La debilidad institucional, una enfermedad presente en Guatemala

Barataria

La fortaleza del Estado de Derecho descansa en la fortaleza de sus instituciones.  Una institucionalidad fuerte permite una aplicación normativa igualmente fuerte que no deja lugar al manoseo de los políticos.  Desde el inicio de la era democrática muchos fueron los gobernantes a quienes les ganó el deseo de establecer, por las buenas o por las malas, un control total de la institucionalidad del país.  Desde Serrano Elías, quien provocó un autogolpe disolviendo los poderes judicial y legislativo para controlar toda la institucionalidad del país y que no lo logró, porque los poderes facticos del país, en aquel momento no se alinearon, lo que provocó que le defenestraran aunque a toda la población se le dijo que había renunciado, ya lo demás es historia, muchos que ahora se llaman héroes de aquel momento, en realidad fueron unos burdos golpistas tanto o igual que el defenestrado Serrano Elías.

Desde luego, otros gobernantes estuvieron buscando una cooptación de las instituciones, iniciando la construcción de una maquinaria que funcionó de manera solapada “a compadre hablado”.  Y entonces todo lo vivido de la democracia después del autogolpe de Serrano Elías, fue de la siguiente manera:  Un candidato presidencial ganaba la presidencia y, quien llegaba a la segunda vuelta, “le tocaba” y la maquinaria electoral, azuzada por los poderes fácticos (entiéndase CACIF, crimen organizado, corruptores del Estado, entre otros) se planteaba la elección tal y como se fue dando, así desfilaron desde Arzú, hasta Otto Pérez Molina los presidentes que, en complicidad con los poderes facticos, controlaron las instituciones a ciencia y paciencia del pueblo que, muchas veces ni se dio por enterado.

De hecho, no es que la institucionalidad no estuviera minada, controlada o cooptada, lo que pasa es que todo estaba alineado para que muchos se enriquecieran, como finalmente lo hicieron muchos a costa de contratos y ahora son los “nuevos ricos” en Guatemala.  Así, todos felices, un gobernante y su séquito saqueaba las arcas nacionales y quien entraba, como iba a hacer exactamente lo mismo, no perseguiría a los anteriores y todos en paz, la democracia y la institucionalidad entre tumbos iba y todo estaba dentro de “lo normal”, no había casos de corrupción aparentemente pero en realidad la corrupción estaba en la sobrevaloración de los contratos pero el dinero fluía y fluía sin mas a bolsillos de terceros.

Fue a partir del final abrupto del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuando la intervención de la CICIG, provocó un quiebre constitucional promoviendo primero la renuncia de la vicepresidenta y luego la obligada renuncia del presidente constitucional, bajo el pretexto de una lucha contra la corrupción, que engaño a todos, en realidad la CICIG de Iván Velásquez tenía claro un objetivo: Promover un proyecto político para que la izquierda, que nunca había hecho nada en Guatemala y no lo hará con el actual gobierno del señor Arévalo, pudiera conquistar el poder. Así empezó el punto de quiebre de dos grandes sectores guatemaltecos, los que ya habían mantenido el poder por años, desde 1986 y el grupo que había estado recibiendo migajas de los gobernantes de turno y muchos de ellos se habían enriquecido con la “negociación de la paz”, pero no todos, igual se hizo un uso indebido de los fondos que fluyeron luego de los acuerdos de paz.  Ya habrá tiempo para hablar lo que los acuerdos de paz significaron para Guatemala. En esencia, el proyecto político de la CICIG de Iván Velásquez consistió en torcer el brazo a la entonces Fiscal General Thelma Aldana.  para luego ofrecerle ser la candidata presidencial; doblegar a los entonces magistrados de la Corte de Constitucionalidad los cuales, con la gran cola que les podían machucar se subieron al carro y luego de un Congreso dominado por el UNE, que se “tendió como alfombra” a los caprichos de la CICIG para hacer reformas casuísticas que luego cobraron factura hasta el día de hoy, así procedieron a modificar bajo la “asesoría de la CICIG” la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Ministerio Público, leyes que hoy son un dolor de cabeza para el señor Arévalo que bien haría en preguntar a sus geniales asesores cómo salir de un entuerto que ellos mismos provocaron cuando, con la CICIG manosearon estas leyes.  Con esas reformas no puede remover a la Fiscal General y ahora, no se puede desempeñar la presidencia alternativa del Tribunal Supremo Electoral porque el texto indica claramente que deberá ser desempeñada por Magistrados Titulares, o sea que los Magistrados Suplentes no entran en la ecuación.  Pero, como la CICIG y Velásquez tenían claro que llegarían al poder con los dados ya lanzados, no había pierde.

Sin embargo, es aquí que se da el punto de quiebre, el gobierno de Jimmy Morales dispone que Guatemala no renueve el mandato de la CICIG y entonces Iván Velásquez sale del país, las luchas internas sobre el poder, luchas propias de arribistas, que se dan en el seno de los que ahora pretenden llegar al poder, sin el apoyo de la extinta CICIG termina una lucha entre la creación del partido Semilla y quien termina pagando los elotes que no se comió es Nineth Montenegro y Encuentro por Guatemala porque no le dio cabida a la señora Aldana para ser la candidata presidencial.  Así, Semilla surge como un proyecto político “robándole” protagonismo, afiliados y quien sabe si no otras cosas a Encuentro por Guatemala, que siempre se había mantenido en la escena política porque Nineth siempre ganaba una diputación pero que, para sorpresa de todos, ahora no gana.

Lo que para muchos pareció una descarada cooptación de las instituciones por parte, primero de la CICIG y luego por Morales y Giammattei, en realidad era algo que siempre se dio, pero de manera solapada, así durante el gobierno del señor Giammattei, vimos de manera más descarada la debilitación de institucionalidad cuando aquella no se podría cooptar. Vimos como una Corte Suprema de Justicia, permaneció más del tiempo constitucional, vimos cómo se procedió a la elección de Fiscal General, de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y como, de alguna manera más instituciones se han sumado a esta debilidad institucional. 

El caballo de batalla ahora es una suerte de lucha ideológica, lo cual es un chiste, porque en Guatemala los partidos políticos no tienen norte ideológico, son lo mismo, es decir arribistas del poder, empresas electorales, corruptores y corruptos, les interesa llegar al poder para enriquecerse. Los partidos políticos no son de derecha ni de izquierda, los partidos políticos utilizan la ideología como una forma de querer distanciarse unos de otros y polarizar a los incautos, pero en realidad cuando han llegado al poder son exactamente lo mismo. Así, ahora tenemos un gobierno supuestamente de derecha, pero en realidad “amaga con la izquierda, pero patea con la derecha”, sus acciones no le han distinguido de los anteriores gobiernos supuestamente de derecha.

Al final, luego de todo el repaso histórico que se hace, lo cierto es que estamos viviendo en Guatemala un proceso de degradación de la fortaleza institucional, las instituciones están debilitadas, hay una gran influencia externa y la tentación de que el gobernante o los poderes facticos quieran cooptar las instituciones es cada vez mayor.  Esta enfermedad está dejando a Guatemala sin funcionalidad.  En efecto, el Estado de Derecho en cualquier país es funcional, las normas jurídicas, es decir la ley, no es más que hojas de papel, cuando las instituciones no funcionan, porque es a traves de las instituciones que la ley se materializa, se realiza y se aplica.  Cuando estamos en un Estado como el guatemalteco, que tiene serios problemas de debilidad institucional, se plantea el problema de que todos los actos serán indefectiblemente discrecionales y, si la Corte de Constitucionalidad, es una institución cooptada, ya veremos como termina el país. 

Ahora mismo, hay dos instituciones, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, cuyas modificaciones casuísticas a sus respectivas leyes han causado graves problemas a su institucionalidad. Por ello, es necesario que, para preservar la democracia se plantee un pacto nacional en el cual se busque redefinir las instituciones porque de seguir así, no nos va a extrañar cuando un gobernante, alineado con los poderes facticos, termine siendo un Daniel Ortega o un Nicolás Maduro, porque la debilidad institucional es tal, que cederán ante cualquiera que ocupe el gobierno y quiera controlar absolutamente todo.

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