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Thelma Aldana, la cárcel te reclama

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RAUL FALLA

Kidon

Hace aproximadamente un mes, la exfiscal general, Thelma Esperanza Aldana Hernández, salió en precipitada fuga del territorio guatemalteco, para eludir la orden de aprehensión dictada en su contra por un grave caso de corrupción cuando dirigió el Ministerio Público.

Inmoral e insolvente, la prófuga de la justicia olvidó aquellas frases que con tanto ímpetu pronunció en las conferencias de prensa, tales como “el que nada debe nada teme”, “se debe litigar en los tribunales de justicia y no en los medios de comunicación”, “las investigaciones están fundamentadas”, “no son persecuciones políticas ni selectivas”, “el Ministerio Público y los tribunales de justicia actúan de conformidad con la ley”. “Que acudan a los tribunales a solventar su situación jurídica”, entre otras.

Una cosa es hablar cuando se ostenta el poder y otra muy distinta es enfrentar la realidad cuando se han cometido hechos de corrupción en beneficio propio y de terceras personas, más cuando se conoce la existencia de otros casos graves, que ya están perfectamente investigados, listos para ser operativizados y que de seguro causaran gran indignación en la sociedad guatemalteca, y me refiero en especial a los siguientes.

La contratación ilegal en el Ministerio Público, del señor José Carlos Marroquín Pérez, un guatemalteco refugiado en los Estados Unidos de América desde hace más de diez años, hecho por virtud del cual se imposibilita desde todo punto de vista la prestación del servicio para el que supuestamente fue contratado. Por este evento ilegal, se perjudicó el patrimonio del Estado en más de un millón de quetzales.

La compra fraudulenta del cascarón de la zona cinco, por la cantidad de treinta y cinco millones de quetzales, la cual se adjudicó en un lapso de veinte minutos, a una entidad obscura y con un representante legal de tan solo veinte años, a quien le aparecen otras cuarenta representaciones mercantiles anómalas, edificio que la fecha continúa vacío, por no contar con las condiciones necesarias para su habitabilidad.

La orden ilegal, para que Juan Francisco Sandoval Alfaro, careciendo de la representación estatal, condonara la deuda de trescientos cincuenta millones de dólares, a la entidad brasileña Odebrecht, a cambio de la declaración de un colaborador eficaz, y a ello obedecen las condiciones deplorables en que se encuentra ese importante tramo carretero.

Los asensos ilegales de diez agentes fiscales, a fiscales regionales, sin contar con las aptitudes y capacidades necesarias para desempeñar tales funciones, los cuales fueron convenientemente ubicados en esos puestos, para proveer impunidad a la prófuga de la justicia en determinado momento.  

Y que decir de los casos que omitió investigar y operativizar, dentro de los cuales se encuentran las denuncias presentadas en contra de Sandra Torres por los casos: Transurbano, Bolsa Solidaria, Bantrab y Sigma. Los presentados en contra de Lucrecia Hernández Mack, cuando fungió como Ministra de Salud. El hurto de energía eléctrica llevado a cabo por delincuentes terroristas. Las usurpaciones agravadas de cientos de fincas en todo el territorio nacional, realizadas por verdaderas estructuras criminales. El tráfico ilícito de indocumentados y la expedición de documentación migratoria guatemalteca realizada por Mayra Véliz López y Carlos Raúl Morales Moscoso. El financiamiento ilegal de ONG´S y fundaciones, destinado para causar conflictividad social, entre otros.

Por ello, indigna que la prófuga de la justicia ahora pretenda postularse para alcanzar un puesto de elección popular, con miras a continuar saqueando los recursos públicos, apropiarse de las cortes del país, así como, para iniciar una cacería indiscriminada en contra de cualquier opositor político e ideológico, iniciando por las autoridades fiscales y judiciales que la procesaron y solicitaron su aprehensión.

Ante el inminente riesgo que ello implica, más ahora que se rotará la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, y que ese evento pueda ser aprovechado para beneficiar a la prófuga de la justicia, se hace necesario y urgente, que la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, cumpla con su obligación constitucional y en ese sentido, judicialice y solicite las medidas de coerción necesarias incluso internacionales para capturar a Thelma Esperanza Aldana Hernández, por los diversos casos de corrupción que pesan en su contra. Pues, en caso contrario, es decir que Usted María Consuelo Porras, continúe omisa, favoreciendo o apañando los crímenes cometidos por la exfiscal, será solidariamente responsable no solo de encubrimiento, sino que, además, de la participación de políticos vinculados a hechos de corrupción y en su caso de un fraude electoral.

#ThelmaAldanaLaCárcelTeReclama

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