COMBUSTIBLES: ¿SUBSIDIO O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE IMPUESTOS?
Una Guatemala Diferente Es Posible
La crisis de los combustibles volvió a colocar al Gobierno y al Congreso ante una decisión que tendrá consecuencias para las finanzas públicas y, sobre todo, para el bolsillo de los guatemaltecos, el martes 8 de septiembre los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá llegaron al Congreso para exigir medidas que permitieran reducir el precio de los combustibles, entre ellas la suspensión temporal de impuestos; esa misma noche, 130 diputados aprobaron un nuevo mecanismo de estabilización por Q2 mil 500 millones, la pregunta política es inevitable: ¿Qué cambió para que después de semanas sin acuerdos el Congreso pudiera aprobar en pocas horas una medida de esta magnitud? la población tiene derecho a conocer qué modificaciones se hicieron y, especialmente, cuál fue el análisis técnico que llevó a preferir nuevamente un subsidio en lugar de suspender temporalmente parte de la carga tributaria sobre los combustibles.
El problema es que este no es el primer subsidio del año. En abril se aprobaron Q2 mil millones para apoyar el precio del diésel y las gasolinas. Ahora se agregan otros Q2 mil 500 millones. Son Q4 mil 500 millones de recursos públicos comprometidos para enfrentar una crisis que continúa dependiendo de un factor que Guatemala no controla: el precio internacional del petróleo.
El subsidio puede aliviar al consumidor en el corto plazo, pero no elimina el problema, el Estado debe encontrar los recursos, trasladarlos mediante un mecanismo administrativo y vigilar que el beneficio llegue efectivamente al consumidor final. Aquí aparece una alternativa que merece ser discutida seriamente: suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo y, de ser fiscalmente viable, una parte de la carga del IVA aplicable a los combustibles mientras dure la emergencia internacional; no se trata de eliminar los impuestos de manera permanente ni de ignorar las necesidades fiscales del Estado. Se trataría de una medida extraordinaria, por un período definido, por ejemplo, seis u ocho meses, acompañada de controles, transparencia y una evaluación periódica.
El Ejecutivo ha advertido que suspender impuestos afectaría la planificación estatal, el argumento es válido y no debe minimizarse, los impuestos financian servicios públicos esenciales, sin embargo, también debe reconocerse que un subsidio de miles de millones de quetzales tiene un costo fiscal y también altera la planificación presupuestaria, por ello, la pregunta correcta no es qué medida de estas no tiene un costo fiscal, porque ambas lo tienen, sino cuál resulta más eficiente, transparente y sostenible para enfrentar una emergencia temporal.
El escenario internacional tampoco permite confiar en una rápida reducción de los precios, el petróleo ha superado nuevamente los US$100 por barril y los mercados enfrentan una fuerte incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio y las posibles interrupciones del suministro. Algunos escenarios internacionales contemplan precios superiores a US$120 si la tensión se prolonga; no significa que ese precio vaya a producirse necesariamente, pero sí demuestra que Guatemala debe prepararse para una crisis que podría durar más de lo previsto.
El riesgo es evidente: si la diferencia entre el precio real y el precio máximo establecido por el Gobierno aumenta, el fondo de Q2 mil 500 millones podría consumirse mucho más rápidamente, si el dinero se agota antes de que termine la crisis, volveríamos al mismo punto: aumento de precios, presión social y necesidad de que el presidente y el Congreso busquen nuevamente recursos para otro subsidio.
Guatemala necesita, por tanto, cambiar la discusión. No se trata de estar a favor o en contra de ayudar a la población. La población debe ser protegida. La cuestión es determinar cuál mecanismo permite hacerlo con el menor costo fiscal y la mayor transparencia. Una suspensión limitada del IDP y, técnicamente evaluada, del IVA sobre los combustibles podría significar un alivio directo al consumidor, mientras se evita trasladar permanentemente miles de millones del presupuesto a mecanismos de compensación sin control alguno.
Guatemala necesita una solución que proteja al consumidor, cuide las finanzas públicas y cierre cualquier espacio para la opacidad, si la crisis dura seis meses, la respuesta debe durar seis meses; y si es necesario suspender temporalmente determinados impuestos para enfrentarla, esa posibilidad debe discutirse con seriedad, responsabilidad fiscal y transparencia.
El subsidio propuesto por el ejecutivo y aprobado por el congreso, solo vino a enardecer a la población y agravar la crisis, porque al final, el verdadero objetivo no debería ser proteger un mecanismo de subsidio, sino proteger el bolsillo de los guatemaltecos sin comprometer innecesariamente los recursos que pertenecen a todos.
AL RESCATE DE GUATEMALA
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES
