EL PAÍS MENOS ENDEUDADO QUE NO PUEDE FINANCIAR SU ESTADO
Zoon Politikón
Guatemala tiene la deuda pública más baja de América Latina. Y eso no es exactamente lo que parece.
Hay indicadores que tranquilizan y hay indicadores que tranquilizan demasiado. La CEPAL situó a Guatemala en 2024 con la menor proporción de deuda pública de la región. Para el cierre de 2025, el FMI calculó la deuda del gobierno central en 26.7% del PIB y la calificó como baja y sostenible. El Directorio Ejecutivo del FMI avaló esa conclusión en julio de 2026 mediante el procedimiento de aprobación sin reunión, aplicable cuando no existen riesgos agudos o significativos ni asuntos generales que requieran discusión del Directorio. Nadie discute esos datos. Lo que vale la pena discutir es la conclusión política que se extrae de ellos: que Guatemala tiene margen fiscal y que su posición es sólida. Esa conclusión no es falsa. Es incompleta de una manera que importa.
El primer problema es de métrica. Una deuda se paga con ingresos, no con PIB. Guatemala recaudó en 2025 ingresos tributarios equivalentes al 11.9% del PIB, cifra que el FMI documenta para el gobierno central. Dividir la deuda sobre esa base produce una relación aproximada de 224%: la deuda acumulada equivale a más de dos veces la recaudación tributaria anual. Este indicador tampoco demuestra insolvencia —compara un saldo acumulado con el flujo de ingresos de un año y no incorpora vencimientos, intereses, moneda ni liquidez. Pero sí revela una restricción que el ratio deuda/PIB disimula: el Estado dispone de una base fiscal estrecha para atender simultáneamente el servicio de la deuda, la inversión y los servicios públicos.
El segundo problema es de comparación. La OCDE calcula para Guatemala, con metodología homogénea, una presión tributaria de 14.3% del PIB en 2024, frente a un promedio regional de 21.7%. La brecha de siete puntos del PIB es real y significativa —equivale, en números gruesos, a unos Q 65,000 millones anuales de diferencia respecto de lo que se recaudaría si Guatemala alcanzara el promedio regional. No por incapacidad técnica únicamente, sino por una combinación de alta informalidad laboral —cerca del 70% de los ocupados—, veto político sobre reformas tributarias y una estructura impositiva concentrada en el consumo y las importaciones que amplifica cualquier choque externo.
El tercer problema es de calidad del gasto. El déficit fiscal de 2025, cercano al 1.9% del PIB, fue impulsado principalmente por gasto de capital —los ingresos totales cubrieron el gasto corriente en términos agregados. Eso parece positivo, pero el FMI advierte que el problema no está solo en cuánto se invierte, sino también en la preparación de proyectos, los procesos de contratación y la capacidad de ejecución. Guatemala contrae deuda en parte para financiar inversión que después ejecuta con rezago, subejecución y resultados inferiores a los previstos. La infraestructura deficiente —identificada por el FMI como uno de los principales límites del crecimiento potencial— refleja tanto años de inversión pública insuficiente como una incapacidad recurrente para convertir los recursos asignados en proyectos completos, oportunos y funcionales.
El cuarto problema es de visibilidad. El FMI documentó en evaluaciones anteriores que existen obligaciones con el IGSS y el Banguat que no forman parte del saldo convencional de deuda, mientras varios compromisos actuariales carecen de estimación periódica y consolidada. Una referencia del FMI de 2023 identificó saldos con el IGSS admitidos por los tribunales y obligaciones con el Banguat, cercanos conjuntamente al 4.1% del PIB y no incluidos en la métrica oficial. Esas obligaciones no constituyen por sí mismas deuda exigible equivalente a la deuda de mercado, ni todas implican un flujo fiscal inmediato. Pero su ausencia del indicador principal significa que el indicador convencional no permite conocer de manera consolidada una parte de la exposición fiscal del Estado.
Lo que resulta de combinar estos cuatro elementos no es insolvencia: Guatemala puede servir su deuda en las condiciones actuales y los mercados lo reconocen mediante un acceso favorable al financiamiento. Lo que resulta es una contradicción fiscal que el ratio del 26.7% no captura. La estabilidad descansa sobre fundamentos macroeconómicos reales —inflación controlada, reservas, acceso a mercados—, pero también sobre una contención fiscal que ha mantenido pequeño al Estado que la deuda debería ayudar a construir. El Estado guatemalteco puede pagar una deuda relativamente pequeña, pero recauda demasiado poco para pagarla, invertir con calidad en infraestructura crítica, sostener servicios públicos suficientes y absorber simultáneamente sus obligaciones no consolidadas.
El indicador más bajo de América Latina merece leerse con precisión. No como señal de alarma —el FMI no la emite y la evidencia no la sostiene. Sino como lo que es: la foto de un equilibrio que funciona mientras no se le exija demasiado. Guatemala no está al borde de una crisis de deuda. Está instalada en algo más silencioso y más difícil de corregir: una posición fiscal sostenible para los mercados e insuficiente para construir el Estado que el país necesita. Esa diferencia no aparece en el ratio. Aparece en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas y en los años que lleva aplazando la pregunta de cómo financiarlos.
