La corrupción (1)

Una Guatemala Diferente Es Posible

El concepto más aceptado de corrupción indica que se trata del «abuso del poder para beneficio propio» (Transparencia Internacional: 2009). Implica el desvío en el uso o ejercicio de un poder conferido, sea en el ámbito público o privado, con el propósito de lograr un beneficio personal o de ciertos grupos, afectando el interés o bien común. Hasta hace pocos años, la corrupción se asociaba con énfasis exclusivo al Gobierno y los funcionarios públicos, pero esta perspectiva se modificó de manera significativa en las dos últimas décadas, al tomar conciencia del papel protagónico que las empresas (nacionales y transnacionales) o actores privados pueden jugar en la corrupción.

Al no existir una definición universal consensuada (ni siquiera en las convenciones internacionales), prevalece el criterio de que la corrupción cambia de acuerdo con el lugar, el tiempo y la sociedad, se trata de un fenómeno universal con manifestaciones particulares en cada época y en cada nación (González Llaca: 2005). De acuerdo con Klitgaard (1984: 13), cada país posee una política, cultura e historia que afectan «tanto la forma de corrupción como las maneras de combatir esa corrupción», en otras palabras, pese a que la corrupción es un fenómeno que ha existido siempre (Tortosa: 1994), la diferencia se encuentra en la forma en que los Estados reaccionan para contrarrestar sus efectos nocivos.

La mayoría de las personas asocian la corrupción únicamente al pago de sobornos, sin embargo, es propicio aclarar que más bien representa un término genérico que engloba varias conductas reguladas habitualmente en los códigos penales de los países, a través de figuras delictivas tales como: cohecho (o soborno), peculado, malversación, nepotismo, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, etc, la prevalencia de estas conductas varía de un contexto a otro, en función de los actores, procesos, instituciones e incentivos involucrados en cada caso.

Existe un consenso unánime en la identificación de los efectos que tiene la corrupción, amenaza la estabilidad política y la seguridad de las sociedades al impactar en la pérdida de credibilidad en el Gobierno y la administración pública, agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, interfiere en los mecanismos para la adecuada asignación y administración de los recursos públicos y acentúa las desigualdades sociales al anular las políticas gubernamentales orientadas a combatirlas, comprometiendo el desarrollo sostenible y el imperio de la ley (Arcila Niño: 2000).  En la actualidad preocupan los costos sociales que derivan de este problema, de ahí la elaboración de estudios que tratan de vincular las estrategias anticorrupción con los derechos humanos.

Esto no es más que una introducción teórica al problema que genera la corrupción en el país, lo importante es que efectivamente el gobierno que preside el Presidente Bernardo Arévalo, ha decidido enfrentar la corrupción en toda su magnitud y debemos de respaldarlo en esta lucha, que debe empezar por trasparentar y publicitar los actos de gobierno.

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Le invitamos a leer más del autor: