¿Quién gobierna cuando el Estado no gobierna?

Zoon Politikón

La mayor amenaza para una República no comienza cuando pierde una elección. Comienza cuando deja de ejercer, de manera exclusiva, la autoridad que justifica su existencia.

Durante años hemos discutido la calidad de nuestra democracia casi exclusivamente a partir de las elecciones. Debatimos quién gana, quién pierde, qué partido crece, qué candidato convence más y qué institución inspira mayor o menor confianza. Son debates necesarios. Pero quizá no sean los más importantes.

Existe una pregunta anterior a todas ellas.

¿Quién gobierna cuando el Estado deja de gobernar?

No se trata de una pregunta jurídica. Desde el punto de vista del derecho, Guatemala sigue siendo un Estado soberano. Su Constitución continúa vigente, sus instituciones existen y su reconocimiento internacional permanece intacto. Sin embargo, la soberanía no consiste únicamente en lo que dicen las leyes. También depende de la capacidad efectiva del Estado para ejercer, de manera exclusiva, la autoridad que le corresponde.

Esa diferencia parece sutil, pero cambia por completo la forma de entender los desafíos de una República. La legitimidad jurídica otorga el derecho a gobernar; la capacidad institucional permite hacerlo realidad. Cuando ambas coinciden, el Estado cumple su función. Cuando comienzan a separarse, la autoridad permanece en el texto constitucional, pero empieza a diluirse en la práctica cotidiana.

Cuando esa capacidad comienza a fragmentarse, aparecen fenómenos que normalmente analizamos por separado: extorsión, control territorial, economías ilícitas, corrupción, impunidad y violencia organizada. Sin embargo, el problema no consiste únicamente en la existencia de esos delitos. El verdadero problema aparece cuando otros actores empiezan a decidir, de hecho, cuestiones que deberían depender exclusivamente del Estado.

Quién puede trabajar.

Quién puede circular.

Quién puede abrir un negocio.

Quién puede permanecer en una comunidad.

Quién debe pagar para ejercer derechos que deberían estar garantizados por la ley.

En ese momento, la discusión deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en una cuestión republicana.

Una República no existe únicamente porque posee una Constitución, celebra elecciones o mantiene una estructura administrativa. Existe porque la ciudadanía reconoce al Estado como la única autoridad legítima para ejercer la coerción, garantizar derechos y resolver los conflictos públicos. Cuando esa exclusividad comienza a compartirse, aunque sea de manera parcial y localizada, el problema deja de ser solamente de seguridad. Empieza a afectar la esencia misma del orden republicano.

No significa que existan dos Estados ni que la soberanía haya desaparecido jurídicamente. Significa algo más inquietante: que la autoridad efectiva comienza a compartirse de facto entre el Estado y actores que nunca recibieron legitimidad para ejercerla.

Ése debería ser uno de los principales temas del debate nacional.

Porque una República puede conservar todas sus instituciones formales y, aun así, perder gradualmente la capacidad de ejercer aquello que justifica su existencia.

La experiencia internacional también deja una enseñanza importante. Cuando la ciudadanía percibe que el Estado ha perdido esa capacidad, aumenta la demanda de soluciones inmediatas. Y cuando un gobierno consigue ofrecer resultados visibles, surge otra pregunta igualmente indispensable para cualquier República:

¿Cómo preservar los límites al poder sin renunciar a la eficacia que la sociedad reclama?

Plantear esa pregunta no significa descalificar los resultados obtenidos por ningún país ni por ningún gobernante. Significa reconocer que toda República enfrenta una tensión permanente entre autoridad y libertad. La historia demuestra que las sociedades suelen inclinarse hacia uno de esos extremos cuando sienten amenazada su seguridad. El desafío consiste precisamente en evitar esa falsa disyuntiva.

Resolver un problema no debería implicar crear otro.

Por eso, la verdadera discusión no consiste en escoger entre seguridad o Estado de derecho, entre autoridad o libertad, entre eficacia o controles institucionales.

La verdadera discusión consiste en comprender que una República necesita las dos cosas al mismo tiempo.

Necesita recuperar plenamente la capacidad del Estado para ejercer la autoridad legítima que la Constitución le confiere. Pero necesita hacerlo preservando los límites que impiden que el poder termine justificándose únicamente por sus resultados.

Ésa es la diferencia entre fortalecer al Estado y concentrar el poder. Lo primero fortalece a la República; lo segundo puede terminar debilitándola, incluso cuando persigue objetivos legítimos.

Porque las Repúblicas no se deterioran solamente cuando pierden territorio.

También comienzan a debilitarse cuando dejan de ejercer, de manera exclusiva, la autoridad que las hace posibles.

Y quizá la pregunta más importante para Guatemala ya no sea quién ocupará el poder después de las próximas elecciones.

Quizá la pregunta sea otra.

¿Tendrá todavía el Estado la capacidad de ejercer plenamente ese poder sin dejar de ser una República?