OpiniónColumnas

La Superintendencia de Competencia y la Piñata del Estado

Barataria

Guatemala es un país que difícilmente se queda sin materia prima para los medios de comunicación por todas las noticias que surgen en el día a día y para los columnistas hasta tenemos tres o cuatro temas que tratar cada semana. Es así que entre el día a día, pasan las semanas sin que se logren tocar temas importantes como el que el día de hoy nos ocupa.  En efecto, desde inicios de este año resultó noticia la actitud de los miembros del directorio de la Superintendencia de Competencia. 

La Superintendencia de Competencia es una institución del Estado de reciente creación que tiene entre sus objetivos principales promover, proteger y garantizar la libre competencia en los mercados, es decir prevenir y sancionar las prácticas monopólicas o colusorias de las empresas y eliminar las barreras a la competencia. Dicho en otras palabras, monopolios y prácticas colusorias como la venta de medicamentos, las telefónicas, la venta de las gasolinas y otras por el estilo deberían ser objeto de la recién creada institución.

Los miembros de la comisión son los señores tres directores titulares y tres suplentes: Javier Enrique Bauer Herbruger, Luis Guillermo Velásquez Pérez. Edgar Rolando Guzman Fuentes, Alfredo Skiner-Klee Sol, Jorge Mario González Paz, Jorge Alberto Santiago Chen Sam. Como característica principal la mayoría de miembros del directorio son “hijos de papi”, quienes tienen más experiencia sacando cursos en universidades de aquí y de allá y menos experiencia laboral. La mayoría de estos no tienen más experiencia que la de estar laborando en el despacho legal de su papá o sea nunca se han enfrentado a una realidad laboral y muchos de ellos han tenido contratos con el Estado aquellos contratos que se les facilita a quienes piden favores. Salvo algunas excepciones apellidos como Velásquez, Skinner, Chen Sam van de lo mismo.

Aunque nadie puede negar la necesidad de crear un ente para garantizar la libre competencia esta institución,  al igual que en su momento fue el Ministerio de Desarrollo y el Instituto para la Atención de la Víctima, han caído víctimas del clientelismo y la piñatización de los recursos del Estado que ya es pan de cada día en Guatemala en donde los millones y millones de quetzales vuelan libres al viento.  Así como quien dice agua va y agua viene, los ilustres, honorables, capaces y eficientes miembros del consejo ni lerdos ni perezosos procedieron a fijarse el salario y emolumentos que iban a tener puesto que esta era una de las primeras medidas iniciales urgentes para “garantizar la libre competencia”.

El escándalo inició dada la filtración a los medios de comunicación que los señoritos hijos de papi, deseaban tener salarios con los cuales no compitieran el guatemalteco promedio que vive al día con un salario que no le ayuda a cubrir sus necesidades básicas.  Así, decidieron que su salario debería ser el de 75,000 quetzales mensuales, se habla de que al menos pretendían ganar 20 veces el salario mínimo.  Para algunos hijos de papi, que están en el Directorio y que nunca han trabajado formalmente (hay varios allí) su primer trabajo formal es con el Estado y no entran como simples gatos a empezar a picar piedra en una institución, claro hay influencia de sus progenitores y resultan siendo directores y con salarios estratosféricos. 

Luego de discusiones aquí, citaciones al Congreso de la República por allá y la presión social que se asombraba de qué los nóveles Directores se hubieran auto fijado un salario de película que no es muy común ni en la iniciativa privada, a menos que sean industrias transnacionales por lo que decidieron “hacernos un favor a todos los guatemaltecos” de reconsiderar su altísimo salario recordándolo en la suma de más de 50,000 quetzales aún así un altísimo salario para que en realidad van a rendir puesto que estoy seguro, al final de este año, o el otro año o al final del periodo Guatemala va a seguir con los mismos problemas de competencia, pero siete personas (su Superintendencia y los Directores titulares y Suplentes de SICOM) se habrán embolsado la suma de 2 millones 400 mil quetzales cada uno. 

Bien decía el fallecido Pepe Mujica, que a los que les gusta la plata hay que correrlos de la política, porque la política no es para enriquecerse y que si hay algún hijo de puta que le guste la plata que vaya a trabajar a la iniciativa privada. En Guatemala, es común que los funcionarios públicos tengan salarios exorbitantes y que no sean para nada eficaces en la función pública ya que contrariamente son cada día más corruptos pese a tener un salario de altura.

Los Directores y el Superintendente de Competencia no pudieron nunca justificar ante los Diputados del Congreso que les interrogaron, que han realizado durante los meses finales del año 2025 y estos meses del 2026 ya que en muchas de las reuniones que tuvieron (de las cuales también ganan dietas) solamente discutieron cuanto se iban a fijar de salario para “empezar a trabajar” y muchos de ellos haciendo gala de su estupidez manifestaron que para ellos el salario de 75 mil quetzales era muy elevado y que habían propuesto un salario de 45 mil quetzales es decir un salario alto pero no tan alto. 

Al final de cuentas el chiste se cuenta solo: Los honorables y honrados directores dieron marcha atrás para fijarse un salario de todos modos altísimo por sus grandes servicios que harán a la patria, pero eso sí no renuncian a que, retroactivamente, se les pague lo que ya devengaron aunque nunca fueron a hacer nada sino a discutir su propio salario.

Lo que está sucediendo en Guatemala es algo muy serio, cualquier institución decide sus salarios que provendrán de una asignación presupuestaria de la cual deberían de distribuir entre dos grandes rubros: gastos de funcionamiento destinado a salarios y gastos de propios de cada institución y gastos de inversión destinado a desarrollar de una manera eficiente a la función pública. Al no existir normas que determinen los porcentajes de estos dos rubros, resulta que cada institución ejecuta mucho, pero se gasta en funcionamiento, poco se va a inversión.  Siendo muy común en algunas instituciones que, al no haber ejecutado gran parte de su presupuesto a inversión, terminan haciendo una piñata con los dineros públicos mediante bonos que dan a veces a finales de año.

La eficacia de las instituciones en muchos casos es casi nula, cada año consumen gran cantidad de dineros públicos pero evidentemente no logran sus objetivos principales.  Tenemos muchas instituciones en Guatemala que son elefantes blancos, no hacen nada más que existir sin función alguna.   El Estado se ha convertido en una verdadera piñata a la que simplemente se le golpea para que de lo dulces.  Se crean instituciones, se les asigna presupuestos altos, sus funcionarios por lo regular llegan a dedo, con cuello, porque son hijos de papi, por recomendación y casi nunca por meritocracia.  Consumen grandes cantidades de dinero en salarios y prebendas, pero al final su eficacia no se percibe por ningún lado porque siempre el pueblo siga de mal en peor.

Lo que ha sucedido en la Superintendencia de Competencia cuyos directores se han burlado abiertamente del pueblo ya tiene su sanción moral, dado que si los directores recularon y se auto redujeron el sueldo es porque argumentativamente no se podría sustentar tales salarios altísimos y por ello se dieron cuenta que al saberse públicamente nadie aprobaría lo que hicieron a escondidas.  

Sin embargo, queda el aspecto ético, si estos funcionarios van ha hacer bien su trabajo para justificar el altísimo salario que devengan.  Mi opinión personal es que, al final del periodo de los hijos de papi, no habrá ningún efecto para frenar los monopolios y practicas colusivas y de competencia desleal que afecta la competitividad del país y saldrán con dinero en sus bolsillos y quizá hablaran de que no pudieron hacer nada porque los Tribunales, el MP, el Congreso, la CC y otras instituciones no hacen bien su trabajo, cuando en realidad a quienes escogieron en esos cargos es gente que le falta capacidad para desempeñar el cargo.

A veces cuesta reconocer aquel dicho de que “el dinero público alcanza cuando nadie se lo roba o lo hace piñata” en Guatemala no hay presupuesto que alcance cuando todo el dinero que entra los funcionarios lo primero que piensan es en ver con cuánto dinero en sus cuentas bancarias van a salir y, de ser posible, si después de ser funcionarios se vuelven empresarios es mejor.  Porque en Guatemala el camino para ser empresario es primero ser funcionario público y luego montar empresas con el dinero que “se ganan” esforzándose en servir a la patria.

Area de Opinión
Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

Avatar de Emilio Estrada