Arévalo presidente, o la culminación del fraude electoral
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El señor Bernardo Arévalo es el nuevo Presidente de la República. Ha culminado, pues, el fraude electoral. Es el fraude por el cual, por convenio entre poderes nacionales, extranjeros e internacionales, el señor Arévalo, un candidato presidencial más ignorado que conocido, próximo a un miserable anonimato, tenía que ser uno de los dos candidatos que obtuviera más votos para competir en una muy probable nueva elección. Y hubo tal elección, en la cual el señor Arévalo tenía que ser el ganador, ya por realmente obtener un mayor número de votos, ya por un nuevo fraude.
En los primeros minutos del pasado 15 de enero, el Congreso de la República adjudicó, al señor Arévalo, la Presidencia de la República. La adjudicó, pues, a quien había sido candidato presidencial de un partido legalizado fraudulentamente. El Congreso de la República tomó el juramento del señor Arévalo. Juramentó, pues, a un presidente electo engendrado por un fraude suficientemente demostrado por el Ministerio Público. En el acto de juramentación, el señor Arévalo posó su mano sobre la Constitución Política. Posó, pues, su mano sobre una constitución que se violaba, y juró cumplirla, como quien jura respetar la vida de aquel en cuyo cuerpo ha sido insertado un mortífero puñal.
Era imposible evitar que el señor Arévalo fuera el próximo Presidente de la República. Era imposible, porque el Ministerio Público y el juez penal que, por solicitud de ese ministerio, suspendió al fraudulento partido que propuso la candidatura presidencial del señor Arévalo, no podían haber derrotado a los poderes que habían convenido en cometer el fraude, en beneficio del señor Arévalo. Aludo a poderes nacionales como la magistratura del Tribunal Supremo Electoral y la magistratura de la Corte de Constitucionalidad; a poderes extranjeros como el gobierno de Estados Unidos de América; y a poderes internacionales como la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Eran poderes irresistibles, que estaban dispuestos, hasta con una invasión militar, a imponer, en la Presidencia de la República, al señor Arévalo. No importaba la pureza o la impureza del proceso electoral. No importaba la legalidad o la ilegalidad. No importaba la democracia o la no democracia, aunque importaba la apariencia de democracia. Importaba imponer un presidente socialista, que comenzara a instituir, en la patria, el socialismo.
Bernardianos o arevalianos, y políticos y diplomáticos, afirman que el señor Arévalo inicia una nueva era. Admitamos que la inicia; pero entonces la inicia quien fue cómplice de la fundación ilegal de un partido político, y candidato ilegal de ese partido ilegal. La inicia quien fue producto de un demostrado fraude electoral. La inicia quien es o ha sido sujeto de persecución penal y objeto de una solicitud de antejuicio. La inicia quien, con el fin de detener la persecución penal, comandó acciones terroristas y obtuvo dinero de instituciones extranjeras e internacionales para financiar esas acciones. La inicia quien, aunque no ejercía ninguna función política, inventó ser víctima de mil intentos de golpes de Estado. La inicia quien, para defender su fraudulenta elección, promovió una inaudita intromisión extranjera e internacional en asuntos estrictamente propios del Estado de Guatemala.
Inicia pues, una nueva era, un transgresor de la ley. La inicia quien ha sido impuesto por poderes nacionales, extranjeros e internacionales. La inicia un traficante de la soberanía nacional. La inicia un usurpador del poder presidencial. La inicia un ominoso hijastro de la historia. La inicia un impostor que legalmente debe ser destituido o debe ser obligado a renunciar.
Cualquier gobernante puede iniciar una nueva era; pero una nueva era no necesariamente es una buena era. Evoco a algunos iniciadores de una nueva era que, me parece, no fue una buena era. Evoco, en Francia, a Maximilien Robespierre. En la Unión Soviética, a Joseph Stalin. En Italia, a Benito Mussolini. En Alemania, a Adolf Hitler. En Cuba, a Fidel Castro. En Venezuela, a Hugo Chávez. En Nicaragua, a Daniel Ortega. En Guatemala, a Juan José Arévalo y Juan Jacobo Árbenz, que iniciaron una nueva era con frescura primaveral para la represión de la libertad; la persecución, la tortura, la prisión y el asesinato de adversarios políticos; la destitución de jueces que no se sometían al poder político legislativo y ejecutivo; la confiscación de bienes y el avance hacia la servidumbre socialista.
El señor Arévalo ha anunciado que solicitará reunirse con la Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, Consuelo Porras, para pedirle que renuncie, porque ese ministerio lo ha convertido en sujeto de persecución penal. El señor Arévalo actúa con cinismo, combinado con una vergonzosa estulticia: pretende que ella renuncie para que sea sustituida por alguien que ordene a los fiscales desistir de esa persecución penal. Podemos imaginar que, si la señora Porras renunciara, el señor Arévalo plantearía a los candidatos a sustituirla, esta pregunta: “¿Ordenaría usted a los fiscales que desistan de la persecución penal de la que soy sujeto?” Y designaría a aquel que le respondiera de esta manera: “Le juro, Señor Presidente, que usted ya no sería objeto de persecución penal. Usted es ejemplo maravilloso de legalidad. Una grandiosa mayoría de ciudadanos votó por usted. Su elección es la más popular en toda la historia de Guatemala.”
Deseo con vehemencia que la señora Porras no acepte la reunión que solicite el señor Arévalo; y que, si la acepta, reitere que no renunciará; y que continuará la persecución penal, y le advierta que el Ministerio Público solicitará el antejuicio de él. Puede solicitarlo porque el ejercicio de la Presidencia de la República no extingue los actos criminales por los cuales ese ministerio persigue penalmente al señor Arévalo. ¡Por favor, señora Porras, persista en la persecución penal del usurpador del poder presidencial!
Yo me declararía un imbécil si no creyera que el señor Arévalo, ahora presidente, fue fundador de un partido que fue legalizado de manera fraudulenta; que fue candidato presidencial de un partido ilegal; que fue presidente electo por obra de un fraude electoral; que es un usurpador de la Presidencia de la República; que debe estar en casa penal, y no en casa presidencial; y que debe ser sujeto de persecución penal.
Para mí, el señor Arévalo no es Presidente de la República. No es presidente de mi patria. Un individuo semejante jamás podría ser mi presidente. ¡Nunca! No podría ser mi presidente porque no me insulto yo mismo. Porque no me ofendo yo mismo. Porque no puedo atentar contra mi dignidad. Porque no puedo ser enemigo de mi moralidad. Empero, él, el señor Arévalo, me insulta. Me ofende. Atenta contra mi dignidad. Es enemigo de mi moralidad.
Post scriptum. Tengo noble espíritu de ciudadano, y no plebeyo instinto de vasallo. Por ello, me complaceré en despreciar los mandatos del señor Arévalo, por ser mandatos de un usurpador del poder presidencial. Podría ser acusado de ilegalidad, la cual nunca sería equivalente a la ilegalidad en la que él ha incurrido por ejercer la Presidencia de la República.
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