Contrata nuevo estudio legal por conflicto
Gobierno espera alcanzar una más sólida defensa judicial en Estados Unidos.
El Gobierno argentino oficializó la contratación del estudio jurídico de Nueva York Cravath, Swaine & Moore LLP para el asesoramiento en el conflicto sobre la deuda externa y en posibles negociaciones con los tenedores de bonos ya reestructurados.
Para el Ejecutivo, la actual situación pide un urgente diseño de una “nueva estrategia legal integral”, que englobe no solo los litigios ya en trámite en todo el mundo con los acreedores que no aceptaron los canjes de la deuda y denunciaron al país, sino también las negociaciones con los que sí lo hicieron pero cuyos títulos están en cese de pagos por los fallos del juez Thomas Griesa.
La operación quedó aprobada mediante la publicación en el Boletín Oficial de una decisión administrativa emitida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
“Esta nueva contratación permitirá, por un lado, alcanzar una más sólida defensa judicial en los litigios en curso de la Argentina en los tribunales de los EE. UU. y, por el otro, obtener asesoramiento complementario para el proceso de negociación y una eventual reestructuración de la deuda en estado de cesación de pagos”, especifica el texto.
Al nuevo estudio le corresponderá también el asesoramiento jurídico en “las eventuales operaciones de financiamiento que realice la República Argentina en los mercados de capitales internacionales” para poner fin a los litigios, agrega.
OTRO ASESOR
El Gobierno mantendrá, no obstante, al estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, encargado desde 2002 de las conversaciones con los acreedores del total de la deuda pública que entró en mora en 2001, en medio de una grave crisis económica y social.
A raíz de esas negociaciones, un 92% de los bonistas aceptaron los canjes planteados por Argentina en 2005 y 2010.
Por el contrario, fondos especulativos poseedores de parte de esos títulos que quedaron sin reestructurar denunciaron al país en Nueva York y ganaron el litigio.
Como consecuencia de la negativa a cumplir la sentencia en contra del Ejecutivo encabezado entonces por Cristina Fernández (2007-2015), el juez Griesa, a cargo de la causa, ordenó suspender los pagos a los tenedores de deuda reestructurada desde mediados de 2014.
