Del terrorismo a la impunidad, la consigna del Coordinador Nacional del MP, José Raúl López Lamadrid

Kidon

Hay fechas que obligan a la memoria. El 11 de septiembre es una de ellas. Mientras el mundo recuerda a las víctimas de los atentados terroristas contra Nueva York y Washington, Guatemala enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando quienes tienen la obligación de perseguir el crimen parecen empeñados en minimizar los actos que más daño han causado a la población? 

En octubre del 2023, Guatemala vivió una crisis que paralizó las carreteras, afectó el comercio, golpeó a la industria y restringió la movilidad de miles de ciudadanos. Los bloqueos no fueron una simple protesta de unas horas. Durante meses, la población padeció interrupciones en el transporte, dificultades para abastecer sus servicios, pérdidas de jornadas laborales y negocios obligados a cerrar bajo pena de quemarlos. El país entero pagó una factura que todavía no ha sido saldada, en especial por quien hoy en día gobierna. 

No obstante, el Ministerio Público, al parecer somete su obligación constitucional de perseguir los hechos delictivos, en especial los relacionados con actividades terroristas, ante un capricho ideológico, buscando de una forma ilegal, cerrar la investigación por el delito de terrorismo que pesa sobre los principales responsables de aquellos hechos, lo cual, nos deja ante una de las más graves contradicciones de la justicia, investigar unos hechos, sostener una tesis penal y, posteriormente, pretender abandonarla de forma ilegítima. 

Como abogado entiendo, que el derecho de manifestar es fundamental en una democracia, pero, ese derecho no asigna desde ningún punto de vista la facultad o licencia para amenazar, coaccionar, destruir, impedir indefinidamente la circulación o someter a la población a la voluntad de un grupo y menos bajo amenaza de prenderle fuego a las personas, el transporte o los negocios si no apoyan el movimiento delincuencial. 

Si partimos de que acto terrorista es toda manifestación que conlleva el uso desmedido de la fuerza o violencia extrema, empleada con el ánimo de intimidar a la población o al gobierno a actuar de una u otra manera o abstenerse de actuar con un fin perverso, podremos establecer con toda seguridad de que los actos realizados en el país en contra de la población guatemalteca fueron ejecutados por delincuentes terroristas. 

Por eso, si durante los bloqueos del año 2023 se cometieron actos violentos o intimidatorios con los fines y características que exige el tipo penal de terrorismo en Guatemala, corresponde a los fiscales determinarlo con base en la evidencia. No es aceptable descartar esa posibilidad por simpatías políticas, ideológicas o incluso familiares como en el caso de López Lamadrid, y mucho menos como pago de favores políticos. 

En otros países, las democracias han enfrentado situaciones en las que organizaciones terroristas utilizaron amenazas, ataques a la infraestructura, intimidación de civiles y presión coercitiva sobre las autoridades. En España, por ejemplo, la violencia de ETA demostró que ninguna causa o motivación se convierte en legítima atentando en contra la población. 

En Colombia, el uso de secuestros, atentados y amenazas por grupos armados de narcoterroristas y narco-socialistas, dejaron claro que la reivindicación de cualquier grupo de antisociales no puede justificar bajo ningún punto de vista el terror. Las comparaciones guardan mucha similitud, y nos sirven para recordar que el propósito político, ideológico o de cualquier otro motivo similar, no borra la naturaleza de una conducta criminal.

Sin embargo, existe un funcionario público a quien se le atribuye el hecho de cerrar la investigación y que el caso quede impune, y es nada más y nada menos que el Coordinador Nacional del Ministerio Público, José Raúl López Lamadrid, un totonicapense nacido en los Estados Unidos de América, quien mediante el continuo tráfico de influencias y la emisión de órdenes verbales ilegales, se ha dado a la tarea de coaccionar e intimar a diferentes fiscalías para cerrar el caso de terrorismo imputado en contra de varios sindicados.

El problema no es únicamente lo que el Ministerio Público haga con un expediente. El problema es el mensaje que envía a la sociedad. Durante años, el discurso “anticorrupción” prometió que nadie estaría por encima de la ley. Se condenó a los gobiernos anteriores por sus abusos y se ofreció una nueva etapa de independencia, transparencia y firmeza. Sin embargo, cuando la justicia toca a grupos ideológicamente cercanos, aparece la tentación de convertir la persecución penal en una victimización para sus aliados, aunque los crímenes cometidos sean de grave impacto social. 

Súmele el problema que generará de ahora en adelante el hecho de que, por culpa de López Lamadrid, quedaron convalidados como legales los bloqueaos de las carreteras, las extorsiones a los transeúntes y empresarios, las amenazas de cerrar negocios, así como la quema de transporte y la obstaculización de unidades de emergencia, y en su caso, considerar a los responsables como héroes y beneficiarlos con actos de perdón por el daño causado. 

Pero, lo que empieza mal termina, pues no existe crimen perfecto, como se nos ha podido enseñar a lo largo de la historia en Guatemala, donde con la ley en la mano, hemos tenido que luchar en contra de otras estructuras criminales incluso transnacionales, que han utilizado la fiscalía como arma ideológica o de venganza y por ello hoy muchos de los que se prestaron a esa manipulación, se encuentran prófugos de la justicia y otros encarcelados. 

López Lamadrid, recuerde que el poder es efímero, y más si contamos los meses para arrancar el proceso electoral y sobre todo por el giro mundial a la derecha que lo acompañará debido al el efecto Trump, por lo cual, con toda certeza me atrevo a decir que en un momento no muy lejano, tocará hacer una revisión de todos esos casos que ilegalmente fueron cerrados, así como los que se armaron de manera ilegal también, no solo para buscar revertirlos, sino en especial para perseguir y procesar a quienes se hayan prestado a violentar la ley, pues al final la responsabilidad penal es personalísima y larga en el tiempo y en especial para los funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio del cargo. 

A quienes hoy detentan el poder les conviene recordar una verdad elemental, los gobiernos cambian, los funcionarios dejan sus puestos y las mayorías políticas se desvanecen. Los expedientes, las pruebas y las decisiones documentadas pueden permanecer durante años y nosotros sabremos cómo utilizarlas para hacer justicia.

Guatemala no debe olvidar a quienes perdieron sus ingresos, negocios, movilidad, tranquilidad o, posiblemente, la vida durante aquella operación terrorista. Tampoco debe olvidar que la justicia solo merece ese nombre cuando se aplica con la misma firmeza para todos.

El 11 de septiembre nos recuerda hasta dónde puede llegar la violencia cuando se convierte en instrumento para imponer una voluntad de un grupo de terroristas. Guatemala no necesita que sus instituciones aviven el daño causado a sus ciudadanos. Necesita fiscales que investiguen sin miedo, jueces que decidan sin presiones y funcionarios que entiendan que el poder no es una propiedad personal.

El país no pide venganza. Exige verdad, justicia y reparación. Y, sobre todo, exige que nadie vuelva a utilizar actos terroristas en contra de la población como moneda de cambio para imponer una voluntad de un pequeño grupo de maleantes sin representación. 

La FCT no negocia con terroristas.