El gobierno del Señor Arévalo y el colapso de la seguridad pública

26 de enero de 2026 Luis Enrique Pérez Bernardo Arévalo, EL SIGLO, La ineptitud de un presidente, Seguridad colapsada

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Extraordinarios sucesos muestran que, durante el gobierno del Señor Bernardo Arévalo, usurpador de la Presidencia de la República, la seguridad pública ha sufrido un colapso.

El primer suceso fue el escape de 20 reos de la cárcel llamada Fraijanes 2. Ocurrió probablemente durante los primeros días de octubre del año 2025; pero fue conocido públicamente el 12 de octubre. Uno de esos 20 reos, que fue capturado, declaró recientemente que habían escapado vestidos con trajes de agente policial y luego transportados en vehículos suministrados por la Policía Nacional Civil. ¿Transportados hacia dónde? No se sabe. La declaración podría ser falsa; pero es verosímil. Según investigaciones preliminares del Ministerio Público, que los reos escapados podrían haber sido transportados en vehículos de la misma Dirección General de Presidios.

El director de la Dirección General de Presidios, Ludin Astolfo Godínez, fue destituido. El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, renunció. Fueron arrestados 23 guardias penitenciarios, acusados de cooperar con los reos escapados, y de incumplimiento de deberes. Los jueces dictaron orden de captura de Ludin Astolfo Godínez, Víctor Arnoldo Alveño Barco, subdirector penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, alcaide penitenciario, también acusados de cooperar con los reos escapados, y de incumplimiento de deberes.

Luego fue dictada orden de captura de Claudia del Rosario Palencia Morales, viceministra de Gobernación, acusada de cooperar con los reos escapados y de usurpación de funciones. Finalmente fue dictada orden de captura de Francisco Jiménez, acusado de incumplimiento de deberes y de cooperación en la evasión. Ludin Astolfo Godínez, Claudia del Rosario Palencia y Francisco Jiménez son prófugos, que probablemente huyeron del país y son perseguidos por la Organización Internacional de Policía Criminal, llamada Interpol.

Hasta el 21 de octubre habían sido capturados solamente cuatro de los 20 reos escapados. Intenté obtener información sobre el número de reos escapados que, hasta el día 24 de enero del año 2026, habían sido capturados. No encontré tal información, ni aun en el website del Ministerio de Gobernación.

El segundo suceso fue una rebelión de reos en tres prisiones: Renovación I, en el departamento de Escuintla; y Fraijanes 2 y Centro Preventivo para Varones, en el departamento de Guatemala. La rebelión comenzó el pasado 17 de enero, comandada por el pandillero asesino Aldo Dupie Ochoa Mejía, llamado El Lobo. Es jefe de una de las más temibles pandillas criminales. Cumple una condena de 80 años de prisión. Los reos rebeldes secuestraron a 40 o más guardias de presidios y, a cambio de liberarlos, exigían que fueran satisfechas demandas de seguridad de su vida, comodidad, recreación y alimentación. La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala intentaron combatirlos. Sus socios pandilleros no recluidos en prisión reaccionaron con inaudita violencia y asesinaron a diez agentes policiales. El 19 de enero, el Señor Arévalo decretó el llamado estado de sitio, que el Congreso de la República ratificó, con enmiendas. Aparentemente, la policía y el ejército vencieron a los reos rebeldes y liberaron a los guardias secuestrados o, por lo menos, a la mayoría de ellos.

Ambos sucesos demuestran la ineptitud del Señor Arévalo para cumplir con la función primordial que le adjudica la Constitución Política, de brindar seguridad pública. Empero, se pretende que no hay tal ineptitud, sino que hay una conspiración cuya finalidad es derribar al Señor Arévalo. Por ejemplo, la rebelión de los reos, según el Ministro de la Defensa Nacional, Señor Henry Sáenz, fue obra de conspiradores políticos que pretenden ese derribamiento. El argumento del ministro fue que la rebelión ocurrió simultáneamente en prisiones recíprocamente muy distantes, y precisamente la distancia impedía que los reos se comunicaran entre ellos para convenir en una rebelión y coordinarla. Empero, ¿ignora ese ministro que, en nuestro país, los reos disponen de moderna tecnología electrónica digital para comunicarse entre ellos mismos, aunque estén recluidos en cárceles extraordinariamente distantes? Por supuesto, también podían comunicarse por medio de agentes criminales que no estaban en prisión.

Se pretende también que no hay tal ineptitud, sino, según el mismo Señor Arévalo, Guatemala es víctima del “crimen organizado transnacional”. Este crimen, afirmó, “es un fenómeno contemporáneo… preocupante. Es un fenómeno global de violencia… que tenemos que resolver en Guatemala y en el mundo entero.” El escape de 20 reos en octubre del año 2025, ¿fue obra de ese crimen organizado internacional, o fue obra de un acuerdo entre reos y autoridades penitenciarias, satisfactoriamente gratificadas por los reos mismos? El Ministro de Gobernación, Señor Marco Antonio Villeda, sobre la reciente rebelión de reos, declaró que “no hay inteligencia suficiente”, es decir, suficiente capacidad de investigación, por ejemplo, sobre lo que sucede o puede suceder en las cárceles. ¡Se sabe qué puede ocurrir, hasta que ocurre! ¿Esa inteligencia insuficiente es obra del crimen organizado internacional, o es obra de la negligencia del Ministerio de Gobernación, multiplicada por la negligencia de las autoridades penitenciarias? El ministro también declaró que las cárceles de Guatemala no cumplen con normas internacionales de seguridad y hay en ellas un hacinamiento que equivale a 340%, es decir, hay un número promedio de no menos de tres reos en un espacio en el que debía haber un reo. ¿Esa inseguridad carcelaria y ese hacinamiento es obra del crimen organizado internacional, o es obra del Presidente de la República, el Ministro de Gobernación y las autoridades penitenciarias? La construcción de una cárcel en Masagua ha sufrido una demora de un año o más. ¿Esa demora es obra del crimen organizado internacional, o también es obra del presidente, y de ese ministro y de esas autoridades? Afirmó el Señor Arévalo: “El Lobo, que quería generar la crisis política tomando las cárceles y arrastrando seguramente una crisis de rehenes, tuvo en 24 horas una respuesta… y está arrodillado ante las fuerzas de la policía.” ¿El crimen organizado internacional ordenó a El Lobo que se hincara, o la policía demostró que puede actuar eficazmente? En El Salvador, la criminalidad casi se ha extinguido, o por lo menos el número promedio anual de asesinatos por cada cien mil habitantes, es uno de los menores de América Latina. ¿El crimen organizado internacional otorgó al gobierno de El Salvador el privilegio de ser una excepción, o el gobierno de El Salvador ha sido responsable, diligente y eficiente en combatir la criminalidad?

El Señor Arévalo puede argumentar (o ya ha argumentado) que, en Guatemala, durante decenios, siglos o milenios los gobernantes no se han ocupado de construir un número suficiente de cárceles, que cumplan normas internacionales de seguridad. Empero, fue candidato presidencial y debía saber cuál era el estado del régimen carcelario. Si no lo sabía, fue irresponsable. Si lo sabía, debió comenzar, desde el primer día de usurpación de la Presidencia de la República, una reforma o una revolución de ese régimen; pero no la comenzó, ni la ha comenzado. Es irresponsable.

No hay conspiradores que pretenden derribar al Señor Presidente. Tampoco hay un crimen organizado internacional que impida que él, el Señor Arévalo, brinde seguridad pública. ¿Acaso lo ha impedido en El Salvador? Hay plena ineptitud de él para brindar esa seguridad, parte de la cual es la seguridad de las cárceles. Empero, la inseguridad carcelaria es tal, que los reos gobiernan las cárceles, con la cooperación de las autoridades penitenciarias, entre ellas, los guardias de presidios.

El producto de esa plena ineptitud es el colapso de la seguridad pública. Las cárceles son oficinas en las cuales los reos dirigen operaciones criminales ejecutadas por sus socios que no están en prisión. La inseguridad ha invadido las calles, los callejones y las avenidas. El robo, la extorsión, el secuestro y el asesinato son sucesos cotidianos. Los ciudadanos, abrumados por la inseguridad, están dispuestos a brindarse la seguridad que el Señor Arévalo no puede brindarles. Precisamente en un municipio de uno de los departamentos occidentales del país los ciudadanos se han armado para proteger su vida y sus bienes, aunque, por obra maravillosa del Señor Arévalo, ahora viven en casas que tienen piso de cemento. Se puede argumentar que, en regímenes presidenciales anteriores, la inseguridad pública ha sido tanta como la que hay actualmente. Admitamos que es así. Empero, el Señor Arévalo ha sido tan exitoso en continuar esa tradición, que la seguridad pública ha colapsado. Un ejemplo es que, según cifras de InSight Crime, del año 2024, em Guatemala se cometieron 16 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En El Salvador, se cometieron 1.9 asesinatos. ¿Ansía el crimen organizado internacional que en Guatemala se cometa un número de asesinatos ocho veces mayor que el número de asesinatos que se cometen en El Salvador?

El régimen legal prohíbe que los ciudadanos destituyan al Presidente de la República. Deben, entonces, tolerarlo. Por supuesto, esa tolerancia tiene un costo. Es el costo de procurar uno mismo la seguridad de su libertad, su vida y sus bienes, que el régimen presidencial de gobierno no procura. También es el costo de los bienes que arrebata el ladrón. Es el costo de la extorsión que debe ser pagada al pandillero. Es el costo del dinero que pide el secuestrador. Es el costo incuantificable, o el costo infinito, del asesinato de la esposa, del hijo, del nieto, del padre o de la madre, y del amigo. Ese costo se agrega al costo de los tributos pagados para que el régimen presidencial cumpla su función primordial que precisamente no cumple: brindar seguridad pública.

Post scriptum extensus. Con el fin de combatir la rebelión de reos comandada por un pandillero criminal, el Señor Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el territorio nacional, contemplado en la Ley de Orden Público. ¿Temía el Señor Arévalo que ese pandillero cambiara “por medios violentos las instituciones públicas? ¿Temía que ese pandillero fuera un peligro para “el orden constitucional o la seguridad del Estado? ¿Temía que ese pandillero provocara una “guerra civil”? ¿Temía que los pandilleros, que asesinaron a diez agentes policiales, asesinaran a todos? ¿Temía que, en un régimen legal ordinario, la Policía Nacional y el Ejército de Guatemala, es decir, el poder armado civil y militar de la nación, no pudieran combatir la rebelión y fueran derrotados por los reos rebeldes y sus socios pandilleros no recluidos en prisión? Si hubo tal temor, fue el absurdo o ridículo temor de quien no es apto para comandar la fuerza pública civil y militar con el fin de brindar seguridad pública en un estado normal de legalidad.