Acuerdo 164, el desafío de aplicarlo
Poptun
La gestión de residuos sólidos en Guatemala es una crisis ambiental y social que crece silenciosamente, pero cuyas consecuencias se vuelven cada vez más evidentes. En la Ciudad de Guatemala se generan más de 3,200 toneladas diarias de basura sin clasificar, de las cuales solo un 5% se recicla. Esto significa que el resto de los desechos terminan en vertederos saturados, botaderos clandestinos o cuerpos de agua, con un impacto devastador para el medio ambiente y la salud pública.
Uno de los datos más preocupantes es la proliferación de basureros clandestinos. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el país existen cerca de 10,000 de estos sitios ilegales, donde los desechos se depositan sin control, generando gases de efecto invernadero y contaminando suelos y ríos. No es casualidad que los principales cuerpos de agua en Guatemala estén gravemente afectados por la basura. El lago de Amatitlán, por ejemplo, recibe anualmente toneladas de desechos arrastrados por el río Villalobos, mientras que el Motagua se ha convertido en un canal de desperdicios que terminan en el mar Caribe, afectando incluso a países vecinos.
Esta crisis tiene varias causas. Por un lado, el crecimiento urbano e industrial ha generado un aumento en la producción de bienes y servicios, lo que se traduce en más residuos. Sin embargo, la infraestructura de recolección y tratamiento de basura no ha evolucionado al mismo ritmo. Muchas comunidades no cuentan con servicio de recolección formal, lo que obliga a los habitantes a quemar sus desechos o arrojarlos en cualquier espacio disponible. Por otro lado, la falta de educación ambiental y la ausencia de una cultura de reciclaje han llevado a que la clasificación de residuos sea prácticamente inexistente en la mayoría de los hogares guatemaltecos.
El Acuerdo Gubernativo 164-2021, que recientemente entró en vigencia, busca regular la gestión de residuos en el país, estableciendo directrices para su recolección, clasificación y disposición final. Este reglamento es un paso en la dirección correcta, ya que obliga a los municipios y a los generadores de desechos a implementar estrategias para minimizar el impacto ambiental de la basura. También introduce el concepto de responsabilidad compartida, lo que significa que no solo el gobierno, sino también las empresas y los ciudadanos deben asumir su rol en la gestión de residuos.
Sin embargo, aunque el Acuerdo 164-2021 es una regulación necesaria, su impacto seguramente será limitado debido a la falta de cumplimiento y supervisión. Muchas municipalidades no cuentan con los recursos para implementar un sistema eficiente de recolección diferenciada, y la mayoría de los ciudadanos aún desconoce la normativa.
Para que esta regulación no se quede solo en el papel, es urgente que el gobierno refuerce su aplicación, que las empresas asuman su responsabilidad ambiental y que la sociedad en general se involucre en la reducción y correcta gestión de los residuos. Si todos hacemos nuestra parte, el Acuerdo 164-2021 puede convertirse en una herramienta clave para transformar la crisis de la basura en una oportunidad para un país más limpio y sostenible.
El Acuerdo nos obliga a clasificar la basura en tres categorías principales: residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables. Sin embargo, en la práctica, esta clasificación se vuelve inútil si no existe un sistema de recolección que garantice que los materiales reciclables realmente sean aprovechados y no terminen en el mismo vertedero que el resto de los desechos.
El reciclaje en Guatemala es una industria con potencial, pero que sigue siendo incipiente. Muchas personas han encontrado en la recuperación de materiales una forma de subsistencia, separando plástico, cartón y aluminio en los vertederos para venderlos a recicladoras. Pero este esfuerzo individual no es suficiente para enfrentar la magnitud del problema. Se necesitan políticas públicas que incentiven el reciclaje a gran escala, programas educativos que promuevan la reducción de residuos desde la fuente y, sobre todo, un compromiso real por parte de los ciudadanos.
La solución a esta crisis pasa por tres acciones clave: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa consumir de manera más responsable, evitando productos con exceso de embalaje y optando por alternativas reutilizables. Reutilizar implica darles una segunda vida a los materiales en lugar de desecharlos inmediatamente. Y reciclar supone un compromiso con la correcta separación de residuos, asegurando que los materiales reciclables puedan ser reintegrados a la cadena productiva.
No obstante, es evidente que necesitamos un cambio de mentalidad y más allá de la responsabilidad individual es fundamental exigir a las municipalidades del país, cambios estructurales. Se necesitan inversiones en infraestructura para la gestión de residuos, la implementación de plantas de tratamiento y el fortalecimiento de los programas de recolección selectiva. También es crucial que se fomente la responsabilidad extendida del productor, obligando a las empresas a asumir el impacto ambiental de los productos que ponen en el mercado.
Si seguimos ignorando este problema, la basura no solo nos rodeará, sino que nos sepultará. La crisis de los residuos sólidos en Guatemala es un problema de todos, y la solución depende de un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, empresas y autoridades. No podemos seguir postergando las decisiones necesarias para enfrentar esta situación. El momento de actuar es ahora.
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