Divi Filius

La primera decisión estratégica del presidente López Obrador enfiló sus baterías hacia uno de los problemas más graves del México contemporáneo:  El robo de la gasolina y la destrucción de la infraestructura de PEMEX.  Este problema, ignorando por las administraciones políticas anteriores  le representa al Estado mexicano una pérdida por 60.000 millones de pesos al año (alrededor de unos US$3.000 millones).  El crimen organizado destruye los ductos de distribución para construir tomas clandestinas las cuales luego surten en camiones oficiales de paraestatal de petróleos mexicanos PEMEX.  Posteriormente el producto ´ordeñado´ se vende a las mismas gasolineras.    Los datos del impacto operativo de este delito son aterradores. El sector de transporte de carga afirma que una tercera parte de sus unidades adquieren combustible robado (casi 180,000 vehículos).   Si hacemos el apunte con respecto a que cada unidad de carga consume 400 litros,  pues la matemática del robo es horrenda.

Nada de esto sería posible sin la complicidad oficial que parece, según las últimas investigaciones, salpicar directamente a la administración de PEMEX, así como a los expresidentes Fox, Calderón y Peña.  En razón del volumen del delito y de las complicidades oficiales el actual presidente López-Obrador le entró al toro por los cuernos aunque la decisión frontal de combatir este flagelo significara efectos contraproducentes en la vida cotidiana de los consumidores. 

¿Cómo entender el desabasto en las gasolineras?  Muy fácil.  Más de la mitad del combustible distribuido a las gasolineras ahora no llega dado que era provisto por ´huachicoleros´ (expresión que refiere a los ladrones de gasolina). No es un problema de carencia de petróleo en sí pero si un problema de distribución complicado en razón de una participación muy activa del crimen organizado en la venta del combustible.   Las reacciones de molestia no se han hecho esperara, así como tampoco los ataques políticos que buscan compara el desabasto de combustible con la crisis económica de Venezuela.  

Nadie duda que existe una relación más que directa entre el efecto de cualquier política pública y la actividad económica.  Por eso es necesario, al momento de diseñar cualquier plan de acción gubernamental que se lleve a cabo un proceso de consensos y consulta con los diferentes sectores económicos (no solamente el gran capital).  Pero otra cosa muy distinta y más complicada es combatir la corrupción y no afectar una estructura económica que fundamentalmente opera gracias a ella.   México es un perfecto ejemplo de lo anterior y no solamente con el saqueo en Pémex.   Es la misma situación con el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.  Buena parte del proceso de concesión y del proceso de licitación fue anómalo.  Por mucho que haya contratos que deban ser respetados no se le puede dar prioridad a los intereses del sector empresarial por encima de los intereses del Estado.  Existe un paralelismo entre esta situación que acontece en México y las críticas que se vierten contra la Comisión Internacional contra la Corrupción asentada en Guatemala (CICIG).  ´El combate contra la corrupción genera falta de certeza económica y se afecta la inversión. ´

Claro, si en buena forma los agentes económicos y políticos no están acostumbrados a jugar bajo la cultura de la legalidad en efecto, tendrán mucho miedo de tomar decisiones porque el vicio de la corrupción parece ser la única regla.

 ¿Qué quiere decir esto?  Algo muy sencillo.  Doblar las normas, falsificar información, esconder datos, desviar fondos, legalizar capitales ilícitos (y tantos otros vicios)  son los únicos patrones de acción.

He allí lo perverso de toda esta situación.  Pero es importantísima entenderlo.