La democratiasis, la enfermedad por la que Latinoamérica retrocede

Barataria

Poco a poco, durante la década de los ochenta, los países latinoamericanos fueron avanzando de dictaduras militares a democracias incipientes que permitieron un nuevo régimen político y a la vez el establecimiento pleno de libertades y garantías individuales.  Se fortaleció el poder del voto, la institución del poder constituyente, nuevas constituciones acorde a los tiempos contemporáneos y elecciones trasparentes y efectivas.  Todo esto sucedía a la par del fin de la guerra fría que enfrentó a oriente y occidente representados por Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.  Inició la globalización, el mercado libre y con ello las cuotas de liberalismo fueron permeando las sociedades a tal punto que, la industria y el comercio se reinventó.

En apariencia todo iba bien, los gobiernos electos de manera popular y democrática, en su mayoría civiles que accedían al poder después de muchos años, representaban las aspiraciones y el deseo de la población de encontrar desarrollo.  Fue en ese marco “democrático” que se dieron los primeros negocios corruptos que había iniciado en países como Rusia y que se replicaron en Latinoamérica en donde grandes empresas estatales fueron vendidas por una nada a oscuros personajes políticos quienes aprovecharon esta situación para ser los primeros millonarios de las democracias incipientes, esto aunado del fortalecimiento de los privilegios de los empresarios del sector privado organizado en ese entonces.  Todos vimos el surgimiento de aquellos millonarios de la nada, desde México a la Argentina, aquellos nuevos ricos que ahora son los millonarios contemporáneos, obtuvieron “a precio de quemazón” lo que antes eran bienes estatales.  Las telefónicas, las industrias de energía eléctrica, aerolíneas y muchas otras empresas estatales pasaron a manos de particulares bajo el argumento de que el servicio sería mejor.  Esto fue cierto en parte, pero a cambio de eso el precio que se pagaría sería excesivamente obsceno como ya se ha demostrado a lo largo de los años.  Aquí en Guatemala no podremos jamás olvidar cómo se privatizó la empresa de telecomunicaciones, vendiéndose a una empresa de fachada constituida unos meses antes de la supuesta licitación y otorgada a dedo por el señor Álvaro Arzú, con el agravante que el pago que se hizo al Estado de Guatemala fue literalmente por abonos durante cuatro años, en otras palabras “del mismo cuero salen las correas” y comprar con abonos sin pagar la totalidad de ese dinero, hasta un comerciante del mercado podría haberlo hecho, ya que una vez teniendo los activos de GUATEL, cualquier banco naturalmente les abrió las puertas para la inversión.  Nunca olvidaremos como Alvaro Arzú, Giovanni Musella, Alfredo Guzmán, Fritz García-Gallont, Luis Flores, Pedro Lamport y la sociedad de cartón Luca, S.A representada por Ricardo Bueso.  Resultó inexplicable cómo una sociedad con capital de 5 mil quetzales pudo comprar por la módica suma de 700 millones de dólares cuando, en el mercado internacional su precio era de, al menos 1,000 millones de dólares.  Pero en fin, sirva esto de ejemplo para comprender cómo estos “nuevos ricos” luego pervirtieron el sistema para conservar y ampliar su “portafolio de inversión”.

Así, se fue tejiendo una red de corrupción y falsedad en la cual se encontró que la forma en que se podría acceder al poder era a través del financiamiento de los partidos políticos con obra pública. Las obras públicas que representaban “desarrollo” se sobrevaloraban hasta por tres veces más y así, falseando y manipulando los procesos de licitación, los mismos compadres terminarían por adjudicarse sus obras y luego financiar al siguiente presidente de turno.  No es raro, que desde los años ochenta hasta la época actual en toda Latinoamérica los funcionarios y exfuncionarios públicos resulten gente pudiente con mucho capital cuando muchos de ellos entraron a los cargos públicos “con una mano adelante y otra atrás”, pero ahora son grandes empresarios y financistas de campañas electorales.  ¿De dónde salió tanto dinero, si sus salarios como funcionarios públicos les alcanza para vivir medianamente y no ofrece la oportunidad de enriquecer? Pero, resulta que en Latinoamérica muchos exfuncionarios de la noche a la mañana se convierten en grandes empresarios, cambiando de lugar dónde vivir de una modesta casa a una lujosa mansión.  El manoseo de los recursos públicos, la sobrevaloración de obras y servicios, el compadrazgo a la hora de asignar obras que terminan siendo de mala calidad, ha permitido que el financiamiento de las campañas políticas provenga de dos fuentes: La corrupción y el crimen organizado y con ello los funcionarios públicos no solo acceden al poder con compromisos serios, sino que es el mismo dinero del Estado el que ha servido para las campañas ostentosas.

Las democracias en Latinoamérica han provocado una verdadera desazón en la población.  Las famosas sorpresas electorales están a la orden del día y quienes nunca pensamos que llegarían a gobernar o a disputar sendas segundas vueltas ya los hemos visto. El caso de Pedro Castillo en Peru, Gustavo Petro en Colombia resultan ser casos paradigmáticos del desaliento de la población al notar muchas promesas incumplidas y la corrupción a la orden del día.  Pero además resulta muy interesante toda la inestabilidad política en la región luego de los gobiernos populistas que inundaron Suramérica con promesas de mejoras sociales que nunca llegaron a cuajar y algunos de ellos se eternizaron en el poder, así tenemos casos como Evo Morales, Rafael Correa, los Kitchner,  Lula Da Silva y otros que manipularon la voluntad popular para reformar constituciones pero que al final de cuentas el bienestar nunca llegó a la población.

La receta de la judicialización de la política y la instrumentalización del derecho es quizá lo más grave que le ha sucedido a las democracias Latinoamericanas.  En efecto para ello solo debemos observar cómo en Perú en los últimos cinco años han existido cinco presidentes producto de una fuerte judicialización y persecución penal que ha obligado a renunciar a los gobernantes, en Argentina Cristina Kirchner inhabilitada para cargos públicos, en Ecuador Correa exiliado en Bélgica, en Brasil Lula vuelve después que le revocan la condena y acaban inhabilitando para cargos públicos  a su opositor Bolsonaro.  Así podemos ver una larga lista de judicialización de políticos y la política en si misma; tanto que aún en Estados Unidos se ha dado este tipo de situaciones con las persecuciones penales que se han dado con el señor Trump.

En ese sentido, los procesos electorales ya no son como los concebimos hace algunos años, ahora es muy común descalificar candidatos mediante acciones judiciales y con ello impedirles su participación, tanto así que en Nicaragua se llegó al colmo de descalificar a todos los opositores para que el señor Ortega llegase a ganar otro periodo presidencial.  Todas estas acciones que afectan a las democracias latinoamericanas plantean un ataque frontal a todas las instituciones y con ello, permiten el ejercicio ilegítimo del poder sea a través de una persona o un grupo, que fomentan el autoritarismo y la conservación del poder de manera anómala.  Tanto así, que muchos candidatos han corrido con todo a su favor:  recursos públicos a granel, la complacencia de las autoridades electorales, pero sin embargo han fracasado ante la desazón del pueblo.

Ahora mismo, los guatemaltecos nos encontramos ante un panorama muy oscuro, pese a las promesas gubernamentales de no conservar el poder mas allá del 14 de Enero, nadie les cree ni siquiera la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general visitó el país recientemente.  El gobierno no ha hecho méritos para ser creíble debido a su silencio cómplice a partir de la derrota del partido oficial en la primera vuelta, sus comunicados no aseguran nada y sus anticipaciones diplomáticas de parte de su canciller solamente revelan que es parte de un grupo de personas a cargo de instituciones que esta tras la consigna de impedir a toda costa que quien resulta incómodo llegue al poder y con ello arreciaron sus ataques al proceso electoral, a las autoridades electorales y al candidato incómodo para lograr que el poder quede en manos de la persona con quien puedan negociar.

Así las cosas, las democracias latinoamericanas se encuentran gravemente enfermas, en algunos países como Ecuador regresó el salvajismo de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado con el asesinato del señor Villavicencio, candidato a la presidencia a diez días de los comicios, en Guatemala, se ha optado por el asesinato civil, no con balas, sino con resoluciones judiciales a la carté dictadas por jueces ad hoc y confirmadas y refrendadas por Magistrados que ilegítimamente se mantienen en el poder y que le sirven a la clase política gobernante.  Esta instrumentalización del derecho resulta igual o peor que las dictaduras del siglo pasado, porque se le da apariencia de legal, se dice que se hace en nombre de la ley y que el único objetivo de la institución encargada de la persecución penal es el cumplimiento de la ley, pero ¿Cuál Ley?  ¿La ley que favorece a algunos y excluye a otros? ¿La ley que se aplica a los que resultan incómodos para la clase política gobernante?  ¿La Ley que se interpreta en los procesos judiciales a “compadre hablado”?  Digo esto porque en países como Guatemala el derecho se ha instrumentalizado desde hace ya varios años, persiguiendo a algunos y favoreciendo a otros, dependiendo de qué lado estén y con ello vemos resoluciones judiciales que dan vergüenza, porque la ley no es igual para todos, solo para los que están contrarios al régimen de turno.  ¿Qué podemos esperar? No lo sabemos, pero la ambición y corrupción de un grupo que pretende seguir obteniendo ganancias deshonestas está terminando de matar a la democracia e instaurar un sistema con apariencia de legalidad, con apariencia de democracia pero en el cual ninguno de ellos quiere perder sus privilegios a costa de toda la población.  Venezuela en Sudamérica y Nicaragua en Centroamérica son dos países que ya consolidaron esta “democracia” en sus respectivos territorios, las leyes hechas a la medida, el sistema electoral que funciona a su favor en forma descarada y su rechazo a la observación internacional bajo la figura de que somos soberanos y nadie debe intervenir en asuntos internos del país, ha hecho de estas naciones una democracia de cartón, utilizada como fachada para el absolutismo totalitario basado en la ley, pero en la ley instrumentalizada para sus aviesos propósitos.

Le invitamos a leer más del autor: