Los Desafíos del Gobierno
La Otra Cara
La creciente inseguridad:
Las políticas públicas son las guías del pensamiento y acción en torno a la cosa pública. Tienen como finalidad esencial orientar el proceso metodológico con el acompañamiento ciudadano, a fin de que los recursos estatales sean destinados y utilizados en forma eficiente, certera y transparente. Coadyuvar para solucionar el mayor número de necesidades básicas insatisfechas y lograr el ansiado desarrollo social.
La dinámica social y política del país así como los cambios que la sociedad experimenta en la coyuntura actual representan para el Ministerio de Gobernación y sus diferentes direcciones, -en especial para la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario (SP), y la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI)-, un reto para desarrollar acciones concretas y objetivas –realizables en el corto plazo- con miras a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas.
En éste contexto, la seguridad ciudadana resulta prioritaria no solo en las agendas y acciones del Gobierno en el ámbito nacional sino también en los gobiernos departamentales y municipales que deben orientar de manera coordinada y sistemática la identificación y solución de los problemas de seguridad de sus respectivas jurisdicciones con la creación de planes, proyectos y programas, que contemplen los problemas y recursos disponibles –los reales, no los ideales-, privilegiando la coordinación y la continuidad de los mismos.
El Gobierno como factor esencial deberá definir un programa creíble, y realizable en donde se establezcan metas, estrategias, procedimientos eficaces de coordinación, medidas de implementación, y mecanismos de evaluación, en el corto, mediano y largo plazo.
En esta priorización, los gobiernos departamentales y municipales deberán fortalecer mediante acciones coordinadas e integrales sus agendas y políticas públicas de carácter correctivo, regulador y reglamentario, para dar respuesta a los problemas y demandas de seguridad de los ciudadanos.
La “Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI” indica que “las amplias estrategias de prevención del delito en los planos nacional, regional y local deben abordar las causas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia, mediante la adopción de políticas sociales, económicas, de salud, educacionales y judiciales”. Es decir, deben ser integrales.
El estudio y comprensión de las dinámicas criminales debe contemplar el análisis de variables referentes a los factores exógenos y endógenos del delito; sus características sociales, demográficas, urbanísticas, judiciales, penales, y económicas, entre otras, de las poblaciones donde ocurre el hecho delictivo y las causas que inducen y mantienen la existencia del delito.
El análisis de inteligencia sobre hechos criminales contribuye al conocimiento más acertado de la realidad delincuencial y el correspondiente diseño y elaboración de estrategias para combatirla.
La estadística criminal debe aportar los insumos para el diseño y actualización permanente de políticas criminales, la correcta interpretación de los delitos y factores estructurales que inciden en su accionar.
El análisis geográfico del delito debe utilizarse en cada municipio o región para centrar los esfuerzos sobre las zonas que representan el epicentro del hecho criminal. Ante el acoso sistemático y permanente de estructuras de crimen organizado que tiene de rodillas a la sociedad guatemalteca se hace imprescindible recuperar el concepto básico y puntual de la seguridad ciudadana como garantía del ejercicio de las libertades públicas, que mediante la prevención, la disuasión y coerción, permiten la reducción del accionar de quienes tienen como modus vivendi agredir e impedir el ejercicio de una vida libre, y en paz.
Se debe poner especial atención y enfocar el análisis de políticas de seguridad en el hecho que lamentablemente el “desprestigio generalizado” de la justicia, la desbordada y abusiva corrupción gubernamental, y las decadentes e ineficaces Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana han provocado como reacción social en muchas comunidades rurales y de la periferia de las principales ciudades que algunos grupos de ciudadanos en su desesperación, persistan en forma sistemática y creciente en hacer justicia por su propia mano. Los linchamientos de presuntos delincuentes en diferentes áreas geográficas, y la proliferación de organizaciones de autodefensa que operan con o sin el consentimiento oficial, tienen el camino allanado para la imposición de un orden moral y social y en la reglamentación de formas de comportamiento en sus localidades. “Las autoridades indígenas principalmente del altiplano, han dado una demostración creciente de éstas acciones punitivas”.
El papel del Estado se ha reducido a ser un actor más, realizando un papel contradictorio debido a la persistente y extendida discrepancia de propuestas y programas, tanto a nivel nacional como en el departamental y municipal. “El Estado en muchos lugares del interior ha cimentado en la población rural la idea que se rige por sus propios intereses y no por los del bien común”. En ésta lógica, también predomina una imagen negativa de las instituciones de seguridad producida por algunos atropellos, el persistente cobro de mordidas y exacciones, y la cohabitación y contubernio con las estructuras que dirigen el trafico y expendio de droga, o el contrabando.
Ésta es a grandes rasgos, la situación general o el marco de referencia sobre el que nos enfocaremos en próximas columnas. En base a lo anterior, teniendo la certeza que el Sistema Penitenciario, es el último eslabón de la cadena de justicia, la cenicienta del Ministerio de Gobernación y el lugar desde donde se generan en gran medida la orientación para la comisión de dos de los delitos más extendidos y que afectan de mayor manera a la ciudadanía, “las extorsiones y los delitos contra la vida” será el SP el tema de mi próxima columna. Para luego enfocarnos en la PNC, y la Inteligencia Civil.
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