¿La justicia no importa?
Poptun
La cantidad irrisoria de recursos económicos asignados al poder judicial dentro del presupuesto del próximo año, concluyentemente perturba “el funcionamiento jurisdiccional y administrativo del Organismo Judicial”.
La aprobación apresurada del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021, por parte del Congreso de la República, provocó indignación generalizada en la ciudadanía que desembocó en la protesta del sábado 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución y en la sede del Palacio Legislativo.
Se denunciaba que el presupuesto contiene recortes que desmontan programas de subsidios dirigidos a combatir la desnutrición crónica de la niñez guatemalteca y proyectos de apoyo para grupos vulnerables, y en su lugar, se prioriza la inversión en materia de infraestructura. Sin embargo, nada se reclamó sobre la reducción de casi el 50% del presupuesto asignado al Organismo Judicial (OJ) para el próximo año.
El OJ es uno de los tres poderes del Estado, que posee el mismo rango legal que el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo. La función del OJ es la de administrar justicia y promover la ejecución de lo juzgado, que garantizan el sostenimiento del orden en la sociedad y aseguran el bienestar común. El poder judicial posee constitucionalmente la garantía esencial de independencia económica y funcional, con el propósito de evitar interferencias que menoscaben su independencia.
En la práctica, el OJ carece de autonomía económica, a causa que anualmente debe formular un anteproyecto de presupuesto en atención a sus necesidades para el año fiscal correspondiente, que el Congreso de la República aprobará o bien recortará, tal y como sucedió en el reciente presupuesto aprobado.
En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para el año 2021, sancionado a través del Decreto 33-2020 por el Congreso de la República, se le asignó al OJ la cantidad de Q 1,783 millones, que le representa una disminución de casi el 50% del monto requerido por ese Organismo de Estado, luego que se le redujo la cantidad de Q 1,462 millones del monto solicitado en su anteproyecto de presupuesto.
La Constitución, ordena que el poder judicial reciba “una cantidad no menor del 2% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente”.
La asignación presupuestaria que la Constitución le asigna al OJ, es de los porcentajes más bajos que se adjudican al poder judicial entre los países de la región. A nivel nacional el panorama no es muy distinto, puesto que presupuestariamente se prioriza al deporte por encima de la administración de justicia. El deporte nacional recibe un presupuesto mayor que el poder judicial, ya que el monto que se le asigna constitucionalmente no puede ser menor al 3% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.
El monto que la Constitución le asigna al OJ, desdeña el valor esencial de la justicia dentro de la sociedad. Pero la indiferencia de la población guatemalteca ante este absurdo, especialmente ahora ante el anuncio de la reducción del gasto del OJ para el año 2021 -que no constituyó parte de las demandas de la protesta- es extraña y produce asombro, por tanto que no demuestra apoyo a la justicia, sino que inversamente emite el mensaje que la justicia no importa.
La asignación presupuestaria constitucional y la cantidad fijada por el Congreso para el año 2021, sólo deteriora la relevancia de la administración de justicia, la cual posee una funcionalidad social. La justicia es una de las instituciones clave para el desarrollo de la sociedad, porque ofrece calidad de vida a los ciudadanos, al mantener la tranquilidad colectiva al encargarse de la resolución de la conflictividad social, que constituye una precondición para la inversión privada nacional e internacional que representan un avance económico.
La cantidad irrisoria de recursos económicos asignados al poder judicial dentro del presupuesto del próximo año, concluyentemente perturba “el funcionamiento jurisdiccional y administrativo del Organismo Judicial” al obstaculizar el mejoramiento permanente organizacional, tecnológico y de recursos materiales y humanos, que redundan en la vulneración del derecho de acceso a la justicia y provoca el incremento de la mora judicial.
Es imperioso emitir el mensaje que la justicia es importante. La escasa inversión del Estado en el poder judicial, merece una atención prioritaria y urgente por parte de la población guatemalteca con el fin que se apoye a la justicia y se exija el incremento presupuestario. Recursos económicos acordes a la función primordial que desarrolla el OJ, promueven la mejora práctica de la administración de justicia, fortaleciendo la función jurisdiccional y la protección efectiva de los derechos humanos, a causa que existe una estrecha relación entre la calidad de la justicia y la cantidad de recursos económicos concedidos.
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