El desafío de hacer justicia pronta y cumplida
A través de una videoconferencia y acompañada de uno de sus abogados, la ex vicepresidente Roxana Baldetti compareció ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal en una audiencia donde se le hizo saber los motivos que sustentan la solicitud de extradición, formulada en su contra por Estados Unidos (EE. UU.). La exfuncionaria es sindicada de los cargos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas, de los cuales, la acusada se declaró inocente, manifestando, no obstante su voluntad para ser extraditada a suelo estadounidense para responder ante la justicia de ese país que la vincula con el cartel de Los Zetas, a quienes habría favorecido a cambio de financiamiento y otros beneficios.
A pesar de su manifiesta voluntad de abandonar el territorio nacional, lo que indudablemente representaría una mejora significativa en cuanto a las actuales condiciones de privación de libertad de la ex vicemandaria, cabe señalar lo indispensable de su permanencia en suelo guatemalteco, hasta que se dilucide su situación jurídica en los distintos procesos penales que enfrenta ante la justicia de este país, previo a ser entregada a las autoridades estadounidenses, de conformidad con las leyes.
La exfuncionaria aseguró que la extradición obedece a una venganza política motivada por su proceder durante los 20 años de su carrera tanto como diputada como al frente de la vicepresidencia y que está impulsada, por poderes oscuros. Añadió que el tiempo le dará la razón.
Aunque resulta necesario enfatizar la necesidad de que las autoridades agilicen el diligenciamiento de los procesos que se siguen en su contra, no menos importante resulta que la justicia se haga cumplir por todos y cada uno de los cargos en contra de la acusada, pero de conformidad con las normas procedimentales establecidas dentro del ordenamiento procesal penal vigentes, por lo que los mandos norteamericanos deberán permanecer a la espera de que en Guatemala se determine la responsabilidad en los casos de corrupción que le mantienen privada de libertad, previo a juzgarle.
La justicia guatemalteca, enfrenta el desafío de aplicar el principio de celeridad procesal y determinar con prontitud la responsabilidad de la exvicemandataria en los delitos que se le sindican, y las sanciones correspondientes, a la vez, de revisar constantemente los protocolos de seguridad en las instalaciones penitenciarias y así prevenir eventuales fugas.
El pueblo de Guatemala merece y demanda que se haga justicia, de manera pronta y cumplida y que se castigue con rigor a quienes resulten culpables de saquear el Estado.
