La economía del encierro

Poptun

El Pelex de EPE Investiga reveló, el 30 de noviembre de 2025, una verdad que Guatemala ha preferido ignorar: la cárcel dejó de ser un espacio de custodia para convertirse en un mercado. Y no un mercado cualquiera, sino uno administrado desde la institucionalidad, sostenido por redes de corrupción y legitimado por un silencio que, a estas alturas, ya es cómplice.

La corrupción penitenciaria es un secreto a voces: en la cárcel todo tiene precio. La publicación revela lo más grave: la talacha, cuotas semanales de 20 a 50 mil quetzales que se exigen a voceros de los reclusos bajo la amenaza de ser trasladados al Centro de Máxima Seguridad Renovación I. Ese centro no opera como medida de seguridad, sino como castigo económico que disciplina a quien no paga.

En agosto y septiembre de 2025 conocí la solicitud del Sistema Penitenciario para confirmar el traslado de un interno del Barrio 18 desde Fraijanes II hacia Renovación I. El Sistema Penitenciario justificó el movimiento como una “emergencia”, y la ley exige que sea el juez quien decida en definitiva si dicho traslado se confirma o no. 

Desde antes de iniciar las audiencias —varias, no una sola, como afirmó falsamente el exministro cuando habló de una “resolución exprés”— ya existían denuncias: a ciertos internos se les exigían pagos para impedir su traslado o se les movía de centro para despojarlos de sus proyectos laborales previamente autorizados —panaderías, comedores, tiendas— para revender los locales comerciales o el equipo necesario para operar. Ese contexto imponía una obligación elemental: verificar que no existiera una negociación oculta detrás del cambio de centro.

Por ello se solicitaron informes esenciales: diagnóstico y ubicación elaborado por un equipo multidisciplinario para determinar si el nuevo centro había sido recomendado como idóneo; perfil criminológico extendido por profesionales competentes; número real de internos en Fraijanes II —que supuestamente sufría “hacinamiento”, según el Sistema Penitenciario—; condiciones de seguridad en Renovación 1; protocolos de separación entre grupos rivales; acceso a agua potable, atención médica, alimentación, programas de reinserción, entre otros aspectos.

Nada de eso fue aportado. El Sistema Penitenciario alegó una emergencia y un hacinamiento que nunca acreditó. Y mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura confirmaron lo que ya se intuía: condiciones inhumanas, ausencia de agua potable, aislamiento prolongado, comida en mal estado, falta de atención médica y nula actividad laboral y si una simulación del trabajo. Ninguna de esas instituciones recomendó el retorno al centro original; lo que sí hicieron fue aportar información indispensable para fundamentar una decisión judicial.

Ante ese escenario, la única respuesta jurídicamente válida fue no confirmar el traslado realizado por el Sistema Penitenciario, pues éste se ejecutó en abierta violación al debido proceso. Lo procedente era ordenar el retorno del interno al centro donde se encontraba anteriormente, porque allí su vida estaba menos comprometida al encontrarse junto a otros privados de libertad de la misma estructura —según la propia clasificación del Sistema Penitenciario, los integrantes del Barrio 18 son ubicados en Preventivo Hombres Zona 18 y Fraijanes II—, y donde además podía garantizarse su derecho a la salud. Asimismo, se dispuso que el equipo multidisciplinario elaborara el diagnóstico y ubicación correspondiente para determinar, conforme a la ley, el centro idóneo al cual debía ser trasladado posteriormente.

Pero lo legal terminó convertido en escándalo político.

Los medios le dedicaron una cobertura desproporcionada. Hubo programas radiales y televisivos analizando “el caso”. En el Congreso se cuestionó públicamente a la Procuraduría y al Relator del Mecanismo por cumplir con su deber, e incluso se les amenazó con destitución por rendir un informe técnico. Mientras tanto, la Dirección General del Sistema Penitenciario y el exministro de Gobernación salían bien librados, presentándose como “duros contra las maras”.

El exministro afirmó que con esa resolución “se ponía en riesgo a la ciudadanía”. Los titulares sentenciaron: “Grotesca burla al sistema”, “La jueza que favoreció al crimen organizado”, “La jueza que devuelve a su antiguo centro de operaciones para que continúe las extorsiones”. La mentira viajó más rápido que cualquier explicación jurídica.

Lo paradójico es que nadie dirigió la mirada hacia quien sí debía responder. Fue el Sistema Penitenciario el que ordenó un traslado sin estudios técnicos, sin causal real y sin la documentación mínima que exige la ley. Nadie cuestionó la violación al debido proceso ni la obstaculización directa a la labor judicial. Tampoco se preguntó por qué en Renovación I no existen programas laborales reales y por qué se simulan esas actividades. Toda la atención pública se centró en señalar a la jueza que exigió informes y aplicó la ley.

El Sistema quedó intacto… hasta que el 12 de octubre de 2025 se reveló la fuga de veinte integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II, precisamente el centro del que provenía el interno cuyo traslado intentaron legitimar sin documentación alguna. 

Con la revelación pública de la fuga quedó claro que el enemigo nunca fue la jueza que pidió informes. A la Dirección General del Sistema Penitenciario le molestó que se les exigiera acreditar lo que afirmaban en lugar de aceptar sus decisiones sin cuestionamiento: no están acostumbrados a que se supervise su labor ni a que se les exija cumplir el principio de legalidad. Para evitar cualquier apariencia de interés, presenté de inmediato mi excusa para no seguir conociendo el expediente. Aun así, la narrativa ya había decidido a quién convertir en culpable.

Y aunque la verdad llegue tarde, siempre termina por imponerse y ahora la publicación del Pelex confirma que los traslados —especialmente hacia Renovación I— no responden a la peligrosidad del interno, sino a castigos o a la falta de pago de las sumas exigidas. No se traslada a los más peligrosos: se traslada a quienes no aceptan las dinámicas de cobro que el propio sistema ha convertido en norma.

Ante ello surgen las preguntas que merecen respuesta: ¿Qué papel jugó realmente mi resolución dentro de las dinámicas que luego se revelaron públicamente?  ¿por qué están prófugas las autoridades que me señalaron injustamente? ¿Dijeron la verdad que mi resolución ponía “en riesgo al país” cuando sabían que no era traslado sino una no confirmación de un traslado ilegal realizado por ellos mismos? ¿Por qué ocultaron que el Sistema Penitenciario nunca presentó los informes exigidos, especialmente el dato más básico y verificable: el número de reclusos en Fraijanes II? ¿Qué se intentaba evitar que quedara documentado? 

Al final, lo ocurrido demuestra que no es la legalidad lo que incomoda, sino la supervisión. Y mientras la corrupción penitenciaria siga operando en silencio, habrá quienes prefieran fabricar villanos antes que rendir cuentas.

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