Justicia para los Molina Theissen
Cuando el jueves 2 de marzo el titular del Juzgado de Mayor Riesgo C decidió enviar a juicio a los cinco militares de alta graduación, acusados de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina, menor de 14 años, y de detención ilegal -secuestro- torturas y violación sexual contra su hermana Emma Guadalupe, se entreabrió una pequeña puerta para que la justicia brille en el país.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas gubernamentales y por lo inhumano de su carácter no prescribe y mucho menos puede ser amnistiado. La legislación interna y los convenios internacionales que el Estado de Guatemala ha suscrito, indispensables para ser considerado un estado relativamente moderno, así lo disponen. La violación es también un crimen del mismo tipo cuando cometido por funcionarios del Estado, por lo que los hechos materiales e intelectuales no pueden acogerse a ningún instrumento legal para invalidar el juicio. 
El juez así lo entendió, teniendo a la vez suficientes indicios para suponer que los acusados tienen amplia responsabilidad en tales crímenes. Los cinco militares eran responsables directamente de lo que sucedía en la base militar de Quetzaltenango cuando, en septiembre de 1981, se cometieron los crímenes. Su nivel de autoridad les permitió no solo saber que los crímenes estaban sucediendo sino que, dado su rango y posición en la estructura militar en ese momento, intervenir de manera directa en su comisión.
Las evidencias y pericias así lo demuestran, y fue con base en ellas que el juez decidió que los acusados vayan a juicio oral dentro de tres meses. Aún no han sido declarados culpables, pero la defensa tendrá que demostrar fehacientemente que son inocentes, pues todas las pruebas los incriminan. Para la familia Molina Theissen este es un paso trascendental en la búsqueda de justicia, y junto a ellos es un respiro para todas aquellas familias que se vieron separadas definitivamente de sus seres queridos por los aparatos represivos del Estado guatemalteco.
Los cinco militares eran responsables directamente de lo que sucedía en la base militar.
La decisión del juez permite afirmar, sin temor e equívocos, que en Guatemala miembros del Ejército cometieron crímenes contra la humanidad abusando de sus cargos. Toca ahora demostrar que los detenidos son responsables. A diferencia de las víctimas de aquellos años, los militares acusados han gozado de todos los beneficios que la ley establece. Nombrados para proteger a la ciudadanía, cuando funcionarios de alto rango usaron sus cargos para realizar actos que perfectamente sabían que eran criminales.
Ni Emma Guadalupe ni Marco Antonio participaron en algún combate contra las fuerzas militares, y aún si ese hubiese sido el caso el Estado debería haberlos detenido y consignado a los tribunales. Ella fue secuestrada en un retén militar y el niño en su propia casa. No hubo nunca orden de captura, mucho menos un proceso legal. A pesar de todos los esfuerzos y pedidos Marco Antonio nunca fue presentado, y su hermana milagrosamente pudo escapar de sus captores, sufriendo por toda la vida las secuelas de tan asqueroso y horrendo crimen.
El proceso judicial es el camino para el mínimo resarcimiento a los familiares de las víctimas, ellos también víctimas de un acto ilegal e inmoral que les dejó irreparables pérdidas. Pero es también el camino para construir una sociedad justa. Establecer la verdad jurídica de lo que sucedió resulta indispensable para que en el país crímenes de esa magnitud nunca más vuelvan a practicarse. Quien está revestido de autoridad no puede, bajo ninguna circunstancia, usar ese cargo para cometer crímenes contra la humanidad.
A pesar de todo ello aún hay voces que quieren hacer creer que juicios como este son simple continuación de un conflicto que, según ellos, no ha concluido. Portadores inminentes del Síndrome de Onoda, en referencia a aquel combatiente japonés que durante tres décadas se negó a aceptar el fin de la Segunda Guerra Mundial, no son capaces de entender que el conflicto armado ya ha sido superado, y que lo ahora sucede es el proceso de pasar en limpio esa historia, en la que los criminales deben ser juzgados como tales y las víctimas, sean del sector que sean, tienen derecho al juicio de los perpetradores.
