El desafío por la democracia
Poptun
Hoy, más que nunca, Guatemala se enfrenta a una encrucijada histórica. Después de meses de tensiones y resistencia contra los embates del pacto de corruptos, el país finalmente ha visto la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente. Sin embargo, la lucha por la democracia está lejos de terminar.
Desde hace décadas, el pueblo guatemalteco ha sido testigo de cómo las instituciones democráticas son socavadas por intereses corruptos y poderosos. El intento de evitar la asunción de Arévalo fue solo un capítulo más en esta saga de corrupción y manipulación. Pero, aunque el cambio de gobierno ha traído un respiro momentáneo, el peligro sigue latente.
El pacto de corruptos, esa red clandestina que se entrelaza en las esferas del poder no ha desaparecido. Al contrario, ha mutado y se ha extendido, encontrando nuevos refugios en la Corte de Constitucionalidad. Este órgano, en teoría guardián de la Constitución y los derechos del pueblo, se ha convertido en un instrumento más de la política corrupta, emitiendo sentencias que socavan la democracia y el Estado de Derecho.
La Corte de Constitucionalidad se le olvida su deber sagrado de proteger la Constitución y los derechos fundamentales, porque su deber es interpretar la Constitución de manera imparcial y justa. No puede permitirse que la política y la corrupción dicten sus decisiones.
El riesgo de tener una Corte de Constitucionalidad que no actúa de forma independiente es inmenso. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son inapelables dentro del país, dejando al pueblo desamparado frente a la arbitrariedad y el abuso de poder. La posibilidad de recurrir a instancias internacionales es una opción, pero una que conlleva años de espera y dilación, mientras el tejido democrático se desgasta cada vez más.
Es hora de sentar precedentes. Es hora de que el pueblo guatemalteco exija justicia y democracia verdadera. Sin embargo, en Guatemala la exigencia de justicia se enfrenta a obstáculos significativos cuando las instituciones encargadas de administrarla y encargados de la persecución penal están infiltradas por intereses corruptos. Ante esta realidad desafiante, surgen voces dentro del pueblo guatemalteco y entre los políticos que claman por medidas audaces para restaurar la integridad de las instituciones y el Estado de Derecho.
Una propuesta que gana fuerza es la convocatoria a una consulta popular. Esta consulta sería un instrumento democrático para que el pueblo guatemalteco avale la destitución de la actual fiscal general, quien se ha visto envuelta en acusaciones de liderar el golpe de estado contra el gobierno. Aunque la Constitución otorga al presidente la autoridad para destituir a la fiscal por causa justa, la convocatoria a una consulta popular legitimaría este proceso y garantizaría un respaldo democrático sólido.
Sin embargo, esta consulta no debería limitarse únicamente a la destitución de la fiscal general. También es imperativo considerar la revocatoria del mandato de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuya actuación parcial y politizada ha contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en el país. Estos magistrados, al igual que la fiscal general, deben rendir cuentas por sus acciones y su falta de independencia judicial.
La convocatoria a esta consulta sería un paso crucial hacia la reconstrucción del tejido democrático y la lucha contra la corrupción en Guatemala. El camino hacia la democracia plena es difícil, pero no imposible. Guatemala ha resistido regímenes autoritarios en el pasado y ha emergido más fuerte. Sin embargo, la amenaza de una dictadura latente es real y debemos enfrentarla con valentía y determinación.
Recordemos las lecciones de la historia. Recordemos que la lucha por la democracia es la lucha por un futuro mejor para todos los guatemaltecos. No podemos permitir que el poder corrompa y subvierta nuestros valores más sagrados.
El tiempo de la complacencia ha terminado. Es momento de alzar la voz nuevamente para exigir que se realice una consulta popular, de unirnos en defensa de la democracia y la justicia. Solo así podremos construir una Guatemala donde reine la libertad y la igualdad para todos, donde los derechos del pueblo estén por encima de cualquier interés corrupto o político.
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