Frustrada arrogancia de Bernardo y admirable coraje de Consuelo

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El señor Bernardo Arévalo, usurpador de la Presidencia de la República, invitó a la Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, señora Consuelo Porras, a asistir a una sesión, en la que ella debía informar a él sobre asuntos propios de la investigación criminal y la persecución penal que compete a ese ministerio. Realmente, no fue una invitación, sino, con abusiva arrogancia, una orden.

Empero, ella, con admirable coraje, no acató la orden. Era una orden manifiestamente ilegal. Lo era porque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público obliga al Fiscal General a asistir solamente a sesiones del gabinete de gobierno o de los ministros de Estado; pero el señor Arévalo ordenaba que ella asistiera a una sesión solamente con él. Con tal solicitud, él cometió el delito que el Código Penal denomina “abuso de autoridad”, castigado con pena de prisión de por lo menos tres años y hasta seis años, e “inhabilitación especial”.

Adicionalmente, el artículo 4 se denomina “coordinación”; de lo cual se infiere que el Fiscal General está obligado a asistir a sesiones del gabinete de gobierno o de los ministros, solamente para tratar sobre coordinación de acciones; pero no para suministrar información sobre asuntos de investigación criminal y persecución penal, como la que ilegalmente, solicitaba el señor Arévalo.

Por supuesto, el Ministerio Público debe suministrar información sobre su actividad y el producto de esa actividad; pero del modo como lo manda la ley. Precisamente el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público manda que el Fiscal General informe “anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión.” Esta información tiene que ser compartida con el Organismo Legislativo y el Organismo Ejecutivo; pero no es información especialmente para esos organismos. Es especialmente para los ciudadanos.

La señora Porras comunicó, en un histórico, memorable y brillante discurso público, su decisión de no acatar la orden manifiestamente ilegal del señor Arévalo, de reunirse con él para suministrar la información que, insisto, ilegalmente él solicitaba. Tanta fue la arrogancia con la que el señor Arévalo le ordenó asistir a la sesión y suministrar esa información, como definida, resuelta y valiente fue la decisión de ella de no acatar la orden. La arrogancia puede idiotizar. Fue el caso del señor Arévalo: creyó que la señora Porras acataría su orden como si fuese uno de sus obedientes falsificadores de firmas de afiliación a su partido, o uno de sus servidores domésticos, o uno de los conserjes del Palacio Nacional, o uno de sus siervos ministeriales.

En aquel discurso, la señora Porras trató al señor Arévalo como si fuera un vergonzoso ignorante de la ley; y lo reprendió. Lo reprendió por ignorar que el Ministerio Público no está sometido a ningún poder del Estado. Y por ignorar que ese ministerio tiene plena independencia para el ejercicio de la investigación criminal y la persecución penal. Y por ignorar que ninguna autoridad puede impartir, al Jefe del Ministerio Público y a los fiscales, instrucciones sobre el modo de conducir la acción penal; ni puede limitar el ejercicio de esa acción, excepto los jueces, en el ejercicio de las facultades que la ley les confiere. También lo reprendió por su intento de violar la Constitución Política, con este acto: obligarla a interrumpir el período durante el cual debe ejercer la jefatura de ese ministerio.

La señora Porras le advirtió al señor Arévalo que no renunciará. ¡No renunciará! Le advirtió que el Ministerio Público continuará con sus investigaciones criminales, con el fin de conocer la verdad. Le advirtió que debe abstenerse de obstruir la persecución penal; y también le advirtió, tácitamente, que él no estará exento de persecución penal.

El señor Arévalo, con el fin de despojar a la señora Porras de la Jefatura del Ministerio Público y, por consiguiente, despojarla también de la Fiscalía General, argumenta que la mayoría de la población la rechaza. Es decir, no es popular. ¡Grandiosa estulticia del señor Arévalo! Un Fiscal General no tiene que ser popular, como tampoco tiene que serlo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte de Apelaciones, o de la Corte de Constitucionalidad. ¿O un Fiscal General tiene que emprender solo la persecución penal que le confiera popularidad? ¿O un magistrado debe dictar solo veredictos que le confieran popularidad? ¿O fiscales y magistrados deben actuar solo de modo que provoquen el jubiloso griterío de las sórdidas muchedumbres instintivas o de las resentidas masas criminales?

Con aquel mismo fin, el señor Arévalo argumenta que la señora Porras ha sido “sancionada” en el extranjero, por estar involucrada en “redes” de corrupción. ¡Renovada estulticia del señor Arévalo! ¿Fue ella sometida a proceso penal? ¿La juzgó un tribunal que se sujetó al principio de que nadie puede ser condenado si no se demuestra que es culpable? Si hubo tal proceso penal, ¿ejerció ella el derecho a defenderse?  ¿Y se demostró, con pruebas judicialmente válidas, que era culpable? ¿Fue, finalmente, sujeto de sentencia condenatoria inapelable? Y me planteo estas preguntas: ¿Un imbécil senador de Estados Unidos de América puede acusar y condenar a un ciudadano guatemalteco? ¿Y un ciudadano guatemalteco debe ser igualmente imbécil, y dotar de autoridad judicial a ese senador, y conferirle valor legal a la acusación y a la condena que dicta?

Sabemos que el señor Arévalo no quiere que la señora Porras sea Jefe del Ministerio Público y Fiscal General, porque ella lo ha convertido en sujeto de investigación criminal y de persecución penal. Su propósito es, pues, que ella sea sustituida por quien le prometa, con un beso en la mano o en la mejilla, o con un juramento e hincado, o con una promesa de secreto amor eterno, que la persecución cesará. Es decir, entre los candidatos que le serían propuestos, elegiría a aquel que le garantizara impunidad.

El señor Arévalo actúa como un ladrón que impugna al juez que lo ha condenado, y exige ser nuevamente juzgado; pero por un juez que garantice que será absuelto. ¡Absurdamente, el señor Arévalo quiere un Jefe del Ministerio Público y Fiscal General que le garantice que no será sujeto de persecución penal!

Tiene un fantástico mérito la señora Porras, por no haber acatado la orden manifiestamente ilegal del señor Arévalo. Con formidable coraje, ella ha resistido la abusiva e ilegal pretensión de ese señor. Con igual formidable coraje ha resistido las pretensiones del estúpido gobierno del Presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden; y de la Comisión Europea, la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos.

Esos agentes, aliados con agentes nacionales públicos y privados, lograron cometer el fraude electoral por el cual el señor Arévalo usurpa la Presidencia de la República; pero, por la señora Porras, no pudieron detener la investigación criminal y la persecución penal de ese señor, ni pudieron impedir que ella demostrara, con hechos, el fraude electoral.

Exhorto a la señora Porras a que continúe, con renovaba energía, la investigación criminal y la persecución penal del señor Arévalo, quien ya ha usurpado durante tiempo excesivo la Presidencia de la República, y debe pasar pronto de Casa Presidencial a Casa Penal.

Post scriptum. El señor Arévalo invita, ahora, a la señora Porras, a una sesión con el gabinete de gobierno o los ministros de Estado. La señora Porras sabe que tiene la obligación de asistir a esa sesión si el propósito es la coordinación de acciones. Si el propósito es suministrar la información que ilegalmente solicita el señor Arévalo, no debe asistir.

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