En un mundo en caos, se perdió la racionalidad
Del Escritorio del General
La incertidumbre predomina en este primer cuarto de siglo. Los diferentes movimientos sociales y políticos están manifestando su mayor inflexión, especialmente en el ejercicio del liderazgo en tiempos de crisis. Los líderes sociales y políticos son hoy profundamente cuestionados, y lo que emerge como respuesta es el cinismo, la desfachatez y la ignominia.
Desde una perspectiva social y política, nos enfrentamos a una evidente carencia de ética, principios, valores y, aún más grave, de sentido común. La geocultura —nuevo eje articulador de las transformaciones sociales— podría ser el punto de inflexión hacia la regeneración o la ruina de nuestras sociedades. Sin embargo, la sobrecarga informativa, muchas veces distorsionada, que se difunde a través de los medios digitales, ha contribuido a una profunda desorientación colectiva.
En este panorama, lo que prevalece no es la razón, sino el mal llamado populismo político: una retórica diseñada para complacer al oído de las masas, sin comprometerse con lo correcto o lo necesario. Esto marca una peligrosa desviación que arrastra a las democracias hacia la emocionalidad y el oportunismo, desdibujando los valores republicanos y debilitando la institucionalidad.
Los ejemplos son múltiples y alarmantes. En Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo impuso en el Congreso, mediante la fuerza y la represión de la oposición, una reforma que los convierte en gobernantes vitalicios. ¿Es eso democracia? En El Salvador, Nayib Bukele ha forzado su reelección a pesar de la prohibición constitucional. Aunque cuenta con mayoría legislativa, eso no valida la ilegalidad. ¿Es eso democracia o autoritarismo maquillado de popularidad?
México enfrentará próximamente un reto de gran trascendencia: la elección popular de jueces y magistrados. ¿Será esto un avance democrático o un retroceso institucional? Cuando los jueces sean elegidos no por su idoneidad sino por su carisma o cercanía con el pueblo, estaremos institucionalizando la mediocridad y abriendo la puerta al clientelismo judicial. La politización de la justicia será entonces irreversible.
Nos enfrentamos así a una distorsión profunda: donde el que tiene más recursos impone más candidatos; donde el que tiene más poder económico compra más cargos; donde el dinero sustituye al mérito. ¿Ese es el modelo de gobernanza que queremos?
Esta manipulación de la voluntad popular bajo la bandera de la democracia se está convirtiendo, en la práctica, en una dictadura disfrazada, una dictadura de la corrupción. La República, que debe ser el modelo de gobernabilidad institucional, se ve desplazada por mecanismos populistas que erosionan el Estado de Derecho.
A nivel regional, las controversias son cada vez más judicializadas. En Brasil, se intenta desacreditar judicialmente a Jair Bolsonaro como rival político de Lula. En EE. UU., tras las elecciones presidenciales de 2020, el conflicto entre Trump y Biden no sólo dejó violencia, sino que también evidenció cómo el sistema judicial puede ser instrumentalizado.
En Guatemala, la politización de la justicia tiene su propio historial. La exfiscal Claudia Paz y Paz inició una persecución selectiva contra sus adversarios políticos, en una línea ideológica marcada por su entorno familiar. Con la CICIG se reforzó esa tendencia, usando la bandera de la lucha contra la corrupción para imponer una agenda ajena a la soberanía nacional. Hoy, quienes antes persiguieron, claman por justicia cuando son llamados a rendir cuentas por una fiscal general que intenta aplicar la ley sin colores ni banderas.
Las próximas elecciones judiciales en México representan un punto de quiebre. Si el sistema se contamina por completo, si los jueces responden a intereses populares circunstanciales, a mafias, o al crimen organizado, entonces no solo se deslegitima la justicia, sino que se institucionaliza su corrupción.
Los escenarios son distintos, pero el objetivo es común: el dominio social mediante la manipulación del sistema. Frente a eso, me rebelo. Reivindico la defensa de la libertad individual, la libertad social y la vigencia plena del sistema republicano.
La democracia es el mecanismo para elegir, pero la república es el sistema que asegura gobernabilidad. Por eso, si elegimos un presidente, debe corresponderle designar a los jueces y a los fiscales. Nosotros, como ciudadanos, debemos fiscalizar, denunciar y sancionar las fallas; no sustituir con emociones el criterio técnico.
El voto popular, en este contexto, se ha convertido en el voto de nadie, en el voto manipulado, en el voto del que da más, del que ofrece más.
Ojo con esto, mis queridos lectores: se avecinan tiempos turbulentos. La justicia está comprometida políticamente, y en muchos casos, también con el narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros, los ciudadanos honestos, que creemos en la ley y en el Estado de Derecho, somos las verdaderas víctimas.
¡Adelante! Con espíritu de vencedores. La patria, cuando está herida, no se abandona. Se salva… o se salva.
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