El asesinato del Coronel Arana, el gobierno de Árbenz y sus secuelas (Sexta Parte)
La Otra Cara
Conclusiones
El Decreto 900 expresaba que todas las tierras que expropiadas quedarían incorporadas al patrimonio de la Nación; dando el usufructo de tales tierras o su arrendamiento durante el término que en cada caso se establezca. Esta disposición entraba en contradicción con los enunciados que supuestamente propugnaban por un sistema de propiedad de la tierra capitalista, por lo que debemos preguntarnos ¿Cómo podría desarrollarse una agricultura capitalista si no se reconocía a los beneficiarios el fundamento jurídico sobre el que se asienta el sistema capitalista. Él derecho a la propiedad Privada?
Queda claro que los autores de la Reforma Agraria prefirieron esta solución para introducir un elemento marxista que presentaban como de tipo capitalista, demostrando una vez más la perversión de la que siempre han hecho gala al manipular las leyes. Carlos Manuel Pellecer durante una de las entrevistas realizadas me afirmó: “En aquel entonces como hasta el presente los marxistas son especialistas en la dialéctica y en la manipulación de las leyes pues en un Estado de Derecho las leyes se respetan, en un Estado Revolucionario las leyes se cambian cuando obstaculizan el objetivo deseado”. ¿Cualquier similitud con nuestra situación nacional actual será entonces simple casualidad?
Los marxistas chapines querían quebrar el sistema de tenencia de la tierra que ellos llamaban semifeudal, pero no deseaban instaurar en su reemplazo un sistema capitalista que generaría un amplio sector de propietarios que luego sería un obstáculo insalvable para profundizar el carácter socialista de su revolución. Como antecedente en la Unión Soviética los bolcheviques habían entregado la tierra a los campesinos en propiedad pero luego habían tenido que efectuar una sangrienta colectivización ante el surgimiento de un sector de campesinos ricos como fruto de su esfuerzo individual.
Durante 1952 el ambiente continuo sumamente polarizado y al cumplir el primer aniversario de su ascenso al poder Árbenz enfrentaba una recia oposición político-social que se manifestaba principalmente en las áreas urbanas. Quienes lideraban la oposición conformaron el Comité Cívico Nacional –CCN- encabezado por conocidas personalidades como Jorge Adán Serrano, Guillermo Putzeys, y Carlos Simons, y conjuntamente con el Partido de Unificación Anticomunista –PUA-, realizaron el 23 de marzo una multitudinaria manifestación de repudio al Gobierno convocada por Serrano, Putzeys, Simons, José Luis Arenas Barrera (asesinado en represalia por terroristas del EGP el 7 de junio de 1975 en su finca La Perla, El Quiché) Héctor y Domingo Goicochea del Comité Estudiantil Anticomunista, -CEA-, Mario Sandoval Alarcón, Eduardo Taracena de la Cerda, Roberto Herrera Ibargüen (secuestrado y torturado por el EGP años más tarde), Ramiro Alfaro, Leonel Sisniega Otero, Carlos Torón Barrios, y otros más.
Ante el impacto social y político de la marcha Árbenz declaro públicamente que habían asistido unas 20,000 personas, la oposición demostró que habían sido 80,000 manifestantes. Independientemente de lo que dijeran ambas facciones, lo que se hizo visible fue que la oposición contaba con poder de convocatoria y que el Gobierno de Árbenz se desgastaba aceleradamente. El motivo principal de la masiva marcha fue la aplicación estricta del artículo 32 de la Constitución Política de la República, que prohibía la actividad en el país del comunismo internacional. La lucha ideológica y el enfrentamiento derivado de ella se acrecentaban y la polarización aún no había llegado a su cenit.
Al iniciarse 1953 Guatemala se acercaba a un punto de confrontación que sería irreversible. Luego de las elecciones para diputados ése año los comunistas presentaron un frente político unificado, e increíblemente obtuvieron 29 diputados respaldados por 130,000 votos (campesinos en su mayoría según Pellecer), y a la oposición a pesar de haber obtenido 105,000 votos solo le fueron adjudicadas 5 diputaciones. El fraude e ilegalidad en las elecciones (como en las ultimas del año 2023) fue manifiesta.
Como una clara demostración de la diferencia entre el voto urbano y el rural campesino (manipulado según Pellecer por ofrecimientos de tierras), en la capital siempre conservadora fue derrotado por muy amplio margen el candidato y Secretario General del Partido Comunista José Manuel Fortuny Zea y en contraposición en Escuintla departamento en donde se hallaba en marcha la Reforma Agraria fue electo el más exaltado y agresivo de los cuadros comunistas agrarios Carlos Manuel Pellecer, pues según él habían logrado un alto nivel de organización y agitación en dicho departamento y toda la Costa Sur. Enero fue utilizado por los comunistas para agitar a los campesinos con el ofrecimiento de tierra para que los apoyaran en las elecciones.
El designado para implementar el Decreto 900 fue el Mayor y diputado Alfonzo Martínez Estévez, nombrado en julio de 1952 como Director del Departamento Agrario Nacional –DAN- diseñado para implementar la Reforma Agraria. Se inicio en agosto la distribución de tierras obtenidas de las fincas nacionales expropiadas durante la Segunda Guerra Mundial a los emigrantes alemanes. Sin embargo esperaron que creciera la organización y agitación de las Ligas Campesinas para iniciar las expropiaciones a los terratenientes. Los cuatro primeros decretos de expropiación emitidos a inicios de 1953 afectaban 24 Caballerías de tierras privadas y fueron ejecutados desde el DAN por cuadros del PGT dejando claro que la Reforma Agraria tenía carácter ideológico y no social como se pretendía hacer creer.
Como era de esperarse se dispararon las invasiones de fincas en las regiones en donde hacía trabajo de organización el PGT pues los campesinos tenían la certeza de no ser reprimidos por el Gobierno. Presionados por las expropiaciones que empujaban a los campesinos a efectuar invasiones uno de los propietarios afectados decidió jugar la última carta legal antes de que el enfrentamiento se generalizara.
Ernesto Leal Pérez, propietario de la finca Las Conchas ubicada en San Pedro Sacatepéquez acudió a una acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar la violación de sus derechos. La Corte acepto para su trámite el recurso presentado y con ello se planteó un grave conflicto institucional pues el Congreso había aprobado una ley del Ejecutivo que negaba en el Artículo 98 la posibilidad de toda impugnación.
Pero la Corte Suprema de Justicia basándose en la Constitución de la República, denunciaba con su resolución la manifiesta inconstitucionalidad del Decreto 900, al amparar al denunciante y develaba la ilegalidad de la Reforma Agraria pues negaba a los ciudadanos en pleno uso de sus derechos la posibilidad de apelar ante las arbitrariedades del DAN.
Este momento jurídico marcó un punto de inflexión. La reacción del Presidente y sus funcionarios fue virulenta e ilegal y Árbenz fue emplazado por la Corte Suprema de Justicia para que compareciera a exponer sus argumentos legales, a lo cual el Presidente no reaccionó, desobedeciendo para evadir enfrentar la acción legal e irrespetando la soberanía y jurisdicción del Organismo Judicial y remitió la solución del problema al Congreso creando abierta confrontación de dos poderes del Estado, y como forma de presión ordenó enviar a grupos sindicales a que invadieran el Congreso presionando a los diputados para que resolvieran a favor de la Presidencia de la República.
El Congreso inclino la balanza resolviendo a favor del Ejecutivo abusando de la mayoría legislativa con que habían sido beneficiados los comunistas y Árbenz en las elecciones. Y aprobó la destitución de los tres Magistrados que habían resuelto a favor del amparo, todos juristas valiosos y bien reputados. Los Magistrados destituidos fueron: Arturo Herbruger, Justo Rufino Morales y José Vicente Rodríguez, y confirmo en sus cargos a los Magistrados Francisco Carrillo Magaña y Luis Edmundo López Durán el 6 de Febrero de 1953. Esa misma fecha en horas de la mañana las masas dirigidas por los dirigentes comunistas marcharon por la Ciudad Capital gritando como consigna, Sin tribunales podemos vivir, pero sin tierras no.
La destitución, y las consignas pregonadas durante la marcha fueron denunciadas nacional e internacionalmente por la oposición al gobierno indicando que el orden Constitucional se había roto en Guatemala definitivamente y que ya no existía estado de derecho. En la USAC (cuyos estudiantes y claustro también estaban divididos) quemaron la Constitución apoyando al Lic. Herbruger y los magistrados destituidos resaltando que en Guatemala ya no existía Gobierno legítimo y que nuestro país marchaba directo hacia un régimen comunista. Al tratar de llegar al Palacio Nacional la manifestación de estudiantes fue disuelta con disparos de armas de fuego por parte de la Guardia del Palacio, con el saldo de un muerto, cuatro heridos y muchos detenidos. Árbenz anunció que la Reforma Agraria sería llevada adelante pasara lo que pasara. (Todo lo anterior y mucha información más puede ser consultada en el tomo 1, (de 10), de “Las Batallas por Guatemala” escrito por el autor de ésta serie de artículos).
Visiblemente Guatemala estaba fragmentada en dos bandos Irreconciliables que se aprestaron al enfrentamiento ante la inviabilidad de acciones legales. Las fuerzas de oposición encontraron un sólido argumento para emplearlo en búsqueda de apoyo internacional principalmente de los Estados Unidos cuando en forma provocadora y desafiante el PGT mando a imprimir y distribuyó el texto de la Ley de la Reforma Agraria incluyendo en la carátula del folleto el sello del Partido Comunista acompañado del logo bolchevique representado por la Hoz y el Martillo.
A partir de ese momento nadie pudo negar que la Reforma Agraria la dirigieran los comunistas. María Vilanova afirmo años después en entrevista concedida a Piero Gleijeses “Para 1952, Jacobo estaba convencido que el triunfo del comunismo en el mundo era inevitable”. Estas palabras de la esposa y mentora de Árbenz desnudan para siempre la hipocresía de quienes afirman que solo era un Presidente bien intencionado, un nacionalista que nada tenía que ver con el comunismo. Manipulando la verdad histórica ante la juventud y quienes no vivieron ésa época.
Es momento justo para recordar las palabras de Jorge Santayana cuando afirmó “Quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla”
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