La guerra que nunca terminó (Tercera Parte)

Zoon Politikón

Las consecuencias de no responder

Hay un mensaje que el sistema de justicia transicional latinoamericano transmite con más claridad que cualquier sentencia: la violencia del Estado fue crimen y la violencia guerrillera fue historia. Las dos entregas anteriores documentaron cómo ese mensaje se construye: a través de enjuiciamientos asimétricos, programas de resarcimiento selectivos, ONG financiadas para sostener el conflicto narrativo y tribunales internacionales que aplican estándares distintos según el bando. Lo que no se ha examinado todavía es la pregunta que ese diagnóstico obliga a formular: ¿Qué ocurre cuando ese mensaje no encuentra respuesta? ¿Qué produce, en las instituciones, en el Estado y en la sociedad, la decisión de absorber la asimetría sin nombrarla ni resistirla?

Conviene entender algo que el análisis político suele omitir por incomodidad: la humillación institucional no es un efecto colateral del proceso de justicia transicional. Es uno de sus instrumentos. Las ceremonias de reconocimiento de responsabilidad estatal, los pedidos públicos de perdón de ministros de defensa ante organizaciones de víctimas, la transmisión televisada del juicio a Ríos Montt con toda la carga simbólica de una derrota ritualizada: ninguno de esos actos está diseñado para reparar a una víctima concreta. Están diseñados para fijar en el imaginario colectivo una jerarquía moral donde las instituciones del Estado ocupan permanentemente el lugar del victimario. Gramsci lo habría reconocido como lo que es: la producción deliberada de sentido común mediante la repetición de símbolos que naturalizan una narrativa. Cuando esa producción opera sin contestación, el sentido común resultante se vuelve el único disponible.

El silencio de las instituciones militares ante este proceso no es neutral. Produce efectos concretos y medibles. En primer lugar, consolida la narrativa por omisión: quien no refuta acepta, al menos en el terreno de la percepción pública. En segundo lugar, genera una crisis de identidad institucional que se traduce en deterioro del reclutamiento, reluctancia de cuadros capaces a asumir responsabilidades de mando, y una cultura organizacional orientada a la autopreservación antes que a la misión. En tercer lugar, y esto es lo más grave desde una perspectiva de seguridad nacional, produce una institución inhibida por el miedo a ser juzgada —ipso facto o décadas después— bajo estándares que no existían cuando actuó. Esa inhibición no es un efecto colateral: es un objetivo deliberado de la estrategia. Una institución castrense que no actúa por temor al tribunal es exactamente lo que la guerra cultural necesita para avanzar sin resistencia. Una fuerza armada paralizada por la jurisprudencia retroactiva no es una garantía de seguridad: es un riesgo de seguridad.

¿Se da cuenta? El problema no es únicamente que la izquierda latinoamericana haya ejecutado con eficiencia una estrategia de largo plazo. El problema es que sus adversarios institucionales nunca elaboraron una respuesta equivalente. Mientras organizaciones de derechos humanos construían jurisprudencia en la Corte Interamericana, litigaban en tribunales nacionales y producían narrativa histórica con financiamiento internacional sostenido, los Estados y las instituciones militares respondían caso por caso, reactivamente, sin marco conceptual propio, sin articulación regional y sin una estrategia que reconociera la naturaleza política del proceso al que se enfrentaban. Se combatió una guerra cultural con herramientas jurídicas individuales. El resultado es el que los datos documentan.

Aquí hay una trampa conceptual que ha costado décadas reconocer. Cada vez que un Estado latinoamericano acepta sin condiciones los términos del proceso de justicia transicional tal como lo definen sus promotores —incluyendo la definición unilateral de víctima, la asimetría en la aplicación de la imprescriptibilidad, la exclusión de las víctimas del otro bando—, no está demostrando madurez democrática. Está concediendo legitimidad a un diseño institucional que no es neutral. La concesión no cierra el proceso: lo perpetúa, porque el sistema está estructurado para generar nuevas demandas en proporción directa a las concesiones obtenidas. Guatemala lo ha comprobado: cada amnistía rechazada, cada programa de resarcimiento ampliado, cada condena celebrada internacionalmente ha producido no reconciliación sino una nueva ronda de exigencias. El horizonte de cierre no existe en ese diseño porque el cierre destruiría el modelo.

Una respuesta legítima al proceso descrito no equivale a negar las violaciones reales de derechos humanos ni a obstruir la justicia genuina. Equivale a exigir que esa justicia sea lo que dice ser: universal, bilateral y metodológicamente sólida. En términos concretos, eso significa tres cosas. Primera: que los mismos estándares de imprescriptibilidad y obligación de investigar se apliquen a crímenes insurgentes documentados, sin distinción basada en la afiliación política del perpetrador. Segunda: que los programas de resarcimiento incluyan a todas las víctimas del conflicto, independientemente de quién las victimizó. Tercera: que las cifras y calificaciones jurídicas que fundamentan condenas y programas soporten el mismo escrutinio metodológico que se exige a cualquier otro argumento en un Estado de derecho. Ninguna de estas tres exigencias es radical. Todas son, simplemente, consistentes.

Desde una perspectiva geopolítica, el costo de no responder trasciende a cada país individualmente. La estrategia gramsciana que opera en la justicia transicional latinoamericana es regional en su coordinación y en su financiamiento, pero explota la fragmentación de sus adversarios. Cada Estado enfrenta el proceso en solitario, sin articulación con los demás países que atraviesan dinámicas idénticas, sin una posición común ante el sistema interamericano, y sin una narrativa histórica alternativa que compita en el mismo terreno donde se libra la batalla. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Venezuela y Guatemala comparten el mismo patrón de asimetría judicial y el mismo silencio institucional ante él. Esa coincidencia no es casualidad: es la consecuencia de que un actor regional coordinado enfrenta a varios actores nacionales descoordinados. La aritmética de ese enfrentamiento no favorece a los Estados.

El horizonte que se dibuja si la tendencia continúa sin corrección no es abstracto. Es la consolidación de una generación de cuadros políticos, académicos, judiciales y mediáticos formados en la narrativa de que el Estado es inherentemente represor y la insurgencia es inherentemente legítima. Esa generación ya ocupa posiciones de poder en varios países de la región, y su visión del mundo no es el resultado de un análisis independiente: es el producto de décadas de producción narrativa sostenida con recursos públicos e internacionales. Cuando esa visión se convierte en el sentido común dominante de una sociedad, el problema deja de ser judicial y se vuelve constitutivo: afecta la manera en que esa sociedad se piensa a sí misma, define sus instituciones y concibe su futuro.

La historia registrará que América Latina tuvo la oportunidad de construir una justicia transicional genuinamente bilateral, y eligió una asimétrica. Registrará también quién diseñó esa asimetría, quién la financió y quién la administró. Lo que todavía no está escrito es si los Estados y las instituciones que llevan tres décadas absorbiendo ese proceso en silencio decidirán nombrarlo, articular una respuesta y exigir la consistencia que toda justicia digna de ese nombre requiere. Debemos reconocer que esa decisión no puede postergarse indefinidamente. La guerra cultural no se gana con silencio. Y el tiempo que transcurre sin respuesta no es neutral: es terreno cedido.

«La paz, es la batalla más difícil de una guerra. ¡ganemos esa batalla”.
Ronald Barillas

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