Cuan cerdos son, les encanta la basura

Barataria

El miércoles 27 de agosto pasado los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad volvieron a ser noticia y ocupar grandes planas de los medios de comunicación y las redes sociales al declarar inconstitucional el Acuerdo 164-2024, emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales que obligaba a las Municipalidades del país a separar los desechos sólidos por clasificación, es decir a que cada municipalidad participara en el manejo sustentable de su propia basura.

}Como ya es costumbre desde hace ya algunos años para los que nos desempeñamos en el campo del derecho, cada vez que la Corte de Constitucionalidad dicta una resolución de especial trascendencia tememos que la estupidez y diarrea mental brote en estas resoluciones porque, por lo general se alejan de la letra y el espíritu de la Constitución y se acercan a las convenientes relaciones de poder fáctico acomodando intereses particulares en lugar de cumplir con su función primordial que es la defensa del orden constitucional.  Así, cuando llega a las manos de los honorables magistrados un asunto de vital importancia, trascendental para el desarrollo del Estado, por lo general se olvidan del derecho, de la justicia y de la Constitución que un día juraron defender, así de caraduras e hipócritas resultan ser estos, que en su mayoría arribaron a la magistratura constitucional no por méritos propios sino, mas bien por componendas vendiéndole su dignidad, principios y hasta el alma a aquellos que han movido cielo, tierra y recursos para que los arribistas arribaran.  

La Corte de Constitucional es un lugar privilegiado para ciertos magistrados, no raro que algunos de ellos repitan periodos como Roberto Molina Barreto y Hector Hugo Perez Aguilera que han repetido varias veces y actualmente son magistrados no es que conozca mucho de la constitución, lo que pasa es que conocen el “teje y maneje”, tienen un fuerte apoyo de grupos de poder de tal suerte que, para muchos que hacen sus negocios allí, es más fácil un magistrado “conocido” que ya sabe por qué lado caminar, que algún nuevo magistrado al que “hay que domar”. Debido a la composición de este organismo, no hace falta tener méritos, lo que hace falta es tener “padrinos” en el Congreso, La Corte Suprema y ser afín al Presidente de la República, para llegar a la famosa CC.  Ahora bien, en el caso de la USAC hay que estar apadrinado por el grupo que controla la Rectoría y por lo general es el mismo grupo que contiene la mayoría de Decanaturas de la Facultad y con ella el Consejo Superior vota a favor del designado sin mas ni más.  En el caso del Colegio de Abogados, allí van los recursos por montones para financiar campañas a nivel nacional y con ello se “arregla el tamal” porque, en todas las elecciones y designaciones de magistrados son, en general, una pantomima.

Lo triste del caso es que, por el sistema de justicia constitucional, que los constituyentes nos dejaron (ya no sabemos si por ignorancia o estupidez), crearon un poder superior a los tres poderes de la República.  Así, los constituyentes establecieron un amparo que se puede interponer literalmente por cualquier cosa y detener procesos y procedimientos en los que aún no se tiene ni resolución final ni sentencia firme, lo cual ralentiza la justicia y los procedimientos administrativos lo cual es un sinsentido en un país que, lo que necesita es una justicia pronta y cumplica, aunque posteriormente se pueda examinar si existieron o no violaciones a derechos fundamentales.  

Los magistrados lejos de buscar que la Constitución se aplique en el plano material y desarrolle al país, se ponen de acuerdo para continuar haciendo de Guatemala un país cada vez mas precario. La ultima “gracia” de los “honorables” magistrados constitucionales resultó ser la expulsión del ordenamiento jurídico de un Reglamento que obligaba a cada Municipalidad a manejar de manera sustentable sus propios desechos.  En realidad, es difícil conocer en qué mundo viven los Magistrados Constitucionales, pero esta claro que les encanta la basura en todas sus formas posibles.  La Corte de Constitucionalidad, como en otras veces se ha manifestado, considera que las Municipalidad del país son pequeños burgos, pequeños feudos, que se rigen por su propia ley y estos pequeños reinos no tienen ninguna responsabilidad ante nadie y mucho menos ante el Estado.  De esta forma, para los magistrados, haciendo gala de una ignorancia descomunal, dirimen un conflicto de competencias excluyendo de las decisiones sobre protección de los recursos naturales al Estado, pese a que bosques, ríos, lagos y otros recursos se encuentran claramente bajo la protección del Estado.  

Para nadie es un secreto que el mayor contaminador de los ríos, del lago de Amatitlán es la Municipalidad de Guatemala y junto a ella están los otros municipios que circundan a la Ciudad Villa Nueva, Mixco y un largo etcétera.  Estas Municipalidades reciben grandes recursos de parte del Estado, pero nunca se han dado a la tarea de proceder a un programa de manejo sustentable de los desechos sólidos, mucho menos de la clasificación de estos.  En ese aspecto, ni se va a aplicar esta normativa, ni siquiera se puede soñar con que las municipalidades estén obligadas a crear una porque, para variar, allí los magistrados del Tribunal Constitucional, se les olvida aplicar la hermeneútica jurídica para exigir a las Municipalidades en un plazo razonable emitir los correspondientes reglamentos.  Siendo la Corte de Constitucionalidad un poder omnímodo, cuyas resoluciones son finales y no existe poder alguno para revocarlas, cada metida de pata es también muy evidente y si examinamos resoluciones de este tribunal veremos de todo.  Es evidente que les gusta la basura.

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