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Bernardo Arévalo dispuesto a subsidiar la corrupción 

Barataria

Ante la creciente especulación del precio de las gasolinas el Gobierno del señor Arévalo en conferencia de prensa anunció un subsidio de más de Q. 3,400 millones de quetzales que servirán para aplicar un pago de Q. 12 quetzales al diésel y de Q. 3 quetzales a la gasolina regular.  El subsidio no es directo a la población, como ha sido la costumbre de uno y otro gobierno.  Sino que se entregará a los importadores/distribuidores que son los encargados de comercializar el combustible que luego llega a las gasolineras del país. 

La política de los subsidios no es nueva en Guatemala, como tampoco es nueva la forma en que los gobernantes se los han sacado de la maga para fomentar la corrupción, puesto que es la forma más ágil de desviar dinero público sin ningún control hacia los bolsillos de aquellos que han especulado con los precios y servicios públicos.   Hay toda una historia de millones y millones de quetzales que no fueron a parar a “saco roto”, sino que al bolsillo de tanto hijo de puta ladrón y corrupto que se cree que es muy listo por robar el dinero público en contubernio con los empresarios.  Tenemos como ejemplo de estos subsidios fue el famoso subsidio al transporte urbano de la ciudad capital que funcionó desde 1974 al 2009 y en el cual se destinaron millones de quetzales que iban a subsidiar el transporte urbano para mejorarlo.  El transporte no mejoró, porque los usuarios iban como ganado en camiones y los únicos beneficiados fueron los propietarios de autobuses que utilizaron el subsidio como un estipendio mensual para invertirlo en la compra de otros buses.

Los subsidios para los combustibles no son nuevos, ni es una solución genial del presidente Arévalo y de su flamante ministro de finanzas públicas Jonathan Menkos, quien por cierto desde el ICEFI se mostraba contrario a los subsidios y hacía gala de su academia para explicar que los subsidios fomentan la corrupción.  Pero ahora es fan de esos subsidios y sin chistar sin aconsejar a su presidente, acceden a este tipo de prácticas. 

Cada crisis de combustibles ha sido una millonada que va a caer en saco roto y en el bolsillo de muchos, así en 2022 se gastaron Q. 2,745 millones, ahora a inicios del presente año fueron Q. 2,000 millones. Con la iniciativa que pretende actualmente el gobierno sería un subsidio no solo el más alto de la historia con más de Q.3,400 millones; sino que además es un subsidio largo que permanecería hasta el final del año.  Es decir que busca al menos dejar de lado este problema que ha provocado un estallido social, hasta final del año, ya que el próximo año por ser electoral, esto acaparara la atención de la población y el señor Arévalo puede dormir tranquilo en su ultimo año de la presidencia.

Lo cierto de todo esto es que los subsidios nunca han sido una solución para ningún problema nacional, es una política desarraigada en muchas naciones porque ha sido tildada de foco de corrupción, es dinero sin control que se entrega a los empresarios que, en muchos casos han especulado con el precio de los productos y que aún sobre la especulación se les premia pagándoles un sobreprecio.  En Guatemala, en donde el Ministerio de Economía tiene una nula función en el control de precios y en el que la DIACO, dirección de atención al consumidor es una institución “sin dientes” y, además de ello, hay una Superintendencia de Competencia, que es tan incompetente como los miembros de su directorio que solo piensan en tener sueldo y compiten por sus mejoras salariales.

El problema de los combustibles en Guatemala, al margen de la situación mundial provocada por la crisis del estrecho de Ormuz y la tensión en el Golfo Pérsico; radica en varios aspectos que bien podríamos mencionar tales como los impuestos a los cuales se encuentran sujetos, el monopolio de cartel de los importadores y distribuidores y la especulación del precio debido a la falta de control gubernamental.  

Si el gobierno de Bernardo Arévalo, que se ufanaba de ser incorruptible, de presentarse con una nueva política diferente a sus antecesores debió haber hecho las cosas diferentes, no como todos los demás, a menos que esté considerando como sus antecesores enriquecerse y enriquecer a otros con dinero público. Además de controlar los precios no solo de las gasolinas ahora, sino de la especulación generalizada en el país y hacer un gobierno eficiente en el gasto público que es muchísimo pedirle a un presidente sin norte para gobernar.

Se podría plantear una exoneración temporal de los impuestos a las gasolinas y el IVA podría rebajar entre 2 y 3 quetzales por galón de gasolina y 1 por galón de diésel además del 12% del IVA. Que bien podría paliar en parte la crisis si se complementa con control contra la especulación y, además de ello si se hace un subsidio directo a la los propietarios de vehículos en condiciones que circulen, lo cual es perfectamente verificable con los controles de la SAT respecto a quienes al día de hoy han pagado el impuesto sobre circulación de vehículos y estos, claro podrían ser beneficiarios directos del subsidio si así se quiere hacer. Insisto dar el subsidio a los importadores/distribuidores no es sino abrir un saco de corrupción que enriquecerá a algunos y empobrecerá a toda la población.

Estoy seguro que después si se aprueba este subsidio, todo va a caer en saco roto, el dinero se esfumará, los combustibles no bajaran, como tampoco bajaron durante los anteriores subsidios y si bajan va a ser en un quetzal, porque si se aprueba un subsidio de ocho quetzales por galón de gasolina, mañana los especuladores suben los precios diez quetzales más para que “les compense”.  No es pesimismo, es realismo, que surge de conocer cómo se han movido las cosas en Guatemala y la manera en que el gobierno dispone del dinero público en subsidios que nunca van a llegar a parar a la población. Ojalá prive la sensatez de los diputados al Congreso de la República de proponer una iniciativa alterna a los desmadres y la piñata que planea el señor Arévalo.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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