La elección del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

La Otra Cara

Por ley y conceptualización el Ministerio Público (MP) de Guatemala es una institución autónoma, basada en el Artículo 251 de la Constitución, y es la encargada de investigar delitos y ejercer la acción penal pública. Funciona como auxiliar de los tribunales de justicia, velando por el cumplimiento de la ley bajo la dirección del Fiscal General. 

Para poder entender la complejidad e importancia de su misión constitucional debemos mencionar en forma sucinta sus obligaciones ante los guatemaltecos: 

• Su misión es Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal para contribuir a la justicia. Se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala y su Ley Orgánica.
• Su Estructura: Es única, indivisible y se organiza jerárquicamente.
• Autonomía: Actúa con funciones autónomas, separadas de la Procuraduría General de la Nación.
• Integración: Es parte del sector de Seguridad y Justicia, colaborando con el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil (PNC) y el INACIF. 

El Código Procesal Penal establece que debe adecuar sus actos a un criterio objetivo, formulando los requerimientos y solicitudes que tiendan a la correcta aplicación de la ley penal. A pesar que esas funciones relativas al proceso penal constituyen la fuente de su actividad, las atribuciones que tiene asignadas son más amplias, dado que su fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y es concebida como una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia, de esa cuenta tiene participación obligada en el trámite de amparos e inconstitucionalidades.

El sistema nacional de Seguridad y Justicia que es el construido para garantizar el bienestar y tranquilidad de los guatemaltecos para que puedan desarrollar sus labores y actividad cotidiana bajo pararámetros de gobernabilidad, está constituido por la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Organismo Judicial (OJ) y el Sistema Penitenciario (SP). Por lo tanto el MP es determinante para hacer eficiente todo el sistema, siendo que es donde se procesan todas las entradas de las denuncias ciudadanas, sea de manera directa o a través de la PNC.

Según un estudio reciente del flujograma del sistema de Seguridad y Justicia la mejoría en la eficiencia del sistema, fue principalmente debido a los avances en el MP, que incrementó evidentemente su eficiencia y del Organismo Judicial, que  pasó del 20% al 21% su trabajo. La gestión del MP se llevó a cabo considerando el Plan Estratégico Institucional destinado a dar una respuesta eficaz y oportuna a la población guatemalteca y garantizar la protección al derecho humano de la propiedad, entre otros. 

Debemos recordar que  la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta inauguró durante su gestión la Fiscalía Especializada contra los delitos de usurpación, para la investigación y persecución penal de los delitos de usurpación, usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación de la posesión, todo orientado a garantizar la gobernabilidad de la república. 

La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, manifestó que al asumir la jefatura de la Institución se propuso como una de las metas principales legar a la ciudadanía guatemalteca un Ministerio Público fortalecido. “Es por ello que consideramos como un logro histórico haber alcanzado la cobertura del 100 por ciento del territorio nacional”. Hecho inédito en la historia Patria.

La investigaciones que en camino el MP tras los fraudes electorales del 2019 y del 2023 provocaron tras la imposición en la Presidencia de Bernardo Arévalo y su banda una ofensiva de todo tipo direccionada desde el Organismo Ejecutivo en contra de la Doctora Porras Argueta, a quien la izquierda internacional sentenció al ostracismo sin ser evaluada correctamente su gestión y trabajo, aislamiento que se hizo extensivo a todo su equipo de trabajo cercano.  

En la actualidad tras haber sido nuevamente postulada para extender su mandato al frente del MP como medida para recuperar la gobernabilidad, dignidad y derecho de los guatemaltecos a elegir libremente nuevas autoridades en el año 2027 exigencia clara y contundente de los ciudadanos de bien, y tras avanzar -pese a la oposición y ataques de la prensa vendida a Bernardo Arévalo y su banda- la Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General planifica conformar la nómina de seis candidatos el viernes 17 de abril.

El Ministerio Público ha recabado vasta información sobre el fraude electoral mediante el cual se impuso a Bernardo Arévalo -compañero de correrías ideológicas con Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Lula Da Silva, Daniel Ortega, y todos los enemigos de los Estados Unidos e Israel-. Pero está claro que tanto los integrantes del anterior TSE liderado por la corrupta Blanca Alfaro, como los que dirigen el recién instaurado, son parte de una abierta conspiración para extender en el tiempo a los aliados e integrantes del régimen más tenebroso, opaco, corrupto, e incompetente que ha expoliado desde el 2024 los recursos y credibilidad de los guatemaltecos; que rechazamos un sistema impuesto que se hunde en el fango, la opulencia y la mediocridad. 

El hartazgo y ausencia de credibilidad de los guatemaltecos en el gobernante impuesto y sus acólitos del TSE es total. Terriblemente desde el año 2019 y posiblemente antes, los chapines votamos pero ya no elegimos.   

La política generalmente desafía la inteligencia, la honestidad, la certeza y confianza entre los ciudadanos. En la vida hay muchas cosas que cuesta entenderlas en toda su dimensión, en toda su crudeza y esencia diabólica. La política, cuando no está en manos de líderes honestos y auténticos encabeza esa lista. No porque sea compleja sino porque permanentemente desafía el sentido común. 

Al aceptar que como decía Gorbachov “la política es el arte de lo posible”, se llega al extremo de que se ha convertido en el arte de justificar lo injustificable. Hay situaciones que sobrepasan lo difícil de entender, cualquiera se pregunta: ¿en qué momento la política dejó de exigir coherencia? Lo preocupante de esto no es sólo que ocurran estas situaciones, absurdas e increíbles, sino que terminemos acostumbrándonos a ellas. Porque, como reza el dicho, “lo que se repite, se normaliza”. Y cuando lo descabellado pasa a ser cotidiano, el problema deja de ser de unos pocos y pasa a ser de todos. La política no debería alejarnos del sentido común, debería acercarnos a él. Cuando lo absurdo deja de sorprendernos, es señal de que algo tenebroso más profundo se ha incubado en nuestra sociedad.

Y cabe preguntarse ¿por qué aún no se ha disuelto las ONGs que cuentan con un millonario presupuesto, y con presencia en todo el país, y se han transformado en la “madriguera” de la izquierda más radical. Además de estar totalmente «ideologizadas», han pasado a ser un «organismo político partidista» destinado a “hostigar y perseguir a los Veteranos Militares y a los más destacados miembros de las FFAA que se han negado a ser piezas del engranaje de corrupción impuesto por Bernardo Arévalo y Henry Sáenz y otros de su calaña.  El Crimen Organizado se ha enseñoreado en nuestro País. Es consecuente pensar o concluir entonces que con decisiones impresentables y absurdas, corremos el riesgo de instalarnos en ese siniestro lugar donde el sentido común desaparece, dando pie a la infamia y a la anarquía bañada y alimentada por la corrupción. 

La reelección de la Doctora Consuelo Porras y su equipo es la única oportunidad que tenemos los guatemaltecos de evitar ser víctimas de un nuevo fraude electoral y contrarrestar la creciente conflictividad y presencia del Crimen Organizado en la Nación. Ojalá el equipo del Presidente Donald Trump y su nuevo embajador terminen de entenderlo.