El Futuro de Guatemala depende de la CC

Barataria

El verdadero y real poder en Guatemala se encuentra en manos diez personas que conforman un tribunal distribuido entre cinco titulares y cinco suplentes.  Este Tribunal creado a partir de la actual constitución de 1985, fue una concepción aberrada sobre la justicia constitucional y que, en lugar de darle su lugar a este aspecto legal, se constituyó en el mayor obstáculo para el desarrollo del Estado de Derecho, de la institucionalidad del país y de la propia constitucionalidad.

En efecto hablo sobre la Corte de Constitucionalidad, un tribunal creado para preservar el orden constitucional, conocer amparos y a su vez la garantía de la exhibición personal; poco a poco se fue constituyendo en el verdadero poder en Guatemala.   Tras ya más de treinta años de funcionamiento en Guatemala, la historia de la Corte de Constitucionalidad tiene más sombras que luces y la actuación de los magistrados que ha pasado por ella ha sido muy pero muy lamentable.  Salvo raras excepciones que son muy contadas la mayoría de los magistrados tienen un oscuro pasado por sus actuaciones y también por su vinculación abiertamente política.

Dice un dicho que “no todo lo que brilla es oro” y esto cae como anillo al dedo a la actuación de la Corte de Constitucionalidad cuando de crisis nacional se habla. Siempre ha optado por estar del lado cuestionado, equivocado y a veces oscuro de la historia.   Pocos recuerdan que en tiempos de Serrano Elías, la Corte de Constitucionalidad tuvo una actuación fuera del marco legal y constitucional al avalar un golpe de Estado contra aquel dictadorzuelo de pacotilla que pretendió emular a Fujimori en Perú, suprimiendo las cortes, el congreso y mantener el control del poder.  Aunque su actuación fue contraria a la ley, la falta de renuncia del gobernante, la participación del ejercito en la treta y la supuesta resolución fundada en derecho de la Corte de Constitucionalidad supuso una “vuelta al orden constitucional” avalando dos cosas demasiado graves:  La falsa renuncia de Serrano Elías y luego la defenestración del Vicepresidente Espina Salguero quien, siguiendo un orden constitucional, debió ocupar la presidencia y, en todo caso, si hubiera cometido algún delito debido abrírsele encauzamiento para que respondiera penalmente.

A estos hechos lejanos, surgen otros más cercanos. La complicidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con la CICIG y el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, previó que resultaran resoluciones ad hoc de amparos que definían en un solo acto el fondo del asunto, llegando a ser los amparos provisionales verdaderas resoluciones finales de amparo. Algunos de estos fueron de tal magnitud que anularon decisiones presidenciales ejercidas en el ámbito constitucional de su competencia, fundándose en subterfugios y razonamientos güizachescos como aquel de que un Jefe de Estado no puede declarar non grato a un funcionario diplomático si no tiene la firma de un ministro de relaciones exteriores; o sea que el ministro manda más que un jefe de estado, quien además lo nombró.

El problema real de la acumulación de poder de la Corte de Constitucionalidad es un defecto de los constituyentes quienes no se sabe si por ignorancia o por picardía, le otorgaron un cheque en blanco a los magistrados constitucionales de manera que sus decisiones a través de la vía del amparo que es la favorita para crear un caos jurídico como el que mantenemos en Guatemala.  Así, se dejó por un lado que todos los amparos puedan plantearse sin terminar los procesos, lo cual es la forma favorita de los juristas de interrumpir, atrasar y hasta desgastar un proceso y, por otro lado, todos los amparos en apelación tienen la ultima palabra en los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.  Es tal, el poder de la Corte de Constitucionalidad que aún y cuando cometan delitos, ellos podrían permanecer inmunes, puesto que al plantear un amparo, aunque el tribunal que sea, incluso la Corte Suprema de Justicia se los niegue, en apelación llegaría al magistrado que cometió el delito y podría, como ya sucedió en algunas ocasiones, auto ampararse para no ser perseguido penalmente.

En estos días Guatemala ha estado agitada porque se encuentra en proceso de elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es muy deleznable que hayan magistrados que repitan una y otra vez magistraturas.  No es que sean altos juristas, sino que más bien son buenos negociantes y, haciendo favores por medio de resoluciones a la carta, se han mantenido magistratura tras magistratura.  De allí que apellidos como Maldonado Aguirre, Pérez Aguilera, Molina Barreto se han repetido una y otra vez, como si en un país en donde hay más de 40 mil abogados solo algunos sean lo mejor.

En el Colegio de Abogados y Notarios se dieron durante esta semana hechos que rayan entre lo vergonzoso, lo lamentable y lo preocupante. Unas elecciones marcadas por acciones judiciales cuyo protagonista es, como siempre en los casos de instrumentalización del poder judicial, el Ministerio Público llegando a realizar allanamiento y búsqueda de evidencias. Luego un apagón, que recuerda la forma en que Alvaro Arzú llegó al poder cuando estaba en desventaja.   

La Elección en el Consejo Superior Universitario traerá sus propios problemas, tratándose de un Rector cuestionado en su propia elección y un Consejo Superior Universitario que no es la sombra de aquellos que años atrás ocuparon ilustres personajes desde estudiantes, profesores y demás, en donde pertenecer a estos órganos y alzar la voz equivalía a una sentencia de muerte, ahora quienes tienen secuestrada a la USAC son una caricatura mal hecha de estos sinvergüenzas que no les importa sino transes, dinero y poder.  Pero al final esta elección de magistrado titular y suplente de la CC será algo para muchos titulares, se auguran días muy pero muy difíciles. 

De los otros magistrados que saldrán de los tres poderes del Estado no hay mucho de qué hablar.  El señor Arévalo aunque haga la pantomima de que abre un procedimiento por méritos, pero ya todos sabemos que este procedimiento es para la prensa local e internacional, porque ya tiene a quienes estarán a sus ordenes (si es que luego le hacen caso) en la CC.  La Corte Suprema de Justicia no la tiene fácil, porque ni siquiera se ponen de acuerdo a elegir presidente mucho menos van a estar de acuerdo a quién les hará la upa en la Corte de Constitucionalidad.  Y en el Congreso, se tendrá una leve discusión pero ya sabemos que ni siquiera el partido semilla esta tan unido como antes y cada uno tirará para su lado haciendo lo que la mayoría opositora tiene en mente,

Al final de todo esto, el futuro de Guatemala depende de quienes lleguen a la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, puesto que todo lo que ocurra de aquí en adelante va llegar a este Tribunal que al final de cuentas, decidirá lo que hay que hacer.  Aunque parezca que soy alarmista, en realidad estoy siendo muy realista.  Ya pocos recuerdan que la elección de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones estuvo entrampada casi cuatro años dependiendo de una decisión de la Corte de Constitucionalidad que pudo haber ordenado al Congreso elegir, como finalmente eligió, pero que como no le dio la gana, porque “su momento político no había llegado”, quedaron si decidir este punto prolongando un periodo de una magistratura que no debía de haber pasado simple y llanamente porque estos magistrados tienen la prerrogativa de que no tienen plazo para resolver, así pueden dejar “durmiendo” una resolución por un día o por mil años.

Así las cosas, todo este proceso eleccionario tiene sus aristas, o llegan a la Corte de Constitucionalidad sicarios jurídicos, que deciden a placer, sin fundamentación y con mucho tinte político las cuestiones que se le presenten. Que en este caso estaríamos ante el peor escenario posible. O se integra con juristas probos, comprometidos con su país y con mucha ética para desempeñar un cargo público de altura. 

Lo cierto es que, como todo, o casi todo lo jurídico, puede llegar a conocimiento de la Corte de Constitucionalidad por la vía del amparo o la inconstitucionalidad, el país entero se encuentra en manos de la próxima magistratura constitucional porque este es el verdadero poder en Guatemala, tanto así que su poder puede llegar a anular elecciones de todo tipo hasta elecciones generales para presidente, su poder ya ha sido demostrado en retrasar y empantanar procesos eleccionarios de segundo grado e incluso su poder puede llevar a Guatemala a enfrentar, una grave crisis institucional.

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