Pedro Pérez y los políticos

Por: Publio del Valle

Pedro Pérez es una persona como otros guatemaltecos que sufrel el actuar de los políticos que ejercen el poder del Estado. Una manera como Pedro Pérez se consuela, por lo menos temporalmente, es investigando sobre los motivos, los fines, los intereses y las ambiciones de esos políticos. También, investigando sobre el origen de ellos y el modo como llegan a tener poder.

Uno de los propósitos de él, Pedro Pérez, es que haya un Gobierno que realmente sirva a los ciudadanos; y que el Presidente, el Vicepresidente, los diputados y los alcaldes cumplan las funciones que la ley les adjudica. Cuando son candidatos propuestos por los partidos políticos prometen, si son electos, luchar por el bien del pueblo y para ello presentan programas que intentan ganar la voluntad de la gente.

Pedro Pérez ha examinado la Constitución de la Republica de Guatemala, y varias leyes ordinarias; y con base en ese examen expone consideraciones como las siguientes.

1. No se puede opinar sobre los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, porque no suele tenerse información suficiente sobre planes de trabajo, recursos para ejecutarlos y tiempo de ejecución.  Tampoco suele tenerse información sobre los antecedentes de los candidatos, su participación en el desarrollo nacional y sus principios morales.

2. Hay buenos candidatos para la Presidencia y la Vicepresidencia, por los cuales deberían votar los ciudadanos. Ese voto sería valioso, porque serían electos aquellos que realmente trabajarían por el bien de Guatemala.

3. En los municipios, los candidatos a las alcaldías deben ser conocidos, e inspirar confianza en que harán buenas cosas por la comunidad municipal. El voto por esos candidatos sería valioso.

4. Sobre los diputados, hay que considerar las normas de la Constitución Política, en cuestiones que conciernen a su elección, su conducta y sus funciones, y requisitos legales y morales tácitos. El ciudadano incluso debería tener conocimiento de la conducta pasada del candidato y de lo que ha hecho por el distrito que quiere representar, o lo que ha hecho por todo el país, en el caso de los diputados que quieren representar a toda la nación.

Se supone que los diputados deben ser personas dignas, honorables, que tienen valores morales, y cuya conducta es la que se espera de un representante de la comunidad que tiene la misión de aprobar leyes socialmente beneficiosas.

Ellos, los diputados, son dignatarios, o personas investidas de la dignidad que consiste en representar a los ciudadanos en el cumplimiento de una tarea que tiene suma importancia, que es decretar las leyes ordinarias por las cuales tienen que regirse todos los ciudadanos.

Son dignatarios; pero, por supuesto, no pueden infringir la ley. Como dice el Artículo 152 de la Constitución Política, “ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse” el ejercicio del poder público, el cual “proviene del pueblo.” Además, como dice el Artículo 153, “el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la Republica.”

Hay que citar también el Artículo 155, que advierte que, “cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.”

El artículo 161 otorga prerrogativas a los diputados, una de la cuales es “irresponsabilidad por sus opiniones,  por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.” Sin embargo, las prerrogativas tienen un límite; pues, por ejemplo, “no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República.”

Esa irresponsabilidad de los diputados por sus opiniones no es irresponsabilidad en cualquier caso, sino en el caso de asuntos públicos tratados en las sesiones del Congreso de la República. Son opiniones que pueden dar, por ejemplo, en el proceso de propuesta, discusión y aprobación de una ley; en la deliberación sobre asuntos públicos o en la interpelación de funcionarios públicos, como los ministros de Estado. No es irresponsabilidad en el caso de asuntos privados, o cuando no se está en una sesión del congreso, o cuando se opina por medio de órganos de comunicación masiva. La ley garantiza la libre expresión del pensamiento;  los diputados no pueden ampararse en esa ley para opinar irresponsablemente en cualquier caso. En otros términos, la irresponsabilidad de los diputados por sus opiniones no es absoluta.

Además, el diputado tiene la obligación moral de actuar por sí mismo y no depender de un partido político, porque fue electo por los ciudadanos; pues sucede que el partido propone su candidatura, no para que sea diputado del partido, sino diputado que representa a un distrito electoral, o a toda la república en el caso de los diputados electos por la llamada “lista nacional”. Por ser electos por los ciudadanos, deben velar por los intereses del pueblo y no por los intereses de algún partido político.

5. Los actuales diputados violan la Constitución Política de la República, porque no representan dignamente a la población, sino que están velando por intereses políticos de sus partidos y por sus intereses personales, y no cumplen con la obligación de legislar por los intereses de la población guatemalteca.

6. Tiene que haber, por mandato constitucional, un ejercicio independiente de los poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo; pero, de hecho, hay subordinación de poderes. Y así, observamos que el poder legislativo, ejercido por el Congreso de la República, se subordina al poder ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República. Hasta podemos hablar de usurpación de poderes; pero usurpación permitida, porque quienes ejercen esos poderes se benefician de ella. Entonces pierde sentido el Estado republicano; pues es propio de él el ejercicio independiente de los poderes del Estado.

Pedro Pérez está preocupado por todas esas cuestiones; y sabe que una mera preocupación es inútil. Sin embargo, puede volverse útil, cuando es el comienzo de algo más.

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