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Desconocimiento o Estulticia

El gobierno de Bernardo Arévalo ha obtenido beneficios de su política exterior, ya que ha sido bien recibido por la comunidad internacional, la cual le ha brindado apoyo desde el proceso electoral. Sin embargo, a nivel interno, el gobierno no ha logrado alcanzar el éxito deseado. El verdadero trabajo no se evidencia por sí mismo.

Lo peor es que atribuye sus deficiencias a otros organismos del Estado, cuando la responsabilidad ejecutiva recae únicamente en él, y en nadie más. Desde el inicio de su gobierno, Arévalo debió abandonar la retórica de campaña; sin embargo, se ha enredado en una aparente disputa contra la Fiscal General y ha tratado de hacer creer que no puede gobernar debido a lo que ocurre en otras instituciones u organismos del Estado.

Es cierto que la lucha contra la corrupción fue el lema de su campaña, lo cual probablemente convenció a sus votantes para elegirlo, pero su mandato no se trata solo de perseguir penalmente, sino de ser el jefe del Ejecutivo.

No es culpa del Ministerio Público que el Ejecutivo no ejecute; no ejecuta debido a su incapacidad. Por supuesto, se deben investigar y castigar a los responsables del robo, pero las atribuciones y facultades del Ejecutivo son otras, y ha sido negligente en ellas.

Arévalo ha adoptado una táctica populista e intenta protegerse culpando a otros. En el pasado, cuando las cosas no salían como querían los gobernantes socialistas, culpaban al «imperio». Arévalo no puede decir eso, por lo que culpa a sus enemigos internos.

Sin embargo, las funciones y atribuciones del Ejecutivo están definidas en la Constitución y en la Ley del Organismo Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo debería hacer es ordenar las carteras de ese organismo. Eso es algo que la ciudadanía aplaudiría.

Más allá de denunciar, lo cual está bien pero no es suficiente, Arévalo y su gabinete deben ejecutar el presupuesto e invertir, contratando de manera transparente y eficiente la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, etc. Desde el principio, eso lo distinguiría de sus predecesores y también sería aplaudido.

El presidente Arévalo tiene la oportunidad de llevar a cabo una gestión transparente y eficaz que saque al país adelante. Por el bien del país, se espera que no desperdicie esta oportunidad.

El organismo que encabeza Arévalo tiene la función principal de ejecutar. Por lo tanto, nada debería distraer al mandatario de la responsabilidad para la que fue elegido. Su responsabilidad es eliminar todo aquello que no traiga beneficio real, como el Ministerio de Desarrollo y otros viceministerios irrelevantes. Debería reducir los salarios elevados de los funcionarios y los pagos de dietas, y comenzar a ejecutar los contratos de mantenimiento de carreteras. Si continúa posponiendo eventos, el año podría terminar sin avances en la infraestructura vial. Debe haber una presencia policial más visible para disuadir y contrarrestar la delincuencia. Los hospitales deben estar abastecidos. Otra medida es agilizar la contratación de maestros en todos los niveles, priorizando la excelencia del personal docente. Las autoridades de tránsito deben recuperar el control de las carreteras.

Revertir el anuncio de aplazamiento de nuevas licencias mineras y el cierre de las operaciones de Perenco en Petén no son decisiones políticas del gobierno actual, pero sí acciones a favor del empleo y la inversión.

La batalla política entre el Organismo Ejecutivo y el Ministerio Público continúa escalando, como ha quedado demostrado esta semana. El presidente anunció que presentaría una iniciativa en el Congreso de la República para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, y lo hizo dirigiéndose al Palacio Legislativo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y sus ministros de Estado. En respuesta, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ofreció una conferencia de prensa.

Según Porras, esta acción demuestra un desconocimiento de la ley y pone de manifiesto los intereses individuales del presidente.

La actuación de Arévalo deja mucho que desear. Como presidente de la República, debería priorizar otros temas, como la ejecución del presupuesto. Mientras tanto, la fiscal debería centrarse en obtener resultados en los casos en investigación.

En conclusión, Arévalo ha culpado a otros organismos por sus deficiencias en lugar de asumir su responsabilidad ejecutiva. Para tener éxito, debe enfocarse en la ejecución, la transparencia y la inversión en infraestructura. La batalla política con el Ministerio Público debe ser dejada de lado.

POR UNA NACIÓN LIBRE, JUSTA Y SOLIDARIA.

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Redacción

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