Eisenhower

La institucionalidad se refiere al conjunto de reglas formales (leyes, reglamentos) e informales (manuales, protocolos, instructivos), que estructuran la convivencia y la actividad política, social o económica. Es la base de un Estado de Derecho, organizada a través de instituciones públicas y sociales que garantizan la estabilidad, transparencia y el cumplimiento de esas normas, fundamentalmente para el desarrollo democrático. 

Se puede decir que la institucionalidad cuenta con ciertos componentes fundamentales como lo son las leyes, reglamentos, procesos y procedimientos de gestión, así como normas éticas de comportamiento público.

Cuando hablamos de institucionalidad pública y la institucionalidad democrática, nos referimos a la estructura del Estado y a las reglas del juego democrático, estas están intrínsecamente ligadas: la primera gestiona los asuntos públicos, mientras la segunda garantiza que esa gestión se base en el estado de derecho, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.

La institucionalidad pública comprende los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y los órganos de control (Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos), para funcionar de acuerdo con la Constitución Política y al sistema de gobierno democrático en Guatemala.

La función principal del ente abstracto que denominamos institucionalidad pública será la de limitar el actuar arbitrario y discrecional de cualquiera de los poderes del Estado, organizar el poder político para garantizar la buena gobernanza y la gobernabilidad, gestionar políticas públicas para dar una solución coherente a la problemática socioeconómica que apremia a los ciudadanos y fomentar la confianza en el sistema democrático donde el pueblo es el soberano de acuerdo con la Constitución Política (artículos 141, 152).

Para fortalecer la institucionalidad pública se requiere de reglas claras, avanzar en los trámites electrónicos, fijar plazos definidos para cada gestión y sanciones efectivas a los servidores y funcionarios públicos ante el incumplimiento de sus atribuciones debido a que ese proceder perjudica a los ciudadanos (Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 y Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Decreto 1748 y Acuerdo Gubernativo 18-98).

En el contexto de una buena gobernanza, un alto nivel de institucionalidad se asocia a la eficiencia, eficacia, transparencia y desarrollo de las buenas prácticas al servicio del ciudadano, mientras que un bajo nivel de institucionalidad se asocia con la debilidad, opacidad, ralentización de procesos y procedimientos, así como actos de corrupción, lo que amenaza el desarrollo institucional y garantiza el atraso y mal servicio a los ciudadanos, el mejor ejemplo que se puede dar es el trámite para jubilación en la ONSEC donde los servidores públicos esperan hasta 3 años para que se complete el proceso. 

En este sentido se puede inferir que la institucionalidad pública y democrática es el conjunto de reglas, normas jurídicas, instrucciones, procesos y procedimientos que estructuran el ejercicio del poder público. Garantiza la protección de derechos ciudadanos, el estado de derecho, la separación de poderes, y la realización de elecciones libres y periódicas, asegurando la alternancia en el poder, lo que motiva el equilibrio democrático que propicia el desarrollo social, económico y político.

Para el fortalecimiento institucional, es fundamental cumplir con lo establecido en la Constitución Política y en la estructura legal vigente en el país. Es imperativo cumplir con la independencia de poderes. El ejercicio del poder debe estar sujeto a la ley, no a la voluntad individual, por ello no debe obrarse de forma casuística (la casuística se diferencia de aquellos razonamientos que se basan en reglas o principios).

Como parte del desarrollo institucional, debe privilegiarse la probidad en la gestión pública, rendición de cuentas, calidad en el gasto, respeto a la libertad de pensamiento, así como, debe prevalecer la transparencia y el actuar con responsabilidad de parte de servidores como de funcionarios públicos.

Parte de la ecuación en el desarrollo institucional público es la ciudadanía activa. Participar en las organizaciones comunitarias, en el ámbito laboral, en el ámbito municipal y en partidos políticos. Esta participación ciudadana contribuye a que haya un equilibrio en el sistema de pesos y contrapesos, rendición de cuentas, límites al abuso de autoridad y una gobernabilidad exitosa.

La democracia interna en los partidos políticos fortalece la institucionalidad pública y democrática, participar en la organización local, municipal y nacional, elegir y ser electos en asambleas legales y legitimas contribuye a crear una interfaz que permita la interacción de la ciudadanía con las organizaciones políticas, coadyuvando a restaurar su credibilidad, debemos recordar que los cambios también se gestan internamente.