La Corrupción y el Narcotráfico: Socavan Guatemala
Barataria
El viernes último, el 4 de Abril, en Colombia fue capturado el guatemalteco Cristhian Estuardo Vaides Fión. La captura de un ciudadano guatemalteco en territorio colombiano no llamaría la atención, sino porque el señor Vaides Fión, apodado “El Tuerto” o “La Mente Maestra” lo solicita la Corte del Distrito este de Texas en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas. Según la información proporcionada por las autoridades colombianas el guatemalteco ya era muy conocido para ellos y se le conocía como “el tuerto” o “la mente maestra” y tenía funciones muy específicas en las organizaciones de narcotraficantes ya que organizaba el trasporte de los cargamentos de cocaína coordinado su trasporte desde Colombia por toda Centroamérica y, asociado con otros cargamentos entraban en México a Estados Unidos. Es decir que este guatemalteco resultaba ser una pieza clave dentro de las bandas de narcotráfico que mantenía su base de operaciones en su país, Guatemala pero que ya estaba siendo investigado y buscado por las autoridades estadounidenses.
Aunque la noticia en Guatemala no tuvo un gran impacto, de hecho, el gobierno guatemalteco no ha informado de ella, lo cierto y verdaderamente lamentable resulta ser que Cristhian Estuardo Vaides Fión alias el Tuerto o La Mente Maestra, tenía una circular roja por la Interpol, es decir que existía una solicitud de búsqueda y detención provisional en todos los países incluyendo naturalmente a Guatemala. Y es aquí en donde todo este asunto cobra relevancia ¿Cómo es posible que un ciudadano que tiene una circular roja de la Interpol pueda entrar y salir de Guatemala sin que sea capturado? ¿Cómo es posible que el señor Cristhian Estuardo Vaides Fión haya podido evadir tanto a las autoridades guatemaltecas tanto tiempo? ¿Qué explicación tiene para ello el Ministro de Gobernación y el Gobierno de la República? ¿Cómo es posible que este guatemalteco, buscado internacionalmente con acusaciones serias de narcotráfico sea contratista del Estado?
Al margen de lo anterior, resulta totalmente deleznable que este personaje, acusado seriamente de narcotráfico, haya realizado sendos negocios con el Estado de Guatemala, es decir que era contratista del Estado y conseguía muchos contratos que el estado benévolamente le otorgaba. Así el guatemalteco acusado con serios cargos de narcotráfico que lo hacían el más buscado de Guatemala era todo un “señor honorable” en nuestro país para las autoridades guatemaltecas que “le contrataban para hacer obra pública” con jugosos contratos de varios millones de quetzales. De tal manera que, a través de una empresa individual Constructora HV (hay que notar que no era ni siquiera una Sociedad Anónima para que ocultara su nombre), realizó negocios con municipalidades de Cahabón, San Pedro Carchá, Cobán, Camotán y San Pablo Jocopilas además de realizar negocios con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social facturando cientos de millones de quetzales, es decir que el acusado de ser un narcotraficante más buscado en Guatemala lavaba el dinero producto de sus negocios ilícitos con dinero del Estado. O sea que acusado de narcotráfico y el Estado eran socios en la tarea de limpiar el dinero que presuntamente recibía de sus operaciones ilícitas con dinero que el Estado de daba generosamente con contratos.
No solo es eso, también la SAT detectó que en el famoso caso B 410 que el Superintendente acorralado, Marco Livio Diaz, tuvo que denunciar cuando el fraude estaba consumado y su jefe Alejandro Gimattei a quien protegió ya no estaba en el poder; mencionó que en el listado de la SAT uno de los contratistas fraudulentos que evadieron impuestos al no declarar lo facturado a ciencia y paciencia de la SAT, fue precisamente el acusado de ser el narcotraficante más buscado de Guatemala, el Tuerto o la Mente Maestra. Y, en el informe de la SAT destaca que no declaró impuestos por, al menos 240 millones de Quetzales.
Lo grave resulta ser el hecho de que un individuo, acusado de ser una pieza clave del narcotráfico internacional haya operado a sus anchas en Guatemala durante varios años, a ciencia y paciencia del Estado Guatemalteco, cuyo gobierno no mueve un dedo para perseguir a este tipo de crimen internacional, sino que contrariamente le provee de plataformas para poder lavar todo el dinero producto de narcotráfico a través de contratos del Estado, los cuales seguramente fueron otorgados a dedo como suele hacerse y recibiendo la espléndida comisión que al final se llevan las autoridades. Habrá que ver cuántos bolsillos de las autoridades municipales y de los ministerios involucrados se llenaron del dinero producto de la corrupción.
Como vemos en este caso, el narcotráfico unido a la corrupción está socavando y destruyendo paulatinamente el país, porque a estos dos graves problemas se suma el crimen organizado. No es posible considerar que en Guatemala no solo hay corrupción con los contratos de obra pública, sino que también estos contratos sirven para lavar dinero producto del crimen organizado, del narcotráfico, porque esto hace que el Estado de Guatemala sea cómplice de estos delincuentes y además de ello, hace que poco a poco Guatemala se vaya acercando a ser un Narco Estado. Resulta claro que si en Guatemala los acusados de narcotráfico o presuntos narcotraficantes pueden ser contratistas del Estado, suscribiendo contratos millonarios, evadir impuestos, depositar en los bancos millonarias cantidades de dinero a cuentas que reciben de contratos de una empresa individual lo cual no es normal y encima de todo seguir recibiendo contratos con el Estado; representa un caso muy claro de complicidad del Estado con el narcotráfico, lo que manifiesta la podredumbre que está aquejando al país y demuestra hasta qué punto los carteles de la droga han ganado muchos espacios en Guatemala.
Ya no solo es cuestión de dinero sucio circulando en Guatemala, sino que ahora el mismo Estado de Guatemala a través de la corrupción, les otorga contratos para que puedan usar estos de pantalla, de Lavamatic, para que este dinero pueda circular tranquilamente en bancos del sistema, en el mercado nacional y pueda incluso ser utilizado para financiar campañas políticas porque el mismo Estado les ha proporcionado una fórmula para que su dinero termine siendo legal. Cambiar la forma de contratación de obra pública, impulsar investigaciones serias por el Ministerio Público y que la SAT y la Superintendencia de Bancos se tomen en serio su papel, podrían ayudar mucho a que este dinero no sea utilizado para seguir comprando voluntades e instituciones como hasta ahora, porque de lo contrario lamentaremos cuando poco a poco el Estado le vaya cediendo territorio a las bandas de narcotráfico y crimen organizado.
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