Políticas Públicas y Educación

Reflexiones

Conceptualizamos el Estado como “un ente abstracto que regula las relaciones sociales en un territorio determinado”. Cuando nos referimos a la regulación pensamos inmediatamente en leyes, reglamentos y demás instrumentos legales que inciden en la sana convivencia y en una organización social que garantiza y delimita derechos y obligaciones a sus pobladores.

En ese contexto de Estado, los gobiernos son los responsables de administrar la cosa pública para garantizar el bienestar general de la sociedad. Indefectiblemente existen gobiernos que responden a los grupos de interés o coyunturalmente a los grupos de presión, lo que genera el incumplimiento de las agendas respectivas y en consecuencia no forjar el desarrollo social, económico, político, cultural, tecnológico y científico del país.

Ante esos desvíos gubernamentales han surgido las políticas públicas como instrumentos para “enderezar entuertos y desfacer agravios” como diría el gran Cervantes y Saavedra en un sentido coloquial. Por lo tanto, las políticas públicas nacen en el marco del estudio del Estado y la Administración Pública para coadyuvar a solucionar la complejidad manifiesta en la sociedad debido al incumplimiento de los gobiernos, de proporcionar los bienes públicos a la sociedad.

Un bien público al que no se le ha dado la atención debida en Guatemala por parte de los gobiernos es la educación. De conformidad con nuestra Constitución Política y demás leyes ordinarias y reglamentarias, la educación es un derecho inalienable a la persona humana, por lo que los gobiernos deben destinar el presupuesto correspondiente para llevar la educación de calidad con pertinencia intercultural y equidad a todos en el territorio nacional.

Nuestro modelo económico lamentablemente concita el nivel más alto de pobreza y extrema pobreza en América Latina, limitando el acceso a la educación en todos los niveles y reproduciendo el ciclo vergonzoso de miseria, lo que requiere de la intervención del Estado para garantizar el libre acceso al sistema educativo nacional y esta intervención se debe realizar utilizando políticas públicas.

De acuerdo con Francesc Pallares en su artículo “Las políticas públicas: el sistema político en acción” (1988); “las demandas originadas en la sociedad se trasladan, a través de mecanismos-puente como los partidos políticos o los grupos de presión, al ‘núcleo’ del sistema, donde, tras un proceso de conversión a través de las estructuras institucionales, se originan unas políticas públicas de respuesta encaminadas a satisfacer las demandas iniciales”.

Por lo tanto, es imperativo que en el próximo gobierno (2024) en Guatemala se formulen, implementen, ejecuten y evalúen políticas públicas para atender el problema del rezago en educación que sufre el país y que lo limita en su competitividad en el entorno internacional.

En este contexto podemos indicar que hay un beneplácito en el ámbito académico, institucional y de la sociedad civil al consensuar que las políticas públicas son aquellas decisiones que asume el Estado a través del gobierno de turno, para resolver situaciones complejas que afectan a grupos poblacionales focalizados o a la sociedad en su conjunto como en el caso de la educación como bien común. Es decir, las políticas públicas constituyen una respuesta por parte del Estado a problemas que son de su competencia de acuerdo a la ley.

En ese orden de ideas las políticas educativas marcan las principales líneas de acción que amparan el sistema educativo nacional, por lo que tienen significancia en el proceso pedagógico-administrativo en el marco del modelo de gestión de los subsistemas escolar y extraescolar.

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