Reforma y Modernización

2 de enero de 2025 Eridania Bidó Fernández El Siglo Guatemala, Luis Abinader, Reforma y modernización, República Dominicana

¿Cuál sería el costo político del Partido Revolucionario Moderno de eliminar entes y órganos del Estado en la República Dominicana?

A través de la Ley No. 149-21 se crea en la República Dominicana el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo objetivo fundamental radica en, mejorar el funcionamiento del Estado, modernizar sus estructuras, sus procesos y recursos humanos, para garantizar una administración pública más eficiente, ética, transparente y orientada a responder de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía. En este aspecto, la reforma se presenta como una necesidad inminente para responder a los retos de un entorno cada vez más complejo, globalizado y que demanda de servicios públicos de calidad. Sin embargo, estos procesos no son nuevos, ya que la República Dominicana en busca de una administración pública más eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, desde la década del 90, emprendió un ambicioso proceso de reforma institucional, ello a partir de diagnósticos realizados no solo internamente, también por organismos internacionales, los cuales identificaron condiciones que afectaban la capacidad de la administración pública para apoyar al gobierno en el desempeño de sus funciones; destacar que durante el periodo de gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) como parte del proceso de reformas se llevó a cabo el proceso de privatización de empresas estatales las cuales habían sido “una pesada carga financiera para todas las administraciones durante los gobiernos anteriores porque la corrupción y el mal manejo las habían llevado a la bancarrota”, llamándole “capitalización de las empresas estatales”.

Desde entonces, es mucho lo que se hablado del tamaño del Estado en la República Dominicana y de la cantidad de instituciones que existen y del gasto que representan, muchas de ellas ya han agotado su periodo de vida o ya cumplieron el rol para el cual fueron creadas, otras en duplicidad de funciones, pero no solo esto, también su existencia resulta en mayor número de servidores públicos, agrandando la nómina estatal y, por ende, el presupuesto de la nación, del cual el 23.6% se destina al pago de nómina pública.

Se estima que cerca de unos 732,537 empleados se encuentran en la nómina del Estado, distribuidos en los distintos entes y órganos que conforman la macro estructura, en los niveles central, descentralizados y autónomos, representando la nómina pública el mayor gasto del gobierno.

En el nuevo mandato del presidente Luis Abinader (2024-2028), el gobierno dominicano dio a conocer su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios entes y órganos con lo cual se busca ahorrar unos RD$25 mil millones de pesos. De acuerdo con las palabras del propio presidente, no se pretende hacer un gobierno más pequeño, más bien un gobierno más eficiente.

Algunas instituciones serán eliminadas y otras serán fusionadas, esto significa que una parte considerable de sus empleados deberán ser desvinculados, lo que va a tener un impacto en el presupuesto de la nación y en la vida de un grupo de personas, ya que habrá que indemnizarles por los años en servicios a todos aquellos que no puedan ser reubicados o que no reúnan los requisitos para ser jubilados. En ese sentido, se ha cuantificado “el ahorro”, ahora bien, sería bueno conocer el costo de este otro aspecto también, ¿Cuánto representaría la desvinculación de servidores públicos?

Aunque entiendo que este proceso se hará de manera gradual, y se tomará su tiempo, desde ya, hay que ver las repercusiones que a nivel social y político podrían generar y frente a ello, adelantarse y definir estrategias.

El costo político de eliminar instituciones públicas en la República Dominicana puede ser alto, con posibles consecuencias en la popularidad, la gobernabilidad, y las futuras perspectivas electorales del partido de gobierno, sin importar el candidato que resulte para el 2028. El costo político para el partido puede ser significativo, y se puede analizar desde diferentes perspectivas.

Desde la pérdida de confianza y apoyo popular, ya que se generaría un descontento ciudadano, especialmente si esas instituciones brindan servicios que la población considera esenciales. La percepción de que se reducen los servicios públicos o se limitan los derechos ciudadanos puede erosionar la confianza en el partido de gobierno.

Un impacto en la imagen, la eliminación de instituciones suele ser percibida como una medida impopular, y puede llevar a que el partido sea visto como insensible a las necesidades del pueblo, con repercusiones negativas en la imagen del gobierno y en su capacidad de atraer votos en futuras elecciones. No se debe olvidar que el clientelismo es una figura latente en los procesos electorales en nuestro país, con la famosa práctica de voto a cambio de empleo.

Conflictos con los empleados públicos, generando movilizaciones y hasta demandas en los tribunales por vulneración de derechos. La eliminación de instituciones como he indicado, implica el despido o reubicación de empleados públicos, lo que desencadenaría críticas por parte de los partidos de oposición, la sociedad civil, la ciudadanía en sentido general. Esto puede ser un problema para el gobierno, ya que los conflictos laborales son altamente visibles y pueden influir en la opinión pública, generando un escenario que puede ser utilizado para dañar la imagen del gobierno. Con resultados como la pérdida de apoyo por parte de empleados afectados, no obviemos que los trabajadores del Estado y sus familias constituyen un grupo de votantes que puede volverse crítico si sienten que sus empleos están en peligro o que el gobierno no protege sus derechos, moviéndose fácilmente a la acera contrario.

Igualmente, la eliminación de instituciones podría provocar tensiones con partidos aliados o incluso con la oposición, haciendo más difícil la aprobación de otras medidas, reformas o futuras alianzas. Si bien el partido de gobierno cuenta con la mayoría legislativa; no se puede olvidar que muchas de esas alianzas tienen como propósito apoyo a cambio de empleos para sus militantes. De la misma manera, se corre el riesgo de fragmentación a lo interno del propio partido de gobierno, dando la oportunidad a divisiones si algunos sectores consideran que las eliminaciones son medidas que perjudican al partido o va en contra de sus principios.

La eliminación y fusión impactan en la capacidad de gestión y gobernabilidad, afectando la efectividad administrativa, en algunos casos, las instituciones públicas desempeñan funciones esenciales que, si se eliminan, podrían influir en la capacidad del gobierno para implementar sus políticas y programas, dando la impresión de un gobierno menos efectivo y capaz de atender las necesidades del país.

De la misma manera, la eliminación o fusión de instituciones puede dar lugar a vacíos administrativos que compliquen la gestión pública, afectando áreas como la educación y la planificación gubernamental. Esto podría traducirse en críticas por la falta de previsión o la improvisación, resultando en un deterioro de la gobernabilidad. Bien es conocido que los procesos de reformas se realizan de manera paulatina y se toman su tiempo, se entiende que este es un proceso que ha sido bien analizado, teniendo como resultado la propuesta presentada y que ya se viene ejecutando. No obstante, hay sectores tanto en la oposición como a lo interno del gobierno que han fijado su posición al respecto, generando opiniones encontradas, “poniendo en el centro del debate la eficiencia del gasto público y las implicaciones para los empleados afectados”.

Finalmente, entiendo que este proceso tendrá consecuencias electorales a mediano y largo plazo, como:

Perder apoyo en elecciones futuras: esto puede traducirse en una pérdida de votos en futuras elecciones. Los votantes que se vean afectados directa o indirectamente por estas medidas pueden volcarse hacia la oposición o hacia partidos alternativos.
Efecto en la base de apoyo del partido: Las medidas de reducción de instituciones pueden afectar a la base de apoyo del partido, que muchas veces se nutre de empleados públicos, sus familias y quienes se benefician de los servicios que prestan estas instituciones.

La clave para mitigar estos costos radica en una estrategia de comunicación efectiva, transparencia en la toma de decisiones y la implementación de medidas que compensen las posibles consecuencias negativas, como programas de reubicación laboral claros, mejora de servicios o alianzas estratégicas con otros actores políticos y sociales, y en no olvidar que la nación está por encima de los intereses políticos, y que los derechos de los ciudadanos/servidores no deben ser vulnerados.