La agitación política y la destrucción institucional
Del Escritorio del General
La historia política de Guatemala en las últimas cuatro décadas es el testimonio de una dolorosa degradación: grupos de impostores se han apoderado de los espacios de poder, atentando contra las instituciones que sustentan nuestra frágil democracia. No podemos llamar “políticos” a quienes solo buscan el beneficio propio y la destrucción institucional, porque la política verdadera es el arte de gobernar para el bien común, de construir soluciones y fortalecer al Estado para servir al pueblo.
Hoy, Guatemala está amenazada desde lo más profundo de su estructura gubernamental. Los partidos políticos y sus operadores han convertido el ejercicio político en una grotesca caricatura, en la que se asalta el poder para enriquecerse de forma vulgar y obscena, excluyendo de manera sistemática a ciudadanos honestos que podrían servir con integridad. En lugar de abrir espacios al talento, estos grupos han hecho de la política una cloaca de corrupción y despilfarro.
Frente a este panorama, los ciudadanos nos enfrentamos a una disyuntiva: mantenernos confiados en los procesos electorales o asumir que estos han sido pervertidos al extremo de convertirse en una burla para la voluntad popular. El último proceso electoral dejó dudas más que razonables sobre su limpieza y transparencia: un Tribunal Supremo Electoral desprestigiado, cuyos magistrados están sometidos a procesos penales por su desastrosa actuación, evidencia la gravedad de la crisis. El sistema está trastocado de pies a cabeza y lo que observamos con claridad es la consolidación de un poder narco-político y corrupto, sostenido por redes de tráfico de influencias y familias que se han apoderado de posiciones clave para controlar el aparato financiero del Estado.
El problema, además, es sistémico: Ejecutivo, Legislativo y Judicial aparecen cada vez más comprometidos con intereses espurios, en lugar de responder a los anhelos de justicia, desarrollo y bienestar de la población guatemalteca.
Frente a esta catástrofe política y moral, es urgente que los ciudadanos honestos alcemos la voz y exijamos un cambio de rumbo. Debemos rechazar la idea de que la política es por naturaleza corrupta y defender la posibilidad de una política limpia, con líderes que brinden alternativas reales para el progreso y bienestar de la ciudadanía.
La incapacidad de gestión de las actuales autoridades se refleja también en las grotescas manifestaciones sindicales que paralizan el país, atentando contra la dignidad de nuestra gente, contra la educación de la niñez, contra la libertad de locomoción y contra los derechos fundamentales. Estas acciones —que no son más que pactos de poder encubiertos— buscan atemorizar y doblegar la voluntad de los ciudadanos mediante bloqueos, amenazas y violencia.
La lógica de estos movimientos es clara: no se trata de demandas legítimas, sino de extorsión pura y simple. “Pisto y más pisto”, como bien lo dice el pueblo, es lo único que buscan estos grupos que pretenden imponer su voluntad de manera vulgar y corriente, atentando contra los intereses de todos los guatemaltecos.
Peor aún, otros sindicatos se suman a esta espiral de presión y chantaje, en lo que parece ser una estrategia conjunta de quienes llegaron al poder de forma ilegítima y ahora pretenden gobernar desde la ineptitud y el desorden.
Ante todo ello, la ciudadanía no puede limitarse a la queja doméstica o a la protesta en redes sociales. Es tiempo de pasar a acciones concretas dentro del marco legal y constitucional, para defender las libertades fundamentales, la propiedad privada, el derecho al trabajo y la dignidad del pueblo. La historia nos recuerda que no es la primera vez que estos intentos se presentan, ni será la primera vez que serán derrotados por la voluntad ciudadana y el respaldo de una institución armada digna y respetada.
El ataque reciente contra el Ejército de Guatemala es un paso más en este proceso de degradación. Pretender mantener nombramientos ilegales, atentando contra la ley y generando inestabilidad dentro de las fuerzas armadas, no solo es una afrenta a una de las instituciones más respetadas del país, sino que busca socavar uno de los pilares fundamentales de la seguridad y el orden.
Es momento de reflexionar seriamente: la democracia se sustenta en el respeto a la ley y en la fortaleza de sus instituciones. Cuando estas son atacadas y debilitadas deliberadamente, debemos reaccionar con firmeza. No podemos permitir que se continúe violentando la ley ni que se destruyan las libertades fundamentales, las empresas, las fuentes de trabajo y el desarrollo del país.
Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables, a los diputados dignos y a los jueces honestos para que actúen y detengan esta destrucción política, social y democrática que amenaza con arrasar lo que queda del Estado de Derecho en Guatemala.
La respuesta debe ser firme, decidida y legal. ¡Adelante, con espíritu de vencedores!
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