La tercera vía

Teorema

Recientemente publiqué un artículo que titulé Obediencia civil, el cual ─afortunadamente─ creó alguna controversia. Recibí mensajes de quienes estaban de acuerdo con su contenido, así como otros manifestando desacuerdo. Alguno, incluso lo tomó de manera personal y se mostró molesto. En ningún momento tuve intención de ofender a nadie.

Un lector sugirió incongruencias y contradicciones en el texto. En una parte ─dijo─ expresa oposición a los coup d’état implicando estar a favor del ordenamiento constitucional. Pero, en otra parte plantea la dificultad de mostrar respeto por el orden constituido, la legislación vigente y los magistrados que la administran, sugiriendo la necesidad de un cambio.

Es una paradoja válida que respondí así: Se trata de un tema complejo, sumamente complejo, en el que no hay blanco, no hay negro; no hay soluciones únicas como sí las hay en un problema de matemática. Empecemos por algunas realidades que por ser evidentes todos aceptamos.

Tenemos un sistema legal constituido por una multiplicidad de leyes y reglamentos —posiblemente más de las necesarias— promulgados bajo la presión de sectores nacionales o como actos de corrupción pura. Todos sabemos que ha habido venta de leyes. Además, organismos internacionales y entidades de otros países, han presionado sobre la legislación nacional, que debió ser soberana. Muy pocas —si alguna— de nuestras leyes nacieron libres de influencia externa.

Sucedió así tanto en las legislaturas durante los gobiernos militares como dentro de las del “período democrático”. De tal manera que prácticamente toda nuestra legislación, durante toda nuestra historia nacional, es ilegítima.

La presencia en el Congreso de hombres de bien, dotados de honorabilidad, inteligencia, conocimiento, experiencia y una sólida formación profesional, esos que llamo juristas, ha sido escasa. Ellos constituyen honrosas excepciones, mismas que cada vez, en cada legislatura, son menos frecuentes.

Aún más grave es la situación de los magistrados que dirigen las instituciones del sector justicia en nuestra Guatemala y la de los jueces que la aplican. Tenemos unos 25 magistrados titulares disgregados en distintos organismos. Algunos llegaron por medios fraudulentos, otros se presentaron ante los postuladores luciendo hermosa piel de oveja, ocultando que pertenecen a la estirpe de los lobos. Lo anterior, aunque menos grave, también es válido para los jueces. Confío que, hasta aquí, esté de acuerdo conmigo.

Si nuestro andamiaje legal es malo y las personas a cargo de administrarlo incluyen a muchos personajes tildados como corruptos, entonces la conclusión inmediata es que debemos cambiarlo. Decirlo es fácil, pero hacerlo no. Confío que también en eso esté de acuerdo conmigo.

Entonces el asunto es ¿cómo cambiarlo? ¿Es posible hacerlo dentro de la legislación actual? ¿Cómo iniciar un proceso legal en contra de Gloria Porras, magistrada de la CC o de Leopoldo Guerra, registrador de ciudadanos? ¿En general, podemos presentar una demanda ante quienes queremos demandar o quienes los protegen? ¿O hacerlo es ingenuo?

Pienso que no podemos construir un país teniendo como base la candidez. Pero aquí ya no tengo la certeza de que haya acuerdo, habrá quienes digan que sí. Es en este punto donde surge la controversia, donde se separan los caminos. Uno de ellos es el respeto a la ley y al orden establecidos, al debido proceso… Al otro camino dedicaré las siguientes líneas.

Quiero ayudarme con un ejemplo: Un sector de la población educada piensa que la mayoría de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emite fallos fuera de ley. Seguir el debido proceso significa acudir a los tribunales y plantear acciones judiciales contra esas personas. Si tales acciones progresaran en las diferentes instancias de un penoso recorrido, al final habría un dictamen de la misma CC eximiéndose ─como ya sucedió.

En mi visión, es en esta fase es donde entran a jugar quienes entienden el problema y están dispuestos a sacrificios personales para producir el cambio que necesitamos. Para tal menester, en ausencia de una legislación confiable, podría ser necesario el uso de la fuerza. Esta provendría de una revuelta popular o, incluso, de una revolución. Se precisa de personas con liderazgo capaz de conducir a miles de ciudadanos dispuestos a decir ¡basta ya! Debe ser un líder extraordinario, muy fuerte, para vencer la indiferencia de los pobladores.

La parte medular de mi artículo se refiere a la actitud negativa de nuestra población educada. En general, tenemos una fuerte propensión a destruir nacientes liderazgos. Cuando alguien propone algo, no se le responde con otra propuesta, a veces ni siquiera con argumentos. Se le detracta, se le ridiculiza, se le desprestigia. El guatemalteco trabajador, honrado, digno… no gusta de líderes ni de seguir a otros aún estando de acuerdo con ellos.

Si alguno, pienso yo, estuviera determinado a expulsar por la fuerza a los magistrados de la CC, por ejemplo, entonces todos se alborotarían. Argüirían que se deben ir, pero exigirían que fuera dentro del debido proceso, aunque muy pocos conozcan con precisión, el procedimiento a seguir. El resultado será que la CC de mi ejemplo seguirá haciendo lo que se le penque la gana. Porque no se trata de respetar a las instituciones sino de destruir liderazgos. Es como si quisiéramos que nada cambie, que todo siga igual.

La Justicia es el más alto de los valores de una sociedad, el nutriente donde se asienta, la amalgama que favorece la relación entre las personas y el crecimiento y desarrollo de los individuos.

La legislación y las instituciones que administran las leyes y procedimientos necesariamente deben satisfacer tan elevada condición. Cuando se habla de un Estado de Derecho es obligado estar hablando de uno regido por leyes limpias, justas, sensatas… Cuando se dice que se debe seguir el Debido Proceso se debe estar haciendo referencia a un procedimiento previamente establecido, que conduzca a conclusiones y consecuencias de pleno derecho, que hagan honor a la Justicia.

Hay un camino alterno a la sedición, pero me temo que podría pertenecer a Utopía (la isla de Tomás Moro, 1516). Suponga usted que el presidente del Organismo Legislativo o uno de los diputados con mayor liderazgo estuviera convencido de la importancia de limpiar el andamiaje legal de Guatemala y sustituirlo por otro que fuera aceptado por la gran mayoría de ciudadanos, uno del que nos sintiéramos orgullosos y dispuestos a darle nuestro respeto y obediencia.

Este diputado convencería a sus colegas para que el Congreso contratara, a los más conocidos y mejor reputados juristas del país y les pediría reformar todo nuestro andamiaje legal. Deberían rehacerlo todo, a su mejor entender, seleccionando y contratando ellos a quienes habrán de asistirles. Dos estarían a cargo de la legislación penal, otros dos de lo laboral… y así.

Al finalizar su trabajo, estos profesionales, autoridades indiscutibles en esos temas, lo presentarían al Congreso para su paulatina incorporación al sistema legal del país. Posteriormente, los mismos juristas prepararían, con la ayuda de profesionales de otras disciplinas, las enmiendas que pueda necesitar la actual Constitución. Serían ellos los encargados de defender ante otros abogados, la prensa y otras organizaciones, las reformas que propongan.

¿Será el presidente Allan Rodríguez o cualquiera de los 159 colegas suyos en el Congreso ese líder que ofrezca crear el sistema legal de Guatemala? Quisiera pensar que sí pero no lo creo. Sería demasiado bueno para ser cierto.

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