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Cooperación para el combate al narcotráfico

Punto De Vista

Existe un acuerdo generalizado que la crisis causada por COVID-19, ha impactado en los ámbitos económico y social.

La débil respuesta ante la pandemia, genera una oportunidad para que grupos ilegales desarrollen un margen de acción más amplio, al operar con mayor libertad en aquellos territorios donde la presencia del Estado es frágil o está ausente. En algunos países, como es el caso de México, los carteles han optado por otorgar ayuda a las comunidades afectadas por la crisis sanitaria y económica. Es a todas luces, un tipo de poder alternativo, que desafía y suplanta al Estado.  

En ese sentido, el cierre parcial o total de las fronteras no es problema para el tráfico ilícito de drogas. Las fronteras se esquivan por encima o por debajo: túneles, drones, aviones ultra-livianos, jets, sumergibles y tantos otros recursos que están a disposición. El dinero no es obstáculo, la imaginación es ilimitada.

El reciente Informe Mundial de Drogas 2020, contiene un apartado respecto a las políticas internacionales para el combate al narcotráfico, señalando que los mercados mundiales tienden a ser extremadamente resistentes a los intentos de resolver el problema, si dicho combate se realiza unilateralmente.

Uno de los enfoques clave para abordar la naturaleza transnacional del problema de las drogas, ha sido el fortalecimiento de la cooperación internacional. Dicha cooperación puede tomar muchas formas: desarrollo de normas y directrices que promuevan mejores prácticas en los campos de reducción de la demanda, reducción de la oferta y la creación de capacidades que fortalezcan a las instituciones de los países encargadas de contrarrestar el problema.

Dentro de la cooperación global, el intercambio de información e inteligencia, probablemente la más común forma de cooperación, se realiza en el contexto de reuniones internacionales, comunicación directa, intercambio a través de INTERPOL, seguido del intercambio de información a través de enlaces oficiales, organizaciones regionales, canales diplomáticos, etc.  Sin embargo, el problema está en que a nivel internacional, no se recopila información para evaluar la calidad real o la efectividad de tales actividades.

Otra forma de cooperación entre los países, son las operaciones conjuntas transfronterizas. Los datos muestran que el 35% de los 196 países evaluados en el Informe, se involucraron en operaciones transfronterizas durante el período 2010-2018, aunque, la participación de las fuerzas de seguridad disminuyó ligeramente en el período 2017–2018. Se especula que entre las múltiples causas de dicha disminución, se encuentran: procedimientos formales lentos, falta de acuerdos que permitan una efectiva cooperación operativa, incapacidad para identificar contrapartes apropiadas, problemas relacionados con la falta de un lenguaje común practicado y entendido por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otras.

Para el caso de la cooperación técnica internacional, cobra vida en forma de capacitación, provisión de software, asistencia financiera o asistencia en el intercambio de datos. El número de países que reciben cooperación técnica, parece haber aumentado ligeramente durante el período 2010–2018, mientras que el número de países que proporciona dicha asistencia, se ha mantenido bastante estable. La mayor parte de la asistencia técnica prestada a otros países, está centrada en el área de reducción de la oferta de drogas.

Un tema interesante es la asistencia al desarrollo, los países donantes informan al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, sobre las áreas en las que se han comprometido a proporcionar fondos. La mayor asistencia para el control de drogas es proporcionada a las Américas y Asia. Sin embargo, Asia se convirtió en la principal región receptora de fondos para el período 2010-2017 (48% de la ayuda total mundial), seguido de las Américas (23% del total). La asistencia a esas regiones, refleja la concentración de la producción de cocaína y tráfico en las Américas y la producción y tráfico de opio en Asia. La mayoría de los fondos provienen de Estados Unidos y la Unión Europea, los mayores consumidores de drogas.

Si bien el vínculo entre el gasto en el control de drogas de los países donantes y los resultados en términos de éxitos en la incautación no está del todo claro y los intentos para proporcionar una explicación siguen siendo altamente especulativos, lo cierto es, que el combate al tráfico de drogas es una responsabilidad compartida que exige un enfoque regional o internacional acordado entre los países de origen, tránsito y destino, para lo cual se necesita crear capacidades, fortalecer a las instituciones responsables de combatir el problema y sobre todo mejorar la calidad de los datos e inteligencia, de tal manera que las operaciones no sean fallidas.

No es ninguna novedad, que los carteles del narcotráfico han utilizado el territorio guatemalteco para el trasiego de grandes cantidades de drogas. Sin duda, esto conlleva la necesidad de buscar herramientas que permitan el desarrollo de capacidades organizacionales, combinando medios y formas de realizar en conjunto las tareas bajo condiciones y normas específicas, de manera de reducir drásticamente el acceso de los grupos narcotraficantes al territorio guatemalteco. Pero sobre todo, hace falta una gran voluntad política, claridad en la misión de las instituciones sin que se produzca un cruce de funciones, sumado a una estrecha coordinación y cooperación con países vecinos. De no lograr lo anterior, los jets continuarán perdiéndose en el horizonte.

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Grisel Capó

Candidata al doctorado de Liderazgo Organizacional de la Universidad San Pablo de Guatemala. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar. Pos- Grado en Estrategia Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales de Uruguay y egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, Estados Unidos. Diplomado en Antropología de las ciudades por la Universidad Rafael Landívar y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, entre otros cursos.

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