Del sueño mundialista a la urgencia de una justicia que sí clasifique

Poptun

Mientras el mundo entero vive la emoción de la etapa de los dieciseisavos de final  de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de guatemaltecos seguimos el torneo con una mezcla de entusiasmo y nostalgia. Entusiasmo porque el fútbol tiene esa extraordinaria capacidad de unir pueblos, de borrar fronteras y de hacer que, durante noventa minutos, el planeta hable un mismo idioma. Nostalgia porque, una vez más, Guatemala observa el Mundial desde las gradas de la historia.

Basta recorrer las calles de las ciudades sede en Estados Unidos, México y Canadá para encontrar banderas azul y blanco ondeando entre las camisetas de Argentina, Brasil, México, España o cualquier otra selección clasificada. Hay guatemaltecos por todas partes. Algunos emigraron hace años; otros viajaron únicamente para vivir la fiesta mundialista. Todos comparten el mismo orgullo por su origen y la misma tristeza silenciosa: nuestra bandera está presente, pero nuestra selección no. 

Quizá esa sea una de las mayores frustraciones deportivas de nuestra historia. Son generaciones enteras las que han crecido soñando con escuchar el Himno Nacional de Guatemala antes de un partido mundialista. Padres que transmitieron ese sueño a sus hijos y ahora son estos quienes hacen lo mismo con sus nietos. El anhelo permanece intacto, pero el resultado sigue siendo el mismo: Guatemala nunca ha logrado clasificar a una Copa del Mundo absoluta.

La pregunta inevitable es por qué.

No puede afirmarse que el país ignore el deporte. Muy por el contrario. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 91, estableció una protección excepcional al garantizar al deporte federado y a la educación física una asignación no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. Se trata de una decisión constitucional que pocos países poseen y que refleja la importancia que el constituyente otorgó al desarrollo físico, la salud y la formación de la juventud.

Gracias a esa visión constitucional, Guatemala ha comenzado a cosechar importantes frutos en disciplinas distintas al fútbol. Los éxitos alcanzados en competencias internacionales, incluyendo las históricas medallas olímpicas obtenidas recientemente, demuestran que cuando existen procesos deportivos sólidos, planificación y talento, los resultados llegan. Nuestros atletas han colocado el nombre de Guatemala en lo más alto del deporte mundial y han despertado un legítimo sentimiento de orgullo nacional.

Precisamente por ello, esta reflexión no pretende cuestionar la inversión en el deporte. Sería profundamente injusto hacerlo. Cada atleta que representa dignamente a Guatemala merece el respaldo del Estado y de la sociedad. El deporte transforma vidas, previene la violencia, fomenta la disciplina y construye ciudadanía.

Sin embargo, la comparación constitucional obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades como Estado y además resulta legítimo preguntarse si el diseño constitucional mantiene hoy un equilibrio adecuado respecto de otras funciones esenciales del Estado.

Paradójicamente, mientras el deporte cuenta con una garantía constitucional del tres por ciento, el Organismo Judicial dispone únicamente del dos por ciento del presupuesto general, de conformidad con el artículo 213 de la Constitución. En otras palabras, nuestra Constitución otorga una protección presupuestaria mayor al deporte que a la administración de justicia, pese a que esta constituye uno de los tres poderes del Estado y el principal garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

No se trata de enfrentar al deporte contra la justicia. Ese sería un falso dilema. Ambos son indispensables para una sociedad democrática. Pero sí corresponde preguntarnos si la justicia puede seguir funcionando con recursos limitados cuando enfrenta una creciente demanda ciudadana, una mora judicial preocupante, enormes desafíos tecnológicos y la necesidad permanente de fortalecer su independencia.

Después de todo, un triunfo deportivo puede hacernos inmensamente felices durante algunos días. Una justicia independiente, en cambio, protege nuestras libertades y derechos fundamentales todos los días del año. 

Hoy Guatemala, a través de organizaciones no gubernamentales, discute la necesidad de impulsar reformas constitucionales al sistema de justicia. Desde distintos sectores existe un amplio consenso en que el modelo actual de integración de las altas cortes ha agotado su capacidad para garantizar una verdadera independencia judicial. La excesiva politización de los procesos de elección ha debilitado la confianza ciudadana y ha colocado a la justicia en una posición de vulnerabilidad frente a intereses ajenos a su función constitucional.

Si el país está dispuesto a debatir reformas constitucionales de fondo, impulsadas en buena medida por el creciente hartazgo ciudadano frente a un sistema de justicia que, en demasiadas ocasiones, ha sido percibido como incapaz de responder eficazmente al bien común y a las legítimas demandas de la población, también resulta oportuno aprovechar este momento histórico para abrir la discusión sobre la insuficiencia del financiamiento constitucional destinado al Organismo Judicial. La independencia judicial no depende únicamente de un adecuado diseño institucional o de procedimientos transparentes para la elección de magistrados. También exige una asignación presupuestaria suficiente que permita modernizar los tribunales, fortalecer la carrera judicial, incorporar tecnología, dignificar las condiciones del personal y garantizar un acceso a la justicia más ágil, eficiente y cercano para todos los guatemaltecos.

La Constitución debe reflejar las prioridades permanentes del Estado. Y pocas responsabilidades son tan trascendentales como garantizar que cualquier persona, sin importar su condición económica, encuentre en los tribunales una respuesta pronta, imparcial e independiente.

Seguiremos soñando con ver algún día a Guatemala disputar un Mundial. Ese sueño merece mantenerse vivo porque el deporte inspira, une y alimenta la esperanza de un país entero. Pero mientras esperamos ese anhelado debut mundialista, no olvidemos que existe otro campeonato que Guatemala debe ganar cuanto antes: el de construir una justicia verdaderamente independiente, fuerte y confiable.

Porque las victorias deportivas llenan de alegría a una nación. Pero solamente una justicia sólida puede garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los guatemaltecos. Y, al final de cuentas, ningún gol será jamás más valioso que el derecho de cada ciudadano a recibir justicia.