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Sobre la propuesta de reforma a la Corte de Constitucionalidad

#Evolución

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Recientemente se conoció que en el congreso circula una iniciativa de reforma constitucional cuyo objetivo presuntamente sería eliminar la figura de la Corte de Constitucionalidad y crear una cámara dentro de la Corte de Suprema de Justicia que conozca los procesos en materia constitucional. Al parecer, hay esfuerzos dentro del congreso para lograr un respaldo sustancialmente mayor que el de los diez diputados que se necesitan para promover una reforma constitucional. Lógicamente, una propuesta de reforma constitucional de esta naturaleza deberá eventualmente ser aprobada por dos terceras partes del total de diputados y posteriormente ser aprobada en consulta popular. Así, esta idea incipiente aún tiene un largo camino por recorrer previo a materializarse en definitiva, pero en todo caso deberemos permanecer vigilantes.

Este vendría a ser el segundo intento reciente de reformar la constitución en cuanto al sector justicia. En 2017 se impulsó un proyecto de reforma que no se concretizó, en parte debido a la intransigencia de sus promotores que estuvieron renuentes a aceptar críticas o propuestas de mejora a un modelo que representaba un riesgo de concentración de poder peligrosa; y por otro lado debido a la resistencia de una clase política impresentable sin disposición alguna de llevar cabo una discusión seria sobre el tema. En esta oportunidad, con una propuesta enfocada específicamente en la Corte de Constitucionalidad, resulta evidente que la motivación detrás de la iniciativa es absolutamente de índole político, característica de la típica política reactiva guatemalteca cuya solución a todo es promover reformas legislativas para atacar los síntomas, ignorando por completo las causas reales que dan origen a los efectos que se quieren evitar o sustituir.

La actual Corte de Constitucionalidad ha dado más que abundantes razones para destruir su credibilidad. Independientemente de si se está o no de acuerdo con sus políticas y decisiones, la corte ha traspasado los poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, ha transgredido sus funciones constitucionales y ha vulnerado el debido proceso en materia constitucional. Otras cortes anteriores tampoco se han quedado atrás. La razón principal se debe al alto grado de politización de la corte, que se origina desde el propio mecanismo de designación de sus miembros, dando como resultado magistrados de poca estatura jurídica y ética incapaces de cumplir con sus funciones de forma apolítica, hasta los abusos de la corte de arrogarse la autoridad para imponer su visión política e ideológica mediante sus fallos incontestables.

Si bien es importante analizar cómo se puede mejorar el funcionamiento del sector justicia en general mediante la implementación de reformas constitucionales, es claro que la actual clase política carece de la solvencia para llevar a cabo esa tarea en este momento. Cualquier discusión sobre el tema que se produzca en el contexto actual no será más que la reacción hepática de políticos de ese jaez, así se tenga claro la larga cadena de abusos y usurpaciones cometidos por la Corte de Constitucionalidad. Por ello he sido insistente en la importancia de que primero se deben llevar a cabo las reformas necesarias al sistema electoral, y una vez logremos una mejora cualitativa en la integración del congreso, debemos seguir con la discusión de las reformas imprescindibles al sector justicia. En términos generales, estas deberían enfocarse en encontrar los mecanismos para que los operadores de justicia no estén supeditados al poder político ni propensos a imponer sus inclinaciones políticas. Ello pasa en buena medida por los mecanismos de designación de magistrados, jueces y fiscales, así como por la temporalidad de sus cargos. Desde luego, se puede revisar si el actual modelo de una corte de constitucionalidad fuera del poder judicial está o no agotado, ya sea mejorándolo o evaluando la viabilidad de integrar una cámara constitucional dentro de la corte suprema, pero en todo caso procurando que el diseño constitucional garantice efectivamente los frenos y contrapesos dentro del poder público, particularmente con miras a que el poder de revisión constitucional opere en garantía de los ciudadanos contra los abusos del poder público y no en función de los intereses políticos de quien lo ostenta.

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