Guatemala en situación de vulnerabilidad
Zoon Politikón
El mundo está convulsionado por los conflictos armados, como el de Rusia y Ucrania, el de Israel y Palestina, el de Azerbaiyán y Armenia por la región de Nagorno Karabaj, entre otros. A pesar de que la guerra no es para nada una solución sostenible a los problemas nacionales o internacionales, es más común de lo que se puede imaginar. Olvidando que la paz y la cooperación son elementos fundamentales para construir un mundo mejor.
Toda guerra conlleva complejidad, principalmente porque las armas no son la única manera de combatir. Existen otras formas para desarrollarlas, como la guerra económica que implica básicamente sanciones económicas para dañar la economía del adversario; la guerra cibernética que utiliza la tecnología para dañar los sistemas informáticos del otro; la guerra psicológica que hace uso de propaganda para influir en la opinión pública y desestabilizar al enemigo; y la guerra biológica que utiliza agentes biológicos para enfermar o matar a la población del contrincante.
En Guatemala muy pocos están conscientes que la situación actual está muy próxima a denominarse “guerra interna”, que no necesariamente tiene que utilizar las armas tradicionales de un conflicto armado. El bloqueo violento de las carreteras y de las principales ciudades del país es indiscutiblemente un acto de guerra que se escuda en el “derecho a la manifestación” y con el respaldo de la opinión internacional, limita al Estado del uso de la fuerza para garantizar la libre locomoción y el acceso a servicios básicos como el agua.
Es obvio que el uso de la fuerza por el Estado provocaría inmediatamente la condena internacional por la supuesta violación a los derechos humanos. A pesar de ello, la acción de sitiar a la Ciudad de Guatemala y lugares estratégicos también es una clara violación a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es urgente que todos los sectores involucrados en este conflicto busquen soluciones pacíficas y cooperen para construir un futuro mejor.
Los guatemaltecos deben estar atentos a los bloqueos y la a postura de sitiar poblaciones, ya que estas acciones responden a una estrategia de conflicto planeada para asfixiar a la población con la intención de subyugarla y lograr sus propósitos de poder. Al limitar el accionar del Estado, surge la posibilidad que los guatemaltecos afectados reaccionen utilizando las mismas armas, enfrentando y bloqueando a los manifestantes, cerrándoles sus entradas y salidas. Con esta posibilidad se corre el peligro de que el conflicto suba de intensidad llegándose a una guerra civil declarada. Aunque esta posibilidad pareciera muy remota, es importante estar conscientes de que detrás de las manifestaciones se encuentran personajes conocidos por ser terroristas y por haber pertenecido a organizaciones subversivas.
En las condiciones actuales, el país se encuentra en un situación de vulnerabilidad debido a la falta de acción por parte de las fuerzas de seguridad. La falta de voluntad política del gobernante y la ausencia de respaldo para actuar han dejado a estas fuerzas anuladas. Además, el temor a las represalias conocidas en el pasado ha llevado a que nadie esté dispuesto a actuar. Por los sucesos pasados, en la cumbre de Alaska, personal de seguridad ciudadana es procesado penalmente y este proceso lleva casi 11 años sin resolverse. Este escenario limita el actuar de la autoridad y pone en peligro la soberanía de Guatemala. La intervención de actores foráneos que buscan anular al Estado con la finalidad de imponer intereses supranacionales agrava aún más esta situación.
En las condiciones actuales, Guatemala se encuentra ante la incertidumbre por la complejidad de la situación, la cual beneficia únicamente a ciertos actores. Por ejemplo: el presidente electo ha dado muestras de no querer ser investigado por temor a no tomar posesión; el presidente en funciones busca que a su retiro no sea investigado por señalamientos de corrupción tanto de él como de sus más cercanos. La mayoría de los partidos políticos no desean que la investigación en contra del movimiento semilla continue, ya que podría salir a luz la realidad del proceso electoral desde su inicio, en donde ellos también pueden ser afectados legalmente por las anomalías en su inscripción. El Tribunal Supremo Electoral a peleado a capa y espada en contra del Ministerio Público por temor a que se descubran anomalías en el proceso electoral. Los líderes de los bloqueos necesitan que estos continúen ya que de eso dependen sus ingresos inmediatos.
Es de esperar que, si el Estado no actúa en contra de los bloqueos y su extorsión, en el futuro cercano cualquier mafia organizada utilice esta estrategia para alcanzar sus fines y salir impunes. La población sana y trabajadora no puede permitir que continúe la extorsión, ya que eso implica entregar el futuro de hijos y nietos.
La renuncia de los funcionarios del Ministerio Público no procede, en virtud que la ley los asiste. Además, su renuncia conlleva más problemas en el futuro, ya que con este precedente negativo se estimula la opción del delito a través de bloqueos violentos, amenazas, saqueos y cierre ilegal de negocios.
En la situación actual, lo procedente es que continue el proceso electoral hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades. Paralelamente que continue el debido proceso según lo establece la ley para asegurar la investigación tanto a partidos políticos como a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Si hay indicios suficientes, también se debe investigar a cualquier funcionario acusado de corrupción, incluyendo al actual presidente si ese fuera el caso. Todo ello con la finalidad de que prevalezca el imperio de la ley y la aplicación imparcial de la justicia.
Le invitamos a leer más del autor:
