Impunidad: El Verdadero Cartel Intocable
Poptun
Cuando Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para clasificar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, la noticia generó reacciones encontradas. Para algunos, era un paso necesario para combatir el tráfico de drogas y la violencia que generan estos grupos. Para otros, era una excusa para justificar intervenciones militares en países soberanos.
No obstante, de cualquier opinión de apoyo o en contra respecto a esa orden ejecutiva, la realidad es que el narcotráfico en el mundo representa una de las principales amenazas a la seguridad, la justicia y el desarrollo social. En el país, su impacto se refleja en la violencia, la corrupción y la cooptación de instituciones, mientras que a nivel global alimenta redes criminales que trascienden fronteras.
El narcotráfico y el lavado de dinero están estrechamente vinculados, ya que este último es el mecanismo que permite a las organizaciones criminales ocultar, legitimar y reinvertir las ganancias obtenidas del comercio ilícito de drogas. A través de complejas redes financieras, empresas fachadas, transacciones internacionales y el uso de criptomonedas, los narcotraficantes logran integrar sus recursos en la economía formal, debilitando los sistemas de control y facilitando la corrupción en distintos niveles del Estado.
Sin embargo, el narcotráfico y el lavado de dinero parecen estar en vías de «desaparición» en el país. Por eso, si Trump hubiera consultado a las instituciones de justicia en Guatemala, habría descubierto una fórmula más sencilla para hacer que un problema deje de existir: la impunidad. En el país centroamericano, las condenas por narcotráfico y lavado de dinero han caído drásticamente. Las pocas que se dictan en la actualidad apenas representan una molestia para los involucrados. Se ha llegado al punto en que, en algunos casos, el Estado no solo absuelve a los acusados, sino que hasta les devuelve el dinero incautado.
Las sentencias antiguas por narcotráfico contrastan con el panorama actual. Hoy, los procesos judiciales relacionados con el crimen organizado parecen una puesta en escena donde los fiscales sólo piden penas mínimas. En el caso del lavado de dinero como producto de narcotráfico, la situación es aún más absurda: las sentencias actuales se enfocan en el delito de conspiración para el lavado, los jueces conceden penas conmutables y los condenados terminan pagando cifras irrisorias para evitar la cárcel, con penas de escasamente cuatro años de prisión, conmutables a razón de cinco quetzales diarios.
En este tipo de sentencias, aquí es donde entra en juego el famoso “perdón judicial”. Según el Código Penal, este beneficio solo debería aplicarse en casos excepcionales, cuando se cumplen requisitos como que el condenado sea un delincuente primario, que la pena no supere el año de prisión o consista en multa. Sin embargo, en la práctica, algunos jueces guatemaltecos han utilizado este recurso para absolver del pago de las penas de multa a personas condenadas por lavado de dinero y ordenan devolver cauciones económicas de montos millonarios.
Esto plantea una pregunta inevitable: ¿se ha reducido el narcotráfico en Guatemala o simplemente se ha vuelto invisible en los tribunales? Porque mientras las estadísticas muestran una disminución en las sentencias, la realidad en las calles y las rutas de tráfico de droga cuenta otra historia. El narcotráfico no ha desaparecido; simplemente ha aprendido a moverse con impunidad.
El impacto de este sistema es devastador. No solo debilita la lucha contra el crimen organizado, sino que también manda un mensaje peligroso: traficar drogas y lavar dinero en Guatemala es un negocio de bajo riesgo. Si un caso llega a juicio, hay altas probabilidades de que el proceso se diluya entre tecnicismos, penas simbólicas y perdones judiciales.
La ironía de todo esto es que mientras Trump impulsa políticas agresivas para combatir a los cárteles, la justicia guatemalteca parece seguir una estrategia opuesta: normalizar la impunidad. Quizá la Casa Blanca debería analizar el modelo guatemalteco con más detenimiento. No porque funcione para erradicar el crimen, sino porque muestra cómo un sistema judicial débil puede convertirse en el mejor aliado del narcotráfico.
Mientras tanto, la guerra contra las drogas sigue siendo una batalla desigual. En algunos países, se combate con operativos y estrategias de seguridad. En otros, como Guatemala, se resuelve con un sello judicial, un par de firmas y una sentencia conmutable. Y así, el narcotráfico sigue operando, solo que ahora con el respaldo de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado.
En la lucha contra el crimen organizado, la impunidad es el verdadero cártel intocable.
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