La fábrica de la indignación

Poptun

Hay una imagen que el documental El gran hackeo (The Great Hack) dejó grabada en la memoria colectiva: la vulnerabilidad de nuestros propios datos personales, extraídos sin permiso para diseñar campañas no para informar, sino para influir, dividir y manipular. Cambridge Analytica mostró públicamente hasta dónde podía llegar una industria de perfilamiento psicológico que se sofisticó y se expandió por el mundo.

Hoy, esa estrategia ha evolucionado y se apoya en nuevas estructuras. Una manifestación clara de esto son las granjas digitales, las cuales son, en esencia, una operación organizada para simular opinión pública. Cientos o miles de cuentas —algunas automatizadas mediante bots y otras administradas por personas— actúan de manera coordinada para amplificar un mensaje, desacreditar a un adversario, instalar un rumor o saturar una conversación hasta hacerla prácticamente imposible de razonar.

Su objetivo no necesariamente es convencer. A veces es más sencillo y peligroso: agotar. Agotar al ciudadano: inundar una publicación, convertir la discusión en ataques personales, repetir una falsedad hasta que parezca verdad o conseguir que una persona razonable abandone la conversación por la agresividad.

Cuando el debate racional se vuelve insoportable, la manipulación gana.

El fenómeno suele explicarse mediante términos técnicos, pero reducirlo a un problema tecnológico sería un error. Está en juego la calidad de la convivencia y, en última instancia, la salud de la democracia.

Las granjas digitales no crean necesariamente las divisiones sociales. Lo que hacen es encontrarlas, estudiarlas y explotarlas. Detectan diferencias políticas, económicas, ideológicas o identitarias y las convierten en combustible. En el ecosistema digital, la indignación, el miedo y el desprecio suelen movilizar con mayor rapidez que el argumento.

Por eso, la confrontación ya no se libra únicamente en el terreno de las ideas. Cada vez más se libra en el terreno de las emociones. Para manipular una conversación pública no siempre es necesario convencer. A veces basta con provocar rabia, miedo, indignación o desprecio hacia quien piensa diferente.

Así, el desacuerdo legítimo comienza a transformarse en hostilidad. Ya no se debate una propuesta: se descalifica a quien la plantea. Ya no se cuestiona un argumento: se busca destruir la reputación de quien lo sostiene. El adversario deja de ser un ciudadano con una opinión distinta y se convierte en un enemigo.

Y cuando eso ocurre, la conversación pública deja de ser deliberación y comienza a parecerse a una guerra.

Lo más inquietante es que muchas veces quienes participan en ella no saben que están siendo utilizados. Un ciudadano puede compartir una publicación o sumarse a una campaña creyendo que expresa una opinión propia, cuando en realidad contribuye a una narrativa diseñada para provocar una reacción.

Ese es uno de los grandes peligros de la manipulación digital: no necesita obligar a una persona a pensar de determinada manera. Le basta con crear las condiciones para que crea que llegó por sí misma a una conclusión que alguien más quería que alcanzara. Se trata también de influir en el estado emocional desde el cual una persona reaccionará.

El problema adquiere una dimensión todavía más grave cuando estas prácticas penetran en asuntos de interés público. Elecciones, decisiones institucionales, actuaciones judiciales y políticas públicas pueden convertirse en terreno fértil para campañas de desinformación y operaciones coordinadas.

Guatemala tampoco está al margen de esta realidad. En determinadas coyunturas pueden observarse patrones que deberían despertar atención: perfiles aparentemente espontáneos que repiten los mismos argumentos, publicaciones prácticamente idénticas difundidas de manera simultánea, cuentas concentradas en atacar a determinadas personas o instituciones y avalanchas digitales contra quien expresa una opinión incómoda.

Eso no significa que toda crítica coordinada sea una granja digital, que toda cuenta anónima sea falsa o que todo desacuerdo intenso forme parte de una operación de manipulación. Por eso es necesario actuar con prudencia. Combatir la desinformación no puede convertirse en una excusa para censurar la crítica ni para etiquetar como manipulación cualquier opinión incómoda.

La verdadera defensa consiste en algo mucho más difícil: aprender a distinguir.

La tecnología no es el enemigo. El problema aparece cuando se utiliza deliberadamente para fabricar una apariencia de consenso, ocultar quién está detrás de una campaña, manipular emociones o convertir la mentira en una herramienta de poder.

Frente a ello se necesitan ciudadanos con mayor alfabetización digital, plataformas más transparentes, mecanismos eficaces para detectar operaciones coordinadas y reglas claras sobre la publicidad política y el uso de datos personales. Pero también se necesita algo mucho más sencillo: aprender a detenerse.

Antes de compartir, verificar. Antes de indignarse, preguntar. Antes de atacar, comprobar. Antes de asumir que “todo el mundo piensa así”, preguntarse si realmente se está viendo la opinión de miles de personas o únicamente el eco organizado de unas cuantas cuentas.

Y, sobre todo, hacerse una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia de que una persona esté indignada en este momento?

Porque quizá esa emoción no nació enteramente de ella.

El gran desafío de nuestra época no es únicamente distinguir entre verdad y mentira. Es descubrir cuándo alguien está intentando diseñar la reacción de la ciudadanía frente a ellas. El riesgo es que, mientras las personas creen participar libremente en la conversación pública, alguien esté fabricándola, seleccionando aquello que ven, multiplicando aquello que las enfurece y empujándolas hacia posiciones cada vez más irreconciliables.

La democracia necesita ciudadanos que piensen. Las granjas digitales necesitan ciudadanos que reaccionen.

Entre pensar y reaccionar hay apenas unos segundos.

Quizá defender la libertad, hoy, consista precisamente en aprender a utilizarlos.