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Guatemala al borde del precipicio

Análisis

Los más de tres millones de empleados y funcionarios públicos, juntos, no generan ni producen, para Guatemala.

Hoy se celebra el día de acción de Gracias a Dios. Es una celebración que conmemora y agradece todo lo positivo a nuestro alrededor durante el año. Realmente no hay mucho que podemos agradecer. La enorme incapacidad y estupidez gubernamental en obligar por decreto el confinamiento de la población, sumado a los efectos de la pandemia Covid-19, han cosechado la más grande crisis económica de los últimos cien años.

Guatemala en 2019 crecía económicamente, por debajo de la tasa de inflación. Los únicos indicadores positivos, eran el crecimiento por encima del 10 por ciento de las remesas familiares (que en su mayoría, es causado por el lavado de dinero y el crimen organizado) y la alta tasa de explosión demográfica (bono poblacional) que casi alcanza un cuatro por ciento.

El acabose de ahora es la intención del gobierno de gastar 100 mil millones de quetzales en 2021. Más de 27 por ciento es pago de intereses sobre la deuda pública. Alrededor de un 85 por ciento del presupuesto de cada entidad pública es el pago de pactos colectivos, sueldos, viáticos y prebendas. Más de 3,700 millones del presupuesto de 2021 pasan a manos y entidades privadas (sin prestación de servicio alguno).

En 2014 se estimaba que un 25 por ciento del total de ingresos tributarios se canalizaban a exoneraciones y privilegios para organizaciones no gubernamentales, cooperativas, escuelas, universidades, diplomáticos e iglesias. Ese 25 por ciento en 2021 equivaldría a unos 17 mil millones de quetzales que Guatemala como república dejaría de percibir. El Presupuesto 2021, tiene más de 68 mil millones de quetzales como meta de recaudación. Una recaudación donde el 90 por ciento del total que se recauda es pagado únicamente por alrededor de un 12 por ciento de los contribuyentes.

Si se considera que en el país el sector informal es por arriba del 80 por ciento, esto quiere decir que la totalidad del sector público ni siquiera atiende los servicios esenciales del veinte por ciento que paga todo lo que se contribuye en el país, pero que cobran la totalidad de los cien mil millones de quetzales en 2021. Claro está que con los préstamos y deudas, tanto las presentes como las futuras, el incremento de la inflación y el crecimiento de la masa monetaria, sus efectos y daños son absorbidos y afectan más a la población más vulnerable.

Si por ejemplo, en Guatemala, se cerrara hoy mismo el Ministerio de Educación, Mineduc, casi 19 mil millones de quetzales quedarían libres para que cada uno del millón y pico de estudiantes de primaria y secundaria públicas, pudieran estudiar en la escuela que mejor escojan. Si se sumaran los más de veinte mil quetzales al año que cuesta la Universidad de San Carlos, por estudiante, dichos estudiantes podrían estudiar en cualquier otra universidad del país y hasta sobraría dinero para la compra de útiles y libros. Si se cerrara la SAT, nuestro país ahorraría casi un tres por ciento de todo lo que se recauda, que para 2021 equivale a más de dos mil millones de quetzales.

Por todas estas circunstancias, Guatemala se encuentra al borde del precipicio. Sin chance de poder salvarse. Ni uno solo de los diputados del Congreso, directores de las entidades públicas, ministros, jefes de gobierno, jueces, alcaldes o resto de funcionarios públicos, nos busca salvar o proteger del abismo. Es obvio, es lacerante. Ellos forman parte del problema. Son parásitos, vividores, y aprovechados que, en sus vidas han generado empleos o bienestar dentro de nuestro país. Los más de tres millones de empleados y funcionarios públicos, juntos, no generan ni producen, para Guatemala, ni un solo cartón de huevos, ni un litro de leche,  ni una libra de carne, siquiera.

Ni una sola entidad pública cumple con sus obligaciones. Todas se creen por encima de la ley al quebrantarla sistemáticamente. No atienden los servicios públicos esenciales para los que fueron creadas y contratadas. La PNC solo investiga arriba de un 20% de los delitos denunciados, el MP inicia proceso a menos de un 20 por ciento de las más de medio millón de denuncias presentadas cada año y la masiva impunidad acumulada es por encima del 90 por ciento, el Mineduc tiene maestros que pierden 90 por ciento las pruebas de matemáticas y más de un 40 por ciento las pruebas en idioma español y todas las entidades públicas del país estudian menos de seis meses al año (se les paga durante todo el año para recibir medio año de clases).

Nuestros indicadores lloran sangre y generan pobreza, sufrimiento, muertes y emigraciones de la población. Mientras que, los empleados y funcionarios públicos se vuelven millonarios con el dinero ajeno sin mérito ni logro alguno.

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