El régimen legal tendría que prohibir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad acusados de delinquir, admitir un recurso de amparo destinado a impedir que ellos mismos puedan ser sometidos a procedimiento penal. Por supuesto, si se prohíbe admitirlo, se prohíbe también que puedan otorgar el amparo.
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Esperemos el Congreso haga lo que debe de hacer para garantizar la independencia de poderes. Si no lo hacen, sientan un mal precedente que en el futuro regresará a pasarles la factura.