El Amparo y la Judicialización de la Política 2.0
Barataria
Siempre he querido pensar que los constitucionalistas al redactar y discutir la Constitución analizaron que después de años de dictaduras militares en la que los ciudadanos no tenían ninguna protección contra el poder publico y los abusos del poder, necesitaban un instituto legal que les permitiera instar a una protección de sus derechos fundamentales en contra de los actos más maliciosos de ese poder público.
La acción de amparo, de acuerdo a la Constitución, se extiende a todo ámbito posible así, el artículo 265 establece “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo”. Al desarrollarse la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se plantearon los requisitos para la presentación de amparo, así como el orden de los tribunales que conocerían en primera instancia dichos amparos. En fin, una acción tan importante y necesaria para la prevalencia del Estado de Derecho, terminó siendo precisamente la acción que esta socavando el orden jurídico del Estado.
En efecto, la institución del amparo ha sido utilizada por muchos litigantes para detener procesos judiciales, para atrasar el trámite, ha sido utilizado por el mismo poder público para detener procesos planteados por particulares, porque en Guatemala cualquier institución (es decir el mismo poder público) puede plantear amparos, lo hace el mismo Ministerio Público en los procesos que ha incoado en los juzgados. Al final de cuentas, la institución del amparo necesita una revisión exhaustiva, partiendo por la revisión de qué tribunales pueden conocer del amparo, que en todo caso debería ser únicamente la Corte de Constitucionalidad y en qué momento podría admitirse el planteamiento del amparo, porque en el modelo actual el Amparo no brinda seguridad jurídica, sino que, contrariamente, la quita.
Desde hace algunos años el Amparo ha sido utilizado para judicializar la política, se ha planteado a diestra y siniestra para que los diferentes jueces puedan decidir sin análisis alguno sobre el otorgar o no amparos provisionales. Hay casos paradigmáticos como la Jueza Audy Yanelly Arana González, del Juzgado de Instancia Civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, que durante las elecciones de 2019 otorgó 31 amparos a diversos candidatos para que pudieran participar en las elecciones de ese año. Lo claro es que la Jueza de esa población escuintleca no podría haber otorgado esos amparos, pero, lo fácil que resulta burlar la ley, para otorgar los amparos y luego, que la apelación vaya a la Corte de Constitucionalidad en tanto se logra la inscripción de candidatos. Así, iban todos los candidatos en romería ante la Jueza escuintleca, que otorgaba amparos a granel. Peor resultó que la Corte Suprema de Justicia jamás le investigó y mucho menos le sancionó.
Pero hay casos aún más prominentes como lo sucedido previo al evento electoral de 2023, en donde una disputa por la Secretaría General del Partido UNE, llevó a la señora Torres a plantear un amparo. En este caso un Juez de Instancia Civil le otorgó un amparo a la señora Torres para recuperar el partido UNE y de paso sacar a todos los opositores que buscaban democratizar el partido así, en Guatemala, la democracia partidaria se decide en los tribunales de justicia mediante amparos. Este caso representa la “fórmula mágica” para recuperar los partidos políticos. Sandra Torres utilizó el poder judicial, con un Juez evidentemente protegido por la Corte Suprema, para plantear un amparo que le permitió recuperar el partido UNE cuando todas las bases, la mayoría de secretarios departamentales y municipales estaban en contra de que continuara, sin embargo, los amparos son el arma favorita para judicializar la política.
Al final, luego de que se probó que la formula mágica para recuperar partidos es que cualquier juececito de instancia si tiene el apoyo de la Corte Suprema, procede a resolver otorgando un amparo provisional y el tiempo es el mayor aliado en estos casos porque cuando llega a la Corte de Constitucionalidad la situación ya esta a “compadre hablado” y, el Tribunal Constitucional, mas político que jurídico para decidir todo a conveniencia resuelve con sorpresa de todos apoyando resoluciones sin fundamento de los jueces de primera instancia.
Ahora mismo se esta caminando en esta misma línea, esta semana se dictó una resolución en amparo que tiene por objeto dirimir una disputa por la secretaría general del partido VOS y con ello la disputa misma del partido. El partido VOS de reciente formación fue creado por una escisión que surgió precisamente del partido UNE en la disputa con la señora Sandra Torres, los diputados disidentes de aquel entonces, decidieron crear una organización para competir en las elecciones generales de 2023. Con tantos años de navegar en la política personas como Orlando Blanco, Carlos Barreda, Jairo Torres, Julio Ixcamey para mencionar algunos parecieron neófitos en política, porque cometieron sendos errores cuando decidieron quienes serían los cuadros del partido que competirían en las elecciones generales.
Así, en Sacatepéquez dejaron un vacío muy grande al optar por una persona desconocida para correr por la diputación, alguien que no levantó el caudal de votos que había llevado al señor Ixcamey a ganar dos elecciones, sus decisiones le costaron caro ni diputación, ni alcaldía. Entre otras acciones la dirigencia del partido VOS cometió otros sendos errores, por un lado traicionaron a Mario Taracena, un dinosaurio en la política, pero cuyo caudal de votos era necesario, lo sacaron sin más. Otro grave error fue su candidato presidencial, Manuel Villacorta no era el indicado, su soberbia, su altivez no le da para ser presidente, al principio impresionó con sus títulos académicos, pero luego, sus discursos con lenguaje que no es del pueblo no caló y finalmente terminó por traicionar el proyecto cuando apareció a pocos días en redes sociales a promover la candidatura de los Arzú y, posteriormente cuando terminó la elección, prefirió no hacer oposición, sino que “renunció a la política”.
Todos estos errores han causado que el partido VOS se encuentre hoy a punto se tomar otros caminos, muy probablemente el partido termine en manos de Bezares y compañía. Un partido como VOS, cuya presencia en el Congreso no tiene norte, porque su oposición es a conveniencia, todos el año anterior estuvieron en contra del señor Arévalo y en contra de la directiva del Congreso, pero este año hacen uno con la actual directiva que hasta lograron una secretaría en la Junta Directiva. Aparte de ello, ha demostrado que no tienen unidad de criterio porque siguen sus propios intereses es por ello que pronto, en el Congreso, se dio la división que encarnó la Diputada Karina Paz, una arribista que ellos encumbraron a posiciones electorales y que luego ella misma les demostró que no contaran con ella para proyectos políticos futuros.
En los umbrales de un año preelectoral como el 2026, nos encontramos ante los primeros actos de judicialización de la política, la batalla por el control del partido VOS ya empezó con la misma receta que les arrebataron a aquellos sabiondos diputados que pensaron quedarse con la UNE sin éxito, pensaron plantear un proyecto político como el partido VOS y están a punto de perderlo y quien sabe sino, logren inscribir otro partido, logren “comprar” otro partido, o encuentre cabida en otro partido.
Lamentablemente se augura que la próxima contienda política va a estar marcada por una intensa judicialización, habrá que pensar en un modelo en el cual la jurisdicción electoral quede únicamente con el Tribunal Supremo Electoral, que la vía del amparo electoral lo conozca únicamente la Corte de Constitucionalidad y, cuando ya se haya concluido el proceso con sus recursos que resuelva en última instancia el Tribunal Supremo Electoral. Habrá que pensar en un modelo en que el retardo malicioso de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral en no cumplir con los plazos de ley, signifique un delito electoral para que no existan atrasos. Todo esto es necesario para evitar que continúe en Guatemala la judicialización de la política, porque ya hemos visto que cualquier juez o magistrado puede proceder a dictar amparos lo cual es nocivo en cualquier jurisdicción, pero en la jurisdicción electoral es sumamente nocivo, porque se está permitiendo que instituciones ajenas al Tribunal Supremo Electoral, puedan intervenir en el proceso y esto está debilitando el sistema electoral y la confianza ciudadana la pureza del proceso electoral.
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