La Seguridad un Desafío para el Gobierno (Segunda Parte)

La Otra Cara

EL SISTEMA PENITENCIARIO

“La democracia no se justifica si no se asegura la vida” (Dussel)

La gestión de crisis constituye una tarea fundamental de la administración pública enmarcada en la acción del Estado pues es cuándo su razón de ser se hace más evidente. Es su obligación primaria mantener el orden y brindar certidumbre a la vida de la sociedad.

Al evaluar la crisis del Sistema Penitenciario se puede apreciar que aproximadamente 25,000 reos de los cuales el 49 por ciento están detenidos en detención preventiva en un sistema diseñado para necesidades carcelarias de hace 50 años apunta a una tasa de hacinamiento que coloca al SP de Guatemala entre los diez más superpoblados del mundo. Y en relación directa a lo anterior según cifras de la fiscalía en Contra del Crimen Organizado del Ministerio Público los reos cometen aproximadamente el 80 por ciento de los casos del delito de extorsión en el país. 

Algunos indicadores de la crisis son los siguientes: 

La crisis penitenciaria en Guatemala se manifiesta a través de varios indicadores preocupantes. Actualmente el 48% de la población en prisión está detenida sin condena y además la tasa de ocupación de las prisiones es alarmante, alcanzando un 439%, lo que indica un hacinamiento extremo. 

Y algunas de las señales de alarma sobre la ineficacia y crisis ascendente del SP se ha reflejado recientemente mediante atentados con cauda de víctimas inocentes durante el traslado de reos a centros hospitalarios, emboscadas en contra de unidades del SP con cauda de víctimas mortales de guardias y civiles, motines y toma de rehenes en los centros de detención de menores, venta de drogas al menudeo dentro de las prisiones, hacinamiento de los integrantes de las dos pandillas que siguen con sus cabecillas al mando de las mismas en el interior de los centros de detención asignados, venta de tarjetas telefónicas en forma casi abierta en los penales –lo cual facilita las extorsiones-, falta de seguridad para los guardias durante su salida en goce de descanso, instalaciones en abandono y precariedad para el personal propio del SP, alimentación escasa y de mala calidad debido a “negocios” corruptos por parte de los mandos del SP y del MINGOB, falta de equipos y entrenamiento para el personal permanente, ausencia de una cadena de mando entre los integrantes de la Guardia Penitenciaria, etc., etc. Todo lo anterior constituye, sin profundizar a fondo, indicios de la gravedad de la creciente crisis. 

Como colofón podemos agregar que la muerte por atentados, y asesinatos de cientos de ciudadanos útiles a la Nación, víctimas en muchos casos de persistentes muestras de sadismo y alevosía al ejecutarse con crecientes signos de patología social, pudieron haber sido evitadas si para el actual e ilegitimo gobierno hubiera sido una prioridad imponer orden en los penales desde donde se emiten las instrucciones para ejecutar éste ataque sistemático en contra de nuestra indefensa y acongojada sociedad. 

Repetir en forma dolosa y carente de escrúpulos las mismas acciones y decisiones de anteriores administraciones con pleno desprecio por la vida humana en forma carente de conocimientos técnicos sobre la doctrina penitenciaria volteando la vista ante el hecho que desde las cárceles publicas los reos operan en contubernio con algunas autoridades lo cual les garantiza completa libertad para delinquir y lejos de clasificarlos en base a su peligrosidad y someterlos a rigurosos controles siguen apostando a orientar el gasto hacia ineficientes bloqueadores de señal telefónica y equipos tecnológicos como los denominados “portales estériles”, “coincidentemente” con decisiones fracasadas que solo significaron “grandes negocios” para sus impulsores y derroche de recursos del erario. 

Desde siempre, empresas de construcción de nombres raros y reciente formación fueron “escogidas” para construir módulos carcelarios a un precio diez veces mayor que su costo real, y otorgados sin licitar, acudiendo a proyectos fallidos y soluciones que lejos de serlo solo prolongan la agonía del SP y la cadena de víctimas de la sociedad guatemalteca. 

Las reformas para mejorar el Sistema Penitenciario en Guatemala deben abordar los problemas estructurales que lo afectan. Algunas de las medidas más relevantes incluyen:

1. Descongestionamiento de las cárceles: Implementación de alternativas a la prisión preventiva, como el monitoreo electrónico o el trabajo comunitario, para reducir el hacinamiento.
2. Mejoras en las condiciones de vida: Inversiones en infraestructura penitenciaria para garantizar condiciones dignas, incluyendo acceso a atención médica dentro de los penales, educación y programas de rehabilitación.
3. Capacitación del personal penitenciario: Formación, profesionalización, y jerarquización  del personal que trabaja en el sistema carcelario para asegurar un manejo adecuado y humano de la población reclusa.
4. Fortalecimiento del sistema de justicia: Coordinar estratégicamente con el Organismo Judicial agilizar los procesos judiciales para reducir los tiempos de espera en prisión preventiva y asegurar que los casos se resuelvan más rápidamente.
5. Programas de reinserción social: Desarrollo de iniciativas que faciliten la reintegración de los reos a la sociedad, ofreciendo educación, capacitación laboral y apoyo psicológico.
6. Monitoreo y transparencia: Establecimiento de mecanismos de supervisión independientes para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las cárceles.

Estas reformas tienen como objetivo no solo mejorar las condiciones dentro de las prisiones, sino también abordar las causas subyacentes de la criminalidad mediante el conocimiento criminológico y promover una reintegración exitosa de las personas en conflicto con la ley.

Muestra clara de los repetitivos fracasos y acciones corruptoras quedo plasmada hace algunos años cuando mediante una publicación oficial el Ministro de turno indicaba “El Ministerio de Gobernación realizara por excepción, las compras, contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios necesarios para la ampliación del Centro de Cumplimiento de Condena Canadá, situado en Escuintla, según el Acuerdo Gubernativo 307-2014 publicado en el diario oficial, el cual señala que la cartera dispondrá de Q755 millones 044 mil 918 para erogar. La ampliación de la prisión se declaró de “interés nacional”. Según los implicados se edificarían 40 módulos con capacidad para 144 prisioneros. ¿Será ésta la respuesta necesaria al hacinamiento?. Lógicamente, No. El gobierno, ilegitimo, actualmente apunta a gastar más en este proyecto fallido utilizando actores conocidos, una constructora mexicana y funcionarios reciclados. 

Para poder tener éxito y siguiendo la doctrina penitenciaria mas reciente que ha sido exitosa en otros países las futuras cárceles deberán ser construidas y “supervisadas”, siguiendo estándares internacionales exitosos, – aplicando sistemas podulares y satelitales, -por ejemplo-.

Para conocimiento de los lectores, el diseño de la planta arquitectónica “podular” se basa en un recinto protegido desde donde los celadores en un punto estratégico observan y dirigen las actividades de los diferentes módulos o niveles en dónde se encuentran las celdas, de manera tal que tenga una visión completa del recinto carcelario. Éste diseño guarda cierta relación con el célebre “panóptico” de Bentham, ya que el personal realiza una observación indirecta al estar separado por barreras físicas de los internos. Sus ventajas respecto del sistema de vigilancia Lineal e Intermitente en uso en las desfasadas prisiones guatemaltecas, se basa en una mejor protección del personal ante eventuales ataques de los internos y en mejores condiciones de vigilancia.

Para reducir el creciente hacinamiento desde hace algunos años como parte de la política penitenciaria internacional, se ha establecido el creciente empleo de penas alternativas, o la implementación de sistemas de vigilancia remota (pulseras electrónicas). Todas estas nuevas modalidades de pena han logrado atenuar la saturación de los establecimientos penitenciarios. 

En base a lo anterior queda demostrado que la crisis penitenciaria en Guatemala tiene un impacto significativo en la seguridad del país por varias razones:

1. Aumento de la criminalidad: El hacinamiento y las condiciones precarias en las cárceles lleva a que los reclusos agraven su perfil criminológico, lo que, a su vez, contribuye a una mayor criminalidad al salir de prisión sin programas efectivos de rehabilitación.
2. Reclutamiento de pandillas: Las prisiones a menudo se convierten en espacios donde las pandillas y grupos delictivos reclutan miembros, delinquen y fortalecen su organización, lo que perpetúa ciclos de violencia.
3. Corrupción y control criminal: Las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos bien utilizados permiten el control de las cárceles por parte de criminales, quienes pueden operar desde adentro y seguir cometiendo delitos en la sociedad.
4. Desconfianza en el sistema de justicia: La ineficacia del sistema penitenciario socava la confianza de la población en las instituciones de justicia, lo que genera un ambiente de impunidad y desánimo ante el sistema legal.
5. Efecto en las comunidades: La falta de atención y programas de reinserción significa que muchos liberados regresan a sus comunidades sin las herramientas necesarias para reintegrarse, lo que puede conducir a la reincidencia y a su incorporación en pandillas, o bandas de crimen organizado aumentando la inseguridad.
6. Respuestas de la población: Ante la ineficacia del sistema penitenciario y el aumento de la criminalidad, la población puede sentirse obligada a tomar medidas de seguridad extremas, lo que puede conducir a un ambiente de miedo y desconfianza.

En resumen, la crisis penitenciaria no solo afecta a quienes están dentro de las cárceles, sino que tiene repercusiones amplias en la seguridad y el bienestar de toda la población guatemalteca. Como se podrán comprender los lectores, es urgente hacer cambios profundos en los cuatro pilares que hacen que un sistema penitenciario se desempeñe correctamente:

1) Marco legal, 2) Presupuesto operativo, 3) Recursos humanos, 4) Entorno físico. 

Estos cuatro elementos deben estar armónicamente integrados, teniendo en cuenta la realidad. La falta parcial o total de alguno de ellos, tornará infructuoso el logro de las metas y misiones que la comunidad espera y debe reclamar al sistema correccional.

Éste es a grandes rasgos, el reto que deberá enfrentar el actual gobierno en cuanto a su Política Penitenciaria a lo cual, la población deberá estar atenta.

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