Acuerdos de Paz y Guerrilleros Derrotados Convertidos en Políticos Fracasados

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Acuerdos de Paz

El día 29 de diciembre del año 1996, o hace 28 años, funcionarios civiles y militares del Gobierno de Guatemala, y comandantes guerrilleros de la llamada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firmaron el último de los llamados Acuerdos de Paz. Fue un acuerdo de “paz firme y duradera.”

Los guerrilleros desistieron del intento de asaltar el poder del Estado. El Gobierno de Guatemala renunció a la persecución penal de ellos; y el Organismo Legislativo decretó una ley que les confería impunidad por los crímenes que habían cometido, como el terrorismo, el asesinato, el secuestro y la extorsión.

El primer acuerdo había sido firmado el día 25 de julio del año 1991, en Querétaro, México. Era un acuerdo sobre “democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos”. Finalmente fueron firmados doce acuerdos, algunos de los cuales pretendían ser portadores de fabulosas fórmulas destinadas a transformar a nuestro país en un maravilloso paraíso de “justicia social”. 

El Ejército de Guatemala debió intervenir en el proceso negociador de los acuerdos, no solo porque, por mandato de la Constitución Política, era “obediente y no deliberante”, sino también porque aquellos guatemaltecos que se habían servido de él para beneficio de su interés privado, lo abandonaron. Ya no era negocio defenderlo. Las supremas autoridades militares debían haberse abstenido de acatar la orden de intervenir en el proceso negociador, porque era una orden manifiestamente ilegal; pero prefirieron la complicidad. Fue una complicidad que no los eximió de ser, posteriormente, sujetos de persecución penal, proceso penal y sentencia condenatoria, por delitos que nunca han sido cometidos en Guatemala.

Por mandato de la Constitución Política, todos los acuerdos debieron haber sido sometidos a la ratificación o no ratificación del pueblo de Guatemala, mediante plebiscito; pues eran “decisiones políticas de especial trascendencia”. Empero, predeciblemente, no fueron sometidos a esa ratificación o no ratificación, porque ninguno hubiera sido ratificado. Así lo sugirió la no ratificación de la reforma de la Constitución Política convenida en uno de los acuerdos. Adviértase que la reforma fue sometida a ratificación o no ratificación; pero no el acuerdo mismo de reforma.

Los Acuerdos de Paz, por no haber sido sometidos a ratificación o no ratificación del pueblo mediante plebiscito, fueron ilegales. Ningún tribunal judicial declaró esa ilegalidad; lo cual no significa que hayan sido legales. Paradójicamente, con el fin de legalizar esa ilegalidad, fue decretada una ley que declaraba que los Acuerdos de Paz eran acuerdos de Estado. ¡Acuerdos firmados con terroristas, asesinos, secuestradores y extorsionistas eran acuerdos de Estado!

Realmente los guerrilleros nunca constituyeron una amenaza por su temible poder militar; y sufrieron una constante derrota, cada vez mayor, infligida por el Ejército de Guatemala. Precisamente una creciente derrota los obligó a negociar y firmar Acuerdos de Paz, con los cuales podían suscitar la apariencia de que eran victoriosos. No hubo, entonces, un conflicto armado interno o a una guerra interna, aunque ellos, los guerrilleros, y sus socios o sus patrocinadores extranjeros, pretendieron que había un  conflicto tal o una guerra tal. Hubo, empero, una obra de terrorismo, asesinato, secuestro y extorsión que, por supuesto, debía ser combatida; y lo fue, exitosamente. 

Fundación del partido político de los ex guerrilleros

Celebrado el último acuerdo, los derrotados guerrilleros, convertidos en resignados exguerrilleros, fundaron un partido político, cuyo nombre era aquel mismo de la alianza guerrillera: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 

Con su propio partido, los exguerrilleros competirían en procesos electorales, en los cuales presentarían una seductora oferta política, única en la historia de la patria. Entonces el pueblo acudiría jubiloso a las urnas electorales, y les arrojaría torrentes de votos, y les conferiría un triunfo que suscitaría el asombro de los más populares políticos del mundo.

Fracaso electoral del partido

El proceso electoral del año 1999 fue el primero en el que participó el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (aliado con el partido Desarrollo Integral Auténtico). El candidato presidencial fue Álvaro Colom, que obtuvo 13% de los votos; y el partido ganó nueve de 113 diputaciones. Comenzaba el fracaso político de la ex guerrilla. En el proceso electoral del año 2003 se renovó notablemente el fracaso: el candidato presidencial, Rodrigo Asturias, obtuvo 3% de los votos; y el partido ganó dos de 158 diputaciones. El candidato José Efraín Ríos Montt, que había combatido a la guerrilla en municipios de Quiché, triunfó sobre Asturias en todos los municipios de ese departamento. Triunfó, pues, en aquellos municipios de Quiché en los que presuntamente había cometido el delito de genocidio: Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

El fracaso del partido de los ex guerrilleros continuó en el proceso electoral de los años 2007, 2011, 2015, 2019 y en el más reciente: el del año 2023. En este proceso electoral el candidato presidencial del partido, Amílcar Pop, obtuvo 2% de los votos; y el partido ganó solo una de 160 diputaciones. El partido intentó tener éxito, o por lo menos reducir la magnitud del fracaso, mediante alianzas partidarias. Por ejemplo, en el proceso electoral del año 2011 fue parte de la alianza partidaria denominada Frente Amplio de Izquierda; pero el candidato presidencial, Rigoberta Menchú, obtuvo 3% de los votos; y la alianza ganó tres diputaciones. 

Fracaso de los Acuerdos de Paz

Transcurridos 28  años, el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ha fracasado; pero también han fracasado aquellos Acuerdos de Paz que pretendían transformar el Estado de Guatemala según los propósitos de la ex guerrilla. Han fracasado, es decir, no se han cumplido, por siete motivos, por lo menos.

Primero. Los acuerdos no fueron populares:  el pueblo no intervino en la propuesta y en la aprobación de ellos. Fueron meramente acuerdos entre funcionarios civiles y militares, y comandantes guerrilleros, hospedados en lujosos hoteles de México, Noruega, Suecia y España. El pueblo no propuso ni aprobó, por ejemplo, el “acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática”.

Segundo. Los acuerdos estaban destinados principalmente a beneficiar a los pueblos indígenas. Empero, fueron acuerdos ajenos a la historia, costumbre y tradición de los pueblos indígenas. Una prueba de ellos es que no han exigido que los acuerdos se cumplan. No han exigido, por ejemplo, que se cumpla el acuerdo mismo “sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas”, ni han adjudicado el poder del Estado al partido que presuntamente tendría que cumplirlos: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 

Tercero. No pareció sensato que el Gobierno de Guatemala negociara acuerdos con terroristas, asesinos, secuestradores y extorsionistas, es decir, con agentes criminales. Tampoco pareció sensato, entonces, confiar en que, mediante los acuerdos, esos agentes criminales diseñarían el mejor destino político del pueblo de Guatemala. No pareció sensato, por ejemplo, que agentes criminales firmaran un “acuerdo global sobre derechos humanos”.

Cuarto. Se pretendió que los acuerdos constituyeran el programa de gobierno de los partidos políticos, y que el partido gobernante ejecutara ese programa. Empero, legalmente los partidos políticos no podían ser obligados a convertir los acuerdos en su programa político, ni un partido gobernante podía ser obligado a ejecutar ese programa, aunque los acuerdos fueran acuerdos de Estado. Es decir, los acuerdos no podían atentar contra la libertad política. Los partidos políticos gobernantes no tenían la obligación de cumplir, por ejemplo, el “acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”. 

Quinto. Los acuerdos eran manifiestamente ilegales, no solo porque no se permitió que el pueblo los ratificara o no ratificara mediante plebiscito, sino porque ninguna ley otorgaba al Gobierno de Guatemala, autoridad para negociar acuerdos con agentes criminales que, como tales, debían ser sujeto de persecución penal, acusación, proceso judicial y sentencia. No podía ser legal, por ejemplo, que el Gobierno de Guatemala celebrara con agentes criminales, un acuerdo “sobre reformas constitucionales y régimen electoral”.

Sexto. Los acuerdos pretendían que las etnias fueran dotadas de autoridad y poder para tener autonomía territorial, política y administrativa. Realmente se pretendía que cada etnia constituyera un Estado. Se pretendió, pues, de hecho, la disolución del Estado de Guatemala. No era admisible tal disolución, como lo pretendía, por ejemplo, el acuerdo “sobre reformas constitucionales y régimen electoral.

Séptimo. Los acuerdos fueron obras licenciosas de la estupidez, que logró su máximo esplendor en dos acuerdos: el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que era un atentado contra la teoría económica, y el Acuerdo          Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, que era un atentado contra la teoría del derecho constitucional. 

¿Tienen algún valor los Acuerdos de Paz?

Si los Acuerdos de Paz podrían tener algún valor, lo tendrían por tres motivos.

Primero. Revelaron que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala estaba constituida por un ridículo número de guerrilleros, que nunca constituyeron una temible fuerza política. Las facciones insurgentes llamadas Organización del Pueblo en Armas y Ejército Guerrillero de los Pobres eran ficciones de pueblo, de ejército y de pobres.

Segundo. Posibilitaron demostrar, en procesos electorales, que, en general, el pueblo de Guatemala no había sido pro guerrillero y que no estaba dispuesto a ser gobernado por agentes criminales impunes; y que, en particular, tampoco indígenas y pobres habían sido pro guerrilleros.

Tercero. Exhibieron la superficialidad conceptual, la confusión mental, la torpeza intelectual y la miseria teórica de los comandantes guerrilleros.

Post scriptum. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que firmó el último de los acuerdos de paz, el 29 de diciembre del año 1996, era un cadáver. Pretendió resucitar, convertida en partido político; pero pronto se convirtió en un nuevo cadáver, que está sepultado en el cementerio del fracaso electoral, el desprecio popular, la ruina partidaria y la miseria política.

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