Reformas Constitucionales a la Administración de Justicia

Barataria

La semana recién pasada el presidente Giammattei anunció su intención de plantear una serie de reformas constitucionales para la administración de la justicia, especialmente en lo que se refiere a la designación de Magistrados tanto para la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y sus respectivos periodos.

Este planteamiento lo hace en medio de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, pandemia esta que aún no cede en Guatemala ya que vemos como día con día los casos de contagio aumentan y no se ve, al menos por el momento una luz al final el túnel, pese a que el gobierno ha principiado por plantearse un plan para volver a las actividades económicas, mismas que de hecho ya funcionan en un alto porcentaje si vemos la movilidad de los guatemaltecos a diario en el país. Entendemos que el manejo de la crisis que inició bien por parte del señor Giammattei, por muy poco tiempo, pero que cedió en su complacencia con el sector económico abriendo espacios de hecho, con distorsión de la información, traslado de información ambigua que ha producido en Guatemala que tras más de dos meses de “confinamiento” con prohibición para muchas medianas y pequeñas empresas así como trabajadores de la economía informal, los casos vayan en aumento cuando debieron de disminuir pero el mal manejo de la crisis ha causado todo esto, ahora esperaremos a que la crisis sanitaria vaya cediendo. Pues bien, en medio de esta crisis el señor Giammattei se propone, ante la inminente elección de Magistrados por el Congreso de la República, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad; iniciar un proceso de reformas constitucionales en relación con el sector justicia.

Aunque de todos es sabido que el sector justicia necesita cambios profundos, debido a que el modelo de Comisiones de Postulación se ha pervertido, también es necesario entender el momento histórico y político para abanderar una acción de esta naturaleza.  En efecto, hay que entender que la legitimidad para promover cambios a la Constitución radica precisamente en que las mismas se promuevan con base a intereses de la colectividad, intereses legítimos y sociales en el presente caso resulta evidente que el presidente Giammattei se ha apresurado a iniciar este proceso con el fin primordial de controlar perversamente los destinos de las cortes debido a la inminente elección de las magistraturas por parte del Congreso de la República, organismo del Estado al que la Corte de Constitucionalidad le fijó plazo para proceder a la elección el cual se encuentra vigente y contando.  Es por ello, que en medio de una crisis sanitaria que merece mayor atención y los problemas climáticos de depresiones tropicales que afectan con lluvias en el país, el presidente prefiere “aventarse” a promover en medio de todo unas reformas constitucionales que necesariamente deberán esperar.

Para nadie es un secreto que los esfuerzos del señor Giammattei de controlar el Congreso de la República dieron sus frutos al inicio de su mandato cuando una alianza promovida desde el seno del partido que lo postuló para la Presidencia de la República logró como caso inusitado controlar la Junta Directiva del Congreso, cuyo presidente actual el Diputado Allan Rodríguez es uno de sus “achichincles” (dicho en el sentido literal de la palabra).  Sin embargo en medio de esta crisis sanitaria ya se evidenció que la alianza que mantenía el poder en el Congreso esta “pegada con chicle” puesto que al momento de discutir si se aceptaba el Veto del señor Giammattei sobre el Decreto 15-2020 (Que limitaba el corte de energía eléctrica, internet y otros servicios) el Congreso voto mayoritariamente a favor de rechazar el veto presidencial y en contra únicamente voto el ya mencionado señor Rodríguez (he allí lo de achichincle).  Ante esta perspectiva, el señor Giammattei entiende que no puede arriesgarse a la votación en el Congreso para elegir a quienes años después de terminado su periodo presidencia, le podrán juzgar a él y todos sus secuaces de cuanto desmadre haya realizado en el ejercicio del poder y por ello, se apresura a promover las mencionadas reformas.

Las reformas como tales buscaran el consenso de muchos sectores, pero deberá ser incluyente, los aspectos intrínsecos de la reforma que discutirlos nos llevará el espacio de otra columna, otorga poder a ciertos sectores del país.  Resulta interesante matizar que elevar el número de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, u otorgarle la facultad de designar directamente aspirantes, puede que en el papel se vea muy positivo, pero para nadie escapa que mientras no se eliminen los lastres de “compra de poder”, caciquismo político y la influencia de ciertos grupos de poder que fuertemente ha logrado penetrar en la USAC, no digamos en el Colegio de Abogados de Guatemala que es una institución opaca y utilizada políticamente, así como la “facilidad” de quien quiere “poner su universidad” aunque no tenga ni siquiera campus establecido en ningún lugar y que el CEPS fácilmente lo autorice dependiendo de quién quiere establecer esas universidades de garaje. No podremos pensar en la objetividad para designación de Magistrados.

Caso aparte resulta que al presidente Giammattei le interesa más promover reformas al sistema de justicia, que es muy necesario claro está; que promover una verdadera reforma del sistema electoral y especialmente del sistema de partidos políticos que es el verdadero cáncer y raíz de todos los males en Guatemala, porque mientras estemos con un sistema electoral  que se vende al mejor postor, que permite la exclusión, el caciquismo político y el financiamiento electoral “bajo la mesa”, el sistema de justicia, con cualquier tipo de reforma seguirá siendo el mismo.

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